El Supremo de Brasil ordena investigar a nueve funcionarios del Ejecutivo

Michel Temer. / Facebook
Michel Temer. / Facebook

El máximo tribunal brasileño se lleva por delante también a 42 diputados, 29 senadores y tres gobernadores, así como a tres expresidentes, incluidos Dilma Rousseff y Lula da Silva.

El Supremo de Brasil ordena investigar a nueve funcionarios del Ejecutivo

El terremoto político que vivió Brasil el año pasado ha sufrito esta semana una nueva réplica luego de que el Tribunal Supremo Federal (STF, el equivalente al Tribunal Supremo de Justicia) ordenara que se abriera expediente contra nueve ministros del actual Ejecutivo del país, al igual que contra los máximos jefes del Congreso y del Senado e incluso gobernadores de tres Estados distintos. Esta nueva sacudida se lleva por delante los edificios de los grandes partidos, los de izquierda y derecha por igual, y hasta a los viejos tótems de la política del país, como Dilma Rousseff (destituida el año pasado), Lula da Silva, expresidente y padrino político de Rousseff y Fernando Henrique Cardoso. Si bien los tres no figuran entre los nuevos investigados, el historial de esta trama hace pensar que es cuestión de tiempo para que lo sean.

Las peticiones de investigación fueron enfiladas por Edson Fachín, magistrado del Supremo y responsable de este caso, motivado por las confesiones premiadas de los altos mandos de la constructora Odebrecht, a las que han dado el sobrenombre de delação do fim do mundo. Esas revelaciones, que desnudaron ante el mundo como la poderosa empresa brasileña sobornó durante años a los grandes personajes de la política de su país, ya habían hecho a la fiscalía general de la República a exigir que se abrieran nuevamente las investigaciones, por lo que el tribunal federal ha obedecido a aquellas solicitudes.

Esta nueva lista de investigados se ceba directamente con el ya de por sí debilitado y sonrojante Ejecutivo de Michel Temer, que asumió el cargo tras la caída de Rousseff, hundida por los escándalos de corrupción de su partido, el Partido de los Trabajadores (PT), aunque de momento el bálsamo recuperador ha sido igual o peor que la enfermedad. El rotativo O Estado de S. Paulo adelantó la lista de quienes serán sometidos a las investigaciones ordenadas por el Supremo, y en la misma figuran, entre otros, Aloysio Nunes, jefe del despacho de Relaciones Exteriores, pese a que lleva apenas una semana ocupando ese cargo, tal como pasa con Wellington Moreira Franco, titular de la Secretaría General de la Presidencia de la República, también incluido en la lista. El séquito lo complementan los funcionarios responsables de las carteras de Ciencia y Tecnología, Ciudades, Industria, Agricultura e Integración Nacional, aunque sin duda el más sobresaliente es el de la Casa Civil, Eliseu Padilha. En apenas nueve meses como encargado de regir desde Brasilia, Temer ha visto rodar las cabezas de siete de sus ministros, la mayoría propiciadas por casos de corrupción semejantes a los que llevaron a Rousseff ser retirada de su puesto en agosto pasado.

Pero el músculo del Supremo también ha sacado tajada en el Congreso y el Senado, puesto que 42 escaños del primero y 29 del segundo serán investigados junto con los ministros anteriormente citados. El Legislativo repartirá golpes a todos los partidos del espectro. La lista va desde Romero Jucá, jefe del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) -el partido de Temer-, hasta Aécio Neves, cabeza del Partido Social Demócrta Brasileño (PSDB). Y por si fuera poco, también se investigará a los presidentes de las dos cámaras legislativas.

La situación es tal que ni siquiera el principal partido de la oposiciónl, el PT, se salva de esta réplica. Sus dos líderes espirituales, Rousseff y da Silva, quienes mantuvieron en el poder al partido durante 13 años, también serán investigados pese a que no forman parte de la amplia lista adelantada por el diario brasileño mencionado previamente. Como explica El País, ninguno de los expresidentes cuenta con el aforamiento de ley que sí tienen los diputados, senadores y demás funcionarios, por lo que la orden de que sean investigados corresponde a instancias judiciales menores al TSF. Caso similar es el de Cardoso, quien gobernó entre 1995 y 2003 y cuyo nombre fue aprobado por la fiscalía como uno de los potenciales investigados en esta trama.

Respecto a las diligencias que impulsará el Supremo se encuentran nueve miembros de cualquiera de las dos cámaras por el PT, incluidos algunos pesos pesados del mismo, explica El País. Da Silva, aparte, tiene ya varios frentes judiciales abiertos. Dentro de esos frentes hay uno que lo sentará en el banquillo de los acusados el próximo 3 de mayo frente a Sergio Moro, el juez que ha plantado cara a todos los políticos que han caído por esta trama llamada Operación Lava Jato y por tanto el responsable de que toda la clase política del país sudamericano esté en estado de pánico.

Pero la crisis ha llegado también a Fernando Collor de Melo, expresidente del país destituido en 1986 por acusaciones de corrupción de las que posteriormente fue liberado. Collor ocupa actualmente un puesto en el Senado y la Justicia ha vuelto a tocar a su puerta 31 años después.

Temer aguanta estoico las arremetidas judiciales, confiando en la protección legal de la que goza por ser presidente, aunque eso no quiere decir que su nombre se encuentre fuera de sospechas. Algunos exejecutivos de Odebrecht le han incluido en la repeción de dinero negro para patrocinar campañas electorales de su partido cuando era el segundo de Rousseff. No obstante, la Constitución brasileña ampara que ningún presidente puede ser juzgado por actos cometidos previo a tomar posesión de su puesto. No obstante, el Tribunal Superior Electoral (TSE) podría pedir su cabeza luego de que averiguara que la campaña electoral que Temer y Rousseff hicieron de la mano en 2014 fue pagada con dinero negro.

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