El Supremo confirma que no aplica la amnistía a Puigdemont por malversación

Carles Puigdemont, político. / RR SS.
El juez instructor del procés ha rechazado los recursos interpuestos por el expresidente de la Generalitat y los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig sobre la aplicación de la norma.

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha ratificado su decisión de no aplicar la amnistía a Carles Puigdemont por el delito de malversación de fondos públicos. En una resolución emitida este martes, el magistrado rechazó los recursos de reforma presentados por el expresidente de la Generalitat y los exconsejeros Antoni Comín y Lluis Puig, así como los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Estos recursos impugnaban una resolución previa, dictada el 1 de julio, en la que Llarena determinó que la ley de amnistía aprobada por el Congreso excluía la malversación atribuida a los líderes independentistas del procés.

Llarena argumentó que Puigdemont y los otros acusados "decidieron cargar a los fondos públicos el coste" del referéndum del 1-O, un acto que calificó como “un empeño no solo ilegal y contrario a la Constitución y al Estatut de Catalunya, sino ajeno a sus responsabilidades de Gobierno y a las competencias de la Generalitat”. Según el juez, esta acción no estaba dentro de las competencias del Gobierno catalán ni de las responsabilidades de los acusados.

La negativa del Supremo a conceder la amnistía por malversación es lo que mantiene vigente la orden de detención nacional contra Puigdemont. Aunque el expresidente hizo una breve visita a España en agosto, se retiró rápidamente a Bélgica ante el riesgo de ser arrestado. Esta decisión de Llarena era esperada, pero el recurso de reforma ante el mismo juez del Supremo es un paso obligatorio para que Puigdemont pueda llevar su caso al Tribunal Constitucional.

Puigdemont aún tiene la opción de recurrir en apelación ante la Sala Penal del Supremo. Si este recurso también es rechazado, podrá presentar su caso ante el Tribunal Constitucional, donde ya se están evaluando múltiples recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Entre ellos, destacan los presentados por el Partido Popular (PP), varios de sus líderes autonómicos, y el Gobierno de Castilla-La Mancha. El tribunal de garantías deberá resolver estos recursos antes de abordar cualquier impugnación futura de Puigdemont y otros líderes independentistas.

Enriquecimiento personal

En su resolución, Llarena subraya que la ley de amnistía no se aplica a la malversación cuando se ha actuado con "el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial". El magistrado sostiene que este criterio se cumple en el caso de los líderes del procés, quienes, según su interpretación, se beneficiaron personalmente al desviar fondos públicos para financiar el referéndum. De haberse redactado la ley sin restricciones, la amnistía podría haber beneficiado a Puigdemont y los demás implicados.

La normativa actual contempla la amnistía para los delitos relacionados con el procés, siempre que no haya existido "propósito de enriquecimiento". Los defensores de la ley, incluidos el Gobierno y los partidos independentistas, consideraban que esta redacción protegía a Puigdemont y otros acusados de malversación. Sin embargo, Llarena discrepa y expone que el concepto de "enriquecimiento" incluye cualquier ventaja patrimonial obtenida a costa de fondos públicos, aunque no haya un incremento directo en el patrimonio personal de los acusados.

En sus recursos, Puigdemont, Comín y Puig se apoyaron en el voto particular de la magistrada Ana Ferrer, quien previamente había manifestado su desacuerdo con la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a Oriol Junqueras y otros condenados por malversación. No obstante, Llarena desestimó esta posición, argumentando que la jurisprudencia del Tribunal Supremo no ha tratado de manera diferente a quienes aumentan su patrimonio con fondos públicos y a quienes obtienen cualquier otro beneficio no justificado a costa del erario.

Este fallo del juez Llarena refuerza la posición del Tribunal Supremo respecto a la malversación de fondos públicos y deja a Puigdemont y sus compañeros en una situación legal compleja, mientras esperan la resolución de sus futuros recursos ante instancias superiores. @mundiario