El Tribunal Supremo pregunta a la Fiscalía si debe aplicar la ley de amnistía

Carles Puigdemont, líder de Junts. / RR SS.
Carles Puigdemont, líder de Junts. / RR SS.
La Sala Penal pregunta a las partes sobre el alcance de la medida de gracia a los encausados por el procés y Tsunami Democrátic después de que ha sido publicada en el BOE.
El Tribunal Supremo pregunta a la Fiscalía si debe aplicar la ley de amnistía

Este martes, apenas cinco horas después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara la ley de amnistía, marcando su entrada en vigor, el Tribunal Supremo ha iniciado los procedimientos para determinar si aplica la medida de gracia. El magistrado Pablo Llarena, encargado de la causa del procés, emitió una providencia en la que otorga un plazo de cinco días a las partes involucradas para que se pronuncien sobre la aplicabilidad de la ley a los casos de Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira, todos ellos procesados y actualmente fugitivos de la justicia.

Llarena ha solicitado a las partes, incluidas la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox, así como a las defensas, que presenten sus opiniones sobre si la amnistía puede aplicarse a los delitos atribuidos a estos cuatro procesados. Además, ha pedido que se informe sobre la conveniencia de mantener o modificar las medidas cautelares vigentes contra ellos. Por el momento, las órdenes nacionales de detención contra estos procesados siguen activas, según ha comunicado a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Las resoluciones del Supremo reflejan ciertas dudas sobre si los encausados en el procés y en Tsunami Democràtic pueden beneficiarse de la amnistía. Llarena ha subrayado que el artículo 1 de la ley establece los requisitos para exonerar de responsabilidad criminal los delitos en el contexto del proceso independentista catalán, pero excluye aquellos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, según el artículo 2 de la ley.

El juez Llarena recordó que corresponde al poder legislativo establecer los criterios para la amnistía, pero es el poder judicial quien debe identificar a las personas concretas que pueden beneficiarse. En este sentido, las defensas y la Fiscalía deben determinar si la amnistía es aplicable a los delitos específicos atribuidos a los encausados y si las medidas cautelares deben mantenerse o modificarse.

La orden contra Puigdemont se mantiene

La magistrada Susana Polo, instructora del caso Tsunami Democràtic, también ha dado un plazo de diez días a las partes para que presenten sus alegaciones sobre la aplicabilidad de la ley en este caso. El tribunal de la Sala de lo Penal, que juzgó la causa del procés, encabezado por Manuel Marchena, ha solicitado que se pronuncien sobre la aplicación de la ley a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, quienes aún tienen pendiente la pena de inhabilitación.

El juez Llarena ha ordenado que las órdenes de detención continúan vigentes, lo que significa que Puigdemont y los demás procesados no pueden regresar a Cataluña sin riesgo de ser arrestados. Las partes deben evaluar si los hechos atribuidos, como malversación y desobediencia, están comprendidos en la amnistía y si pueden ser excluidos por causar perjuicio financiero a la Unión Europea.

La ley establece que el delito de malversación puede ser amnistiado si los fondos desviados se utilizaron para financiar actos vinculados al procés sin un propósito de enriquecimiento personal. Los fiscales del procés argumentan que el enriquecimiento puede incluir beneficios no solo económicos, lo que podría complicar la aplicación de la amnistía a estos casos.

Evaluación de daños a la UE

Respecto a los intereses financieros de la Unión Europea, los fiscales sostienen que el uso de fondos públicos para un proceso secesionista dentro de un Estado miembro puede afectar negativamente a la UE. Sin embargo, otras fuentes jurídicas consideran que este daño no se materializó, lo que podría excluir esta excepción en la ley de amnistía.

El tribunal también ha pedido un informe sobre Clara Ponsatí, exconsejera que regresó a España tras la eliminación del delito de sedición. En el caso de Tsunami Democràtic, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, también ha dado un plazo de diez días para que las partes se pronuncien sobre la aplicación de la amnistía a los investigados, incluidos Marta Rovira y Josep Lluís Alay, por delitos de terrorismo.

Esta serie de decisiones y pronunciamientos pondrán a prueba la implementación de la ley de amnistía y su impacto en los procesos judiciales vinculados al independentismo catalán.

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