El Supremo abre dos causas contra Alvise Pérez: financiación ilegal y una PCR falsa de Illa
El Tribunal Supremo ha abierto dos investigaciones penales contra el eurodiputado Luis Pérez, alias Alvise, por presuntas irregularidades tanto en la financiación de su agrupación política Se Acabó La Fiesta (SALF) como en la difusión de una prueba de covid-19 falsa atribuida al actual president de la Generalitat, Salvador Illa. Las causas han sido admitidas por la Sala Penal del alto tribunal a partir de exposiciones razonadas remitidas por otros órganos judiciales, con indicios de delitos graves que podrían conllevar penas de prisión y afectar al estatus político del parlamentario europeo.
La primera investigación se centra en las sospechas de presunta financiación ilegal del partido que Alvise lideró durante las elecciones europeas de 2024. Según el auto, existen indicios de que el eurodiputado habría recibido una donación de 100.000 euros de parte del empresario Luis Romillo, conocido como Luis Cryptospain, a través de una wallet (monedero virtual) creada para recibir fondos anónimos. Este dinero habría sido utilizado para sufragar la campaña con la que SALF obtuvo más de 800.000 votos y tres eurodiputados.
Romillo, investigado por su presunta implicación en una estafa piramidal con su firma Madeira Invest Club —calificada por la CNMV como un “chiringuito financiero”—, habría buscado a cambio de su aportación una promoción pública de sus plataformas en eventos organizados por SALF, de acuerdo con la exposición razonada admitida por los magistrados del alto tribunal.
Uno de esos actos tuvo lugar en el Hipódromo de La Zarzuela ante unos 3.000 inversores, donde Alvise defendió el modelo de inversión sin tributar que ofrecía Madeira. El magistrado Julián Sánchez Melgar, ex fiscal general del Estado, ha sido designado instructor del caso. Además, el PSOE se ha personado como acusación popular, previo depósito de una fianza de 15.000 euros.
La Sala de Admisión que ha tomado esta decisión está integrada por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferrer, Vicente Magro y Javier Hernández. Según el auto, los hechos investigados podrían constituir delitos tipificados en el artículo 304 bis del Código Penal y el artículo 49 de la LOREG, relativos a la financiación ilegal de partidos políticos. A estos se suman posibles delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental, lo que podría acarrear penas de entre uno y cuatro años de prisión.
La difusión de una PCR falsa de Illa
La segunda causa abierta tiene que ver con la publicación en redes sociales, durante la campaña de las elecciones catalanas de 2021, de una prueba de PCR falsificada que atribuía falsamente un positivo en covid-19 a Salvador Illa, entonces candidato del PSC. La Fiscalía considera que el documento fue “íntegramente confeccionado” por Alvise, con el objetivo de perjudicar electoralmente a Illa. La clínica QuirónSalud, supuestamente emisora de la prueba, desmintió de inmediato su autenticidad y afirmó no haber emitido nunca ese informe.
El juzgado que inició la causa en Barcelona derivó la investigación al Supremo al confirmar indicios de falsedad documental e injurias. El magistrado Javier Hernández ha sido designado como instructor del caso. La conducta del eurodiputado podría encajar en los artículos 395, 208 y 209 del Código Penal, que castigan con hasta dos años de prisión la falsificación de documentos y la difusión pública de injurias con conocimiento de su falsedad.
Sin embargo, el Supremo ha decidido archivar una tercera causa que también pesaba sobre Alvise. En este caso, se investigaba su posible implicación en los disturbios durante las protestas contra la ley de amnistía en noviembre de 2023 frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. El alto tribunal considera que no hay elementos suficientes para abrir un procedimiento penal, ya que la exposición razonada enviada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid no concreta hechos ni pruebas que sustenten su implicación directa.
Con estas decisiones, el Tribunal Supremo inicia un proceso judicial de alta sensibilidad política, dado el perfil del investigado, su reciente acceso al Parlamento Europeo y su vinculación con sectores ultras del espectro político. La evolución de estas causas determinará no solo el futuro judicial de Alvise Pérez, sino también el rumbo de su agrupación, que irrumpió en la escena política con una campaña marcada por el rechazo al sistema y la reivindicación de la “libertad financiera”. La posibilidad de un suplicatorio para levantar su inmunidad parlamentaria ya se vislumbra como uno de los próximos capítulos de este complejo proceso. @mundiario