¿Supone la sentencia del 'Prestige' que el que la hace no la paga, si es poderoso?

La convivencia de una sociedad discurre a través de una cadena de confianzas. Muchas de ellas basadas en la credibilidad de nuestra tecnología, en un sentido muy amplio, y en la profesionalidad de quienes hacen funcionar los espacios de convivencia y los medios a través de los que se produce la actividad cotidiana. Otras en que los distintos sistemas de la organización social garanticen la tranquilidad de que los derechos, los legítimos intereses de cada cual y la buena fe en las relaciones interpersonales, van a quedar amparados con la defensa del llamado bien común.

Normalmente, pasamos un puente sin preguntamos si estará bien construido y nos cruzamos con cualquier persona sin pensar que es un delincuente o que, si lo es, no vamos a tener protección contra sus desmanes.

Hace once años se produjo una anomalía importante que movilizó a centenares de miles de personas que reclamábamos medidas para restablecer esa cadena de confianzas, rota en aquella ocasión por el accidente del Prestige y por la gestión que se hizo del mismo. Quebró la confianza en nuestra capacidad para proteger el medio ambiente frente a sucesos graves como aquel. Y se rompió la confianza en el gobierno, que demostró un peligroso despiste, o un cinismo culpable cuando nos contaba lo de los "hilillos de plastilina", quitaba importancia a un hecho grave y sin afrontar el problema quiso deshacerse de él mar adentro, embadurnando de un dañino producto tóxico casi dos mil kilómetros de costa.

La sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña  -y tal vez es lo que gravemente han perdido de vista sus miembros- tenía como principal objetivo restablecer aquella quebrada confianza. Tranquilizar a nuestra sociedad, sabiendo que a las personas, a los profesionales, a las sociedades y a las instituciones se les va a exigir una responsabilidad congruente con el daño que causen o con la torpeza o impericia que demuestren. Y sabiendo que el bien común no va a pagar los vidrios rotos de las imprudencias, impericias y torpezas -e incluso dolos- de unos pocos.

La sensación que tiene hoy la mayoría de la sociedad española, tras la sentencia, se puede resumir en aquel balance lorquiano del poema del Camborio: "aquí pasó lo de siempre, han muerto cuatro romanos y cinco cartagineses". Lo de siempre: el que la hace no la paga, si es poderoso. La enorme desproporción entre la petición de 4.000 millones de indemnización que pedía el fiscal (que supongo que no la hizo sin evaluar los daños relatados en los miles y miles de folios del sumario) y los 11 millones que otorga la Audiencia Provincial de A Coruña nos da una idea de lo desfasada que puede estar la sentencia.

Ya no entro a valorar el tema de las responsabilidades personales, que en la superficialidad del tratamiento que se le dio a aquel descomunal desaguisado, es evidente que tuvo que haberlas. Los hechos son tozudos, y pudimos comprobar que justamente fue sucediendo lo contrario de lo que nuestros gobernantes (y los profesionales que los "orientaban") nos decían que iba a pasar con las medidas que tomaban. Pero que las aseguradoras del barco y de la mercancía transportada paguen tan barato un daño ecológico, laboral y social de aquella magnitud, es algo que perjudica nuestro bien común: curiosamente, esos 4.000 millones que según el fiscal costó al erario público aquella catástrofe no casual coinciden con algunas cifras de los diferentes tipos de recortes sociales que se han barajado estos meses.