El Supremo rebaja a un año y un mes de inhabilitación la condena contra Artur Mas

Artur Mas. / RR SS
Artur Mas. / RR SS

El tribunal también equipara la pena a la que impusieron a Francesc Homs por el mismo delito que le imputan a Mas. Asimismo, mantienen las multas impuestas a cada uno: Mas deberá pagar 36.500 euros, a Ortega le corresponderá pagar 36.000 euros y Rigau tendrá que pagar 24.000 euros.

El Supremo rebaja a un año y un mes de inhabilitación la condena contra Artur Mas

El Tribunal Supremo equipara la condena de inhabilitación por desobediencia de Artur Mas a la de Francesc Homs por la consulta del 9-N del 2014. La Sala Segunda ha resuelto los recursos de casación interpuestos por el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas; la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera de Educación Irene Rigau contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ya los había condenado como autores de un delito de desobediencia a las penas de multa e inhabilitación especial.

La sentencia con los argumentos de los magistrados no serán conocidos hasta dentro de un par de días, pero tribunal ha adelantado el fallo este lunes, un día antes de la vista de cuestiones previas del juicio procés que se celebrará este martes en el Supremo.

El tribunal confirmó todos los pronunciamientos de la sentencia impugnada a exepción de la duración de las penas de inhabilitación especial, que ha sido reducida quedando establecida a un año y un mes para Mas, nueve meses para Joana Ortega y seis meses para Irene Rigau. El Supremo catalán les había condenado a dos años de inhabilitación para Mas, a un año y nueve meses para Ortega y un año y seis meses para Rigau. Asimismo, el Supremo sí confirmó las multas impuestas a cada uno por el tribunal calatán. Mas deberá pagar 36.500 euros, a Ortega le corresponderá pagar 36.000 euros y Rigau tendrá que pagar 24.000 euros.

En su recurso ante el Supremo, Mas aseguró que fue juzgado “en su condición de presidente de la Generalitat” por el “desempeño de las funciones de gobierno inherentes” a su cargo, por lo que comprende que ninguna de las actuaciones por las que fue condenado estaban relacionadas con las funciones de un parlamentario u otro cargo electo. En su defensas, los acusados habían pedido una absolución por considerar que la condena vulnera sus derechos constitucionales a la participación, a la libertad ideológica y de expresión. @mundiario

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