El Supremo investiga si el fiscal general manipuló su móvil durante el registro de su despacho
El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, encargado de la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, ha dictado una providencia en la que ordena al servicio de seguridad de la Fiscalía General del Estado conservar las imágenes de las cámaras de seguridad que apuntan al salón noble del edificio. El requerimiento abarca las grabaciones del pasado 30 de octubre, entre las 18.00 y las 19.45 horas, durante la entrada y registro practicado por la Guardia Civil en la sede de la Fiscalía General.
La decisión del juez responde a un escrito de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada como acusación en el caso. Según esta asociación, un fiscal del Supremo habría observado al fiscal general del Estado junto a su número dos, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, revisando un teléfono móvil mientras la Guardia Civil realizaba las diligencias en el lugar. Este hecho, de confirmarse, sería calificado como “singular” e “insólito”.
“Es inconcebible que la fiscal encargada de un asunto se reúna con un investigado y examinen juntos, sin estar presente el abogado de este último, una prueba crucial del delito, máxime cuando todavía no se ha alzado completamente el secreto de sumario”, dice el escrito de la APIF.
La asociación fiscal detalla que el supuesto encuentro se produjo alrededor de las 19.00 horas en el salón noble de la Fiscalía General, junto a una obra del navegante Juan de la Cosa. Por ello, solicitaron al instructor la preservación de las imágenes y la citación como testigo del fiscal Salvador Viada, quien, según la asociación, habría presenciado el incidente. El juez aún no se ha pronunciado sobre esta última petición.
Fuentes fiscales niegan la existencia de cámaras internas
Mientras tanto, fuentes de la Fiscalía General del Estado han negado la existencia de cámaras en el interior del edificio, afirmando que los dispositivos de seguridad se encuentran exclusivamente en el exterior para controlar los accesos al inmueble, ubicados en el Paseo de la Castellana y la calle Fortuny. Estas mismas fuentes aseguran que las imágenes solicitadas por el juez Hurtado no podrían existir, una afirmación que se trasladará oficialmente al magistrado.
Por su parte, fuentes de la investigación señalan que el teléfono de García Ortiz ya había sido clonado por la Guardia Civil antes del supuesto momento descrito por APIF, por lo que no habría podido manipular pruebas. Sin embargo, la asociación insiste en que la interacción descrita plantea dudas sobre la transparencia y el desarrollo del proceso.
Álvaro García Ortiz está siendo investigado por una supuesta filtración de un correo electrónico enviado a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal. El registro del despacho del fiscal general, realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incluyó la clonación de dispositivos electrónicos como móviles, tabletas y ordenadores. Durante la operación, García Ortiz mostró colaboración con los agentes, mientras que Ángeles Sánchez Conde expresó su disconformidad con las diligencias, considerándolas desproporcionadas, de acuerdo con fuentes que recogió El Mundo.
El caso ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico y político debido a la naturaleza de las acusaciones y la implicación directa de altos cargos de la Fiscalía sobre el origen de las supuestas filtraciones, que la Guardia Civil delimita a dos. La providencia del juez Hurtado para conservar las grabaciones busca esclarecer los hechos denunciados por APIF, mientras la defensa de García Ortiz niega cualquier irregularidad en su actuación.
La resolución de este caso podría tener importantes implicaciones tanto para la Fiscalía General del Estado como para el sistema judicial español, dada la gravedad de los cargos y las acusaciones cruzadas entre las partes. @mundiario