El Supremo rectifica y revisará los indultos del ‘procés’ catalán
La nueva composición de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha reculado al permitir la legitimación de los recursos contra las medidas de gracia del Gobierno.
El cambio en la composición de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, encargado de la revisión de los recursos impuestos contra los indultos del Gobierno socialista por el procés catalán, ha rectificado su postura de enero, al permitir la legitimación de los recurrentes.
El portazo que recibieron los recursos por el procés en enero no selló definitivamente la polémica. El Alto Tribunal ha revocado su desestimación de las impugnaciones que particulares, partidos y asociaciones presentaron contra los indultos a los líderes independentistas. Los magistrados han admitido los recursos presentados contra la decisión de esta sala, de no valorar siquiera las impugnaciones, es decir, la falta de motivaciones legales para justificar los indultos.
En síntesis, esta decisión no significa que los recursos tumbarán los indultos, o que serán admitidos en cualquier parte del proceso, sino que los recursos presentados para destrabar las impugnaciones desestimadas, han sido admitidos, dando pie a que el Tribunal valore si las solicitudes de los recurrentes son admisibles.
Cuando los particulares y las formaciones presentaron sus recursos en primera instancia, el Tribunal dio un rápido plumazo y desestimó su admisibilidad sin siquiera estudiarlos. Ahora la nueva composición de magistrados ha inclinado la balanza, después de que el fallo de enero estuviera a favor, por sólo un voto de diferencia, que los recursos sean desestimados.
Reconfiguración en la sala
La postura inicial ha cambiado a raíz de la jubilación y el cambio de sala de dos de los magistrados. El presidente Segundo Menéndez se jubiló el pasado 15 de abril, y la jueza Ángeles Huet se salió y ahora está en la Sala de Admisión. Con la llegada de dos nuevos magistrados: el progresista Ángel Arozamena y la conservadora Inés Huerta.
El panel cambió de tres progresistas contra dos conservadores, a tres conservadores contra tres progresistas. Ello ha provocado un vuelco en las apreciaciones del Supremo, al menos en esta sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que ahora tiene un perfil menos complaciente a las acciones del Gobierno de Pedro Sánchez.
Cuando se rechazaron los primeros recursos, se trató de una confrontación muy reñida, un voto inclinó la balanza a favor de la inadmisión, tres votos contra dos. El fallo fue adjudicado a la falta de legitimación de los partidos. Los recurrentes son formaciones políticas, pero también figuraron diputados al Congreso de Ciudadanos y del PP, que recurrieron a título particular para sortear la posible inadmisión.
Una decisión “anticipada”
Los políticos interpusieron sus recursos como afectados directos tras la concesión de las medidas de gracia, como lo hizo el exdelegado del Gobierno en Cataluña, Enric Milló.
Los magistrados Fernando Román y Wenceslao Olea, formularon un voto particular en el que advirtieron de que “no es buena la judicialización de la política, pero más peligro ofrece la creación de parcelas de inmunidad de control jurisdiccional que, por principio, están proscritas en nuestro Derecho, y más aún si son conseguidas por la vía de una extremada exigencia de la legitimación de parlamentarios, grupos o partidos políticos”.
Para ambos jueces, la decisión de desestimar los recursos fue “desproporcionada y anticipada”, dada la “gravedad de los delitos cometidos” que ameritaron entonces que los recursos fueran estudiados, de forma pausada e individualizada. “Los representantes públicos no tienen un derecho más amplio a la legitimación, pero tampoco menos”, señalaron. @mundiario
