El Supremo abre una causa contra Borràs por adjudicar contratos a dedo
Laura Borràs será investigada por supuesta adjudicación de contratos a dedo mientras dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo abrió este martes la causa contra la portavoz de Junts per Catalunya porque considera que hay pistas de que habría cometido los delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración y falsedad entre 2013 y 2017, cuando presidió la ILC. El caso está a cargo de Eduardo de Porres. El Supremo asume también la investigación sobre quien se haya llevado los beneficios de los contratos puesto que los hechos que se le atribuyen a ambas partes no pueden ser escindidos, explica El País.
El alto tribunal se hace con la tesis de la Fiscalía, que solicitó que investigara a la experimentada política catalana. De acuerdo al ministerio público existen pistas suficientes para demostrar que, durante la etapa de Borràs como presidenta de la ILC, un organismo anexado a la Generalitat, existió un fraccionamiento ilegal de los contratos de programación informática aprobados y asignados a Isaías Herrero, quien ya había sido colaborador con Borràs en un máster que enseñó en la Universidad de Barcelona (UB). La legisladora dio luz verde a contratos por importes que no pasaban de los 18.000 euros a fin de adjudicarlos de forma directa, saltándose el concurso público. La investigación los tasa en 26.000 euros la cantidad defraudada por la legisladora.
Siguiendo la solicitud de la Fiscalía, el Supremo podría llamar a declarar a Borràs en calidad de investigada. Gracias al aforo de su posición, el tribunal debe primer pedir autorización al Congreso para proceder en su contra, pero usualmente en estos casos los investigados prefieren declarar de forma voluntaria. El tribunal deberá citar también a Herrero como investigado e incluso llamar a testigos si los acusadores o defensores así lo solicitan. Con esas declaraciones y la documentación que se aglomere en la pieza, el instructor tomará la decisión de si los indicios bastan para inculpar oficialmente a la portavoz de Junts per Catalunya. El suplicatorio será preceptivo si esto se confirma.
Herrero, por su parte, ha sido condenado a cinco años de cárcel por tráfico de drogas y falsificación de moneda por la Audiencia de Barcelona. Los magistrados de la sección tercera del juzgado ratifican el acuerdo de conformidad al que llegó Herrero con la Fiscalía, mediante el cual el sentenciado acepta una condena de tres años de cárcel por un delito contra la salud pública, con la atenuante de drogadicción, y dos más por falsificación de moneda, explica El País. @mundiario
