Un sueldo universal en España: ¿una fantasía irrealizable?

¿Qué sucedería si a uno que cobre mil euros por trabajar todos los días le ofrecen 650 por no hacer nada, con la posibilidad de dedicarse a otra cosa o hacer chapuzas en la economía sumergida, cosa que ya ocurre ahora?

La propuesta de Podemos de asignar a cualquier ciudadano español o extranjero con residencia legal en España una renta fija mensual de 645 euros al mes es un gancho electoral suficientemente atractivo para que se cuelguen del mismo miles de expectantes vecino que se conformarían con eso, a cambio de no hacer nada. Si a esta promesa añadimos que, aparte de los españoles, todo extranjero con permiso de residencia podrá acceder a este sueldo y que para obtenerlo “Podemos” propone al tiempo eliminar cualquier traba o condición, es fácil concluir el efecto que esto tendría como llamada universal a venirse para España.

Es evidente que en un Estado social y democrático corresponde a las instituciones públicas atender los derechos básicos y asistir a los ciudadanos menos favorecidos, instalados en la pobrera o sus umbrales, mediante los adecuados mecanismos de ayuda y cobertura para asegurarles una vida digna. Pero una renta fija mensual para todos, sin excepciones, parece difícilmente viable. Porque la cuestión sigue siendo la misma: ¿Cómo pagamos eso? Y si además vemos el resto del programa, que incluye el derecho a no pagar los servicios básicos en determinadas circunstancias y otras previsiones semejantes, habrá que ver de dónde saldrá para tanto.

Saldrá de los impuestos y del incremento del IRPF, es decir, esencialmente de la contribución de los que trabajen, especialmente de las clases medias Además esta renta básica universal, tanto para la presidenta del Banco Santander como para el portero de la casa donde viva no va dirigida a incapaces o personas que no pueden, por edad o enfermedad, valerse por sí mismas. Alcanza a todos los moradores del país, españoles y extranjeros, legalmente asentados, "por el mero hecho de serlo".

Las enseñanzas del PER en Andalucía

Y como el genio nacional es conocido: uno que cobre mil euros por trabajar todos los días al que ofrezcan 650 por no hacer nada, con la posibilidad de dedicarse a otra cosa o hacer chapuzas en la economía sumergida, cosa que ya ocurre ahora, la conclusión es evidente. Y tenemos la experiencia del PER, del Plan de Empleo Rural o sus transformaciones que se aplica en las comunidades autónomas de Extremadura y Andalucía. Y más allá de su costo están sus efectos. Hace años, tuve ocasión de recorrer ampliamente estas dos regiones, como profesor de unos cursos del Instituto de Administración Pública (INAP) y de conocer de primera mano, hablando con alcaldes y secretarios, la realidad íntima del PER. Cierto que en algunos lugares funcionó bien, aunque a veces, a los Ayuntamientos les costaba encontrar algo en que ocupar a sus beneficiarios. Algunos pueblos andaluces y extremeños eran los mejor barridos de España.

El Plan de Empleo Rural (PER), su antigua denominación (Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), era un programa de subvenciones a los ayuntamientos de Andalucía y Extremadura rural, establecido por Felipe González en 1984, para facilitar la contratación de jornaleros en paro, facilitarles empleo temporal y el acceso a un subsidio especial de desempleo.

Me contaban alcaldes y secretarios que todo era consciente de que era preciso justificar una ficción. ¿Cómo le voy a dejar que firmar las peonadas mínimas a mis vecinos, aunque no las hayan cubierto?, me decía un alcalde de la Extremadura interior. Y cuando había trabajo de verdad en las faenas del campo, me revelaba uno secretario, la gente no quería ir, a no ser que se les pagase como fuera, pero sin sacarlos del PER, de modo que en muchos pueblos protegidos por este sistema, era y es preciso importar recolectores polacos o marroquíes para las faenas agrícolas. Y todo el mundo lo sabe.

Se suele confundir el PER con el subsidio agrario, que es el paro de los trabajadores acogidos al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS): 420 euros durante seis meses a quien acredite 35 peonadas el año anterior (reducidas a 20 jornadas como medida excepcional aprobada por el gobierno el 27/02/2015), no gane más del salario mínimo y haya pagado el sello agrario (unos 50 euros de media) todo el último año. En Andalucía, cobran 128.100 personas este subsidio, que cada año supone un gasto menor, mientras que el del resto de ayudas al desempleo se ha disparado. En cuanto al PER, se reconoce que se dieron numerosas situaciones de fraude y de voto cautivo en no pocos casos por temor a perder este sistema de ayuda.

La clase media puede desaparecer

Volviendo a la renta básica que propone Podemos no concreta excesivamente de dónde saldrá el dinero para pagarla. Aunque es fácil deducirlo por lo que se adelante "una reforma progresiva del IRPF y la lucha contra el fraude fiscal". Sí, pero ¿cómo? Estos días se disparan los análisis de todo signo, desde quienes sostienen que el Estado unificaría las ayudas, de modo que los que perciben pensiones bajas y otros viáticos pasarían a ser perceptores de la renta general común a quienes estiman que es un proyecto inviable, que no se aplica en lugar alguno del mundo. Si todos los que residen en España, españoles y extranjeros, legalmente establecidos, a fecha de hoy (no se cuenta los que vendrían al desaparecer, insisto, según el programa de Podemos, las condiciones hoy vigente para obtener residencia legal), -además de derecho al voto, hasta ahora vinculado a la ciudadanía-, percibieran el sueldo general propuesto, esa renta supondría un cuarto del PIB, o sea, del orden de los 250.000 millones de euros.

En el plano puramente teórico, de echar números, dotar la partida necesaria para esa rente precisaría, de entrada, una espectacular subida de la recaudación de los impuestos que escapan a Hacienda por la vía del fraude fiscal y que se calcula en unos 80.000 millones anuales. O sea, que aun siendo optimistas, no llega. ¿De dónde salen los otros 150.000 millones? No hay fórmulas milagrosas, recaudando más mediante la subida de impuestos generales y el incremento del IRPF que se dispararía. Por lo que muchos podrían preguntarse si vale la pena trabajar. Además, esa progresión funesta podría hacer estallar el sistema porque la sociedad española no diera para más, teniendo en cuenta que con rentas medias inferiores a las del resto de Europa, ya padecemos una elevada presión fiscal. Y es bien sabido que es la clase media la que proporcional y efectivamente la que soporta la carga fiscal del Estado. Una clase media, por cierto, que está desapareciendo en países como Venezuela, como es fácilmente comprobable.

¿Ha pensado alguien en el efecto sociológico, conocida la picaresca nacional? Estos no son los emiratos árabes. ¿Cabe en la cabeza que nadie pueda cobrar una renta del Estado por no hacer nada?, salvo las prestaciones con que deben atenderse a quiénes necesiten realmente de la ayuda pública? Algunos dicen que al dejar de trabajar uno se crearía empleo para otros.  Y esa cadena se retroalimentaría sin fin. Pero los que dejen de trabajar dejan también de contribuir y pasan a ser perceptores netos del sueldo asegurado.