¿Por qué Suárez no convocó el referéndum república o monarquía?

Un analista tan autorizado como el profesor Torres del Moral, subraya, al analizar la configuración de la Monarquía en la Constitución de 1978, que se tuvo especial cuidado al referirse a la continuidad de la Corona en la dinastía histórica, evitando el uso del adjetivo “legítimo”. Sin duda, algunos constituyentes recordaron vagamente la legitimidad del régimen surgido el 14 de abril de 1931 y el expeditivo modo en que fue abrogado, pero todavía más la sombra de un rey perjuro que en 1923 ignoró su propio juramento de acatamiento a la Constitución entonces vigente, aunque hubiera nacido rey.

En su libro La monarquía parlamentaria española. (Madrid, Tecnos, 1991), pág.14) el profesor Mariano García Canales escribe “Desde las posiciones más intransigentes y contrarias a la opción monárquica, algunos grupos pidieron un referéndum especifico (como había habido en Italia) previo a la elaboración de la Constitución para dilucidar la forma de Jefatura del Estado; esto es, someter a la consideración popular la decisión fundamental entre república y monarquía”. […] Por otra parte, entre los grupos mayoritarios y de más fuente influencia en la Cámara, el Partido Socialista Obrero Español, tuvo una actitud más bien reticente que frontalmente antimonárquica. El mencionado partido, obediente a su tradición histórica, según hicieron ver sus portavoces, hizo gala de su republicanismo, aunque manifestaba al propio tiempo su aceptación del criterio mayoritario y de la decisión, el último término, de la voluntad del pueblo español”.

Suárez aseguró la tranquilidad de la Corona.

El expresidente del Gobierno español, Adolfo Suárez, no convocó un referéndum sobre Monarquía o República durante la Transición porque "sabía que lo perdería". Ya fallecido Suárez, pasaría mucho tiempo hasta que nos enterrásemos de que había hecho esas manifestaciones en una entrevista a Antena 3, que nunca se emitió. La Sexta recuperaría años después un fragmento de aquella entrevista de Victoria Prego, donde Suárez revelaba que se disponían de consultar no reveladas, donde los resultados de la consulta, caso de realizarla, eran desfavorables a la monarquía. Se emitió el 18 de noviembre de 2016. La prudencia de Suárez y el cambio de postura del PSOE fueron decisivos para el respaldo a la monarquía.

El voto republicano de Gómez Llorente del PSOE

Milagros Heredero, cronista parlamentaria durante la Transición, dejó escrita su memoria del modo en que el PSOE defendiera en la comisión constitucional el voto republicano: “No he olvidado ni olvidaré mientras viva aquella tarde en el Congreso de los Diputados cuando Luis Gómez Llorente se puso en pie y con su voz pausada y profesoral defendió la validez y superioridad del gobierno de la República sobre el de la monarquía.  Estábamos en la comisión constitucional presidida por Emilio Attard y se elaboraba el anteproyecto de la Constitución todavía hoy vigente”.

Dijo aquel día Gómez Llorente: “Entendemos que la forma republicana del Estado es más racional y acorde bajo el prisma de los principios democráticos.  Del principio de la soberanía popular se infiere que toda magistratura deriva del mandato popular: que las magistraturas sean fruto de la elección libre, expresa, y por tiempo definido y limitado. […] Las magistraturas vitalicias, y más aún las hereditarias, dificultan el fácil acomodo de las personas que ejercen cargos de esa naturaleza a la voluntad del pueblo en cada momento histórico”

Cuando recordamos la efemérides republicana conviene recordar que la instauración, restauración o reinstauración (que de tal modo se denominó el proceso, según el caso y la ocasión) de la Monarquía en España. tiene una causa originaria que, con toda precisión expresa uno de los personajes que más tuvo que ver, intelectualmente hablando, en este proceso, el ex ministro Laureano López Rodó, quien a tal efecto escribe en su libro “La larga marcha hacia la Monarquía” (Barcelona, Noguer, 1977, página 14.): “El verdadero punto de partida de la larga marcha que había de conducir a la implantación de la Monarquía fue el Alzamiento Nacional del 18 de julio de 1936”.

Se cumplieron las previsiones sucesorias

Todo el proceso de construcción jurídica del franquismo se arma con un doble fin: primero, asegurar aquel régimen en estado puro para su continuidad futura, según las previsiones sucesorias; segundo, modificar adecuadamente aquellas estructuras para consolidar una de sus consecuencias decisivas: que la persona elegida para suceder al general Franco a título de Rey pudiera serlo sin discusión. Y para ello, lo que era permanente e inalterable por su propia naturaleza (los Principios del Movimiento Nacional) se transforman en la medida que fuera necesario.

Desde posiciones monárquica se afirma de la forma de jefatura del Estado o es puramente accidental o está resuelta, dentro de un todo, por el respaldo masivo que los españoles otorgaron a la Constitución de 1978, al ser abrumadoramente refrendada por la nación, incluyendo la Monarquía parlamentaria como eje vertebrador del Estado. Entienden que, con independencia de las crisis de imagen que pueda padecer la Monarquía, debido a episodios no muy afortunados, no trasciende más allá de sus límites y en modo alguno justifica volver a plantearse, ni tan siquiera como debate intelectual, una cuestión que ya quedó resuelta, o “atada o bien atada”, como diría el fundador de lo Monarquía del 18 de julio.

González y Suárez con Juan Carlos I.

El proceso jurídico de la transformación del franquismo en la Monarquía parlamentaria contó con un instrumento especialmente diseñado para evitar que los medios de comunicación y, por lo tanto, el público en general, pudieran discutir en libertad sobre otras alternativas el modo en que se resolvió la conversión realmente curiosa. Es decir, que se pusieron los medios jurídicos impedir que se llevara a cabo la propia alternativa de las fuerzas democráticas y de millones de ciudadanos: un referéndum decisivo que se planteara la alternativa república o monarquía.

La pieza esencial para evitar el debate

Una pieza esencial junto a las sucesivas leyes de la Reforma, fue el Real Decreto-Ley de 1 de abril de 1977 (BOE: 04/12/1977, N ° 87) sobre la Libertad de Expresión, que derogaba el artículo 2 de la Ley de Prensa de Fraga, de 1966, pero que establecía que la Administración podría decretar que el secuestro de gráficos o documentos sonoros que contuvieran noticias, comentarios o información, en contra de la unidad de España, constituyeran demérito o detrimento de la Monarquía o el prestigio de las Fuerzas Armadas. ¿Pero qué era demérito o detrimento de la Monarquía, contar su historia?

Por lo tanto, es evidente que muchos los ciudadanos consideran hoy que no es un tema cerrado por la Constitución de 1978 y reclaman que les permiten dar la respuesta que se hurtó a sus padres con la complicidad o el silencio de los medios, y una Ley de Prensa reformada para evitar que pudiera plantearse el debate de las cuestiones esenciales sobre el futuro de la nación, la articulación del Estado y el papel de las fuerzas armadas, vigilante guardador de la voluntad del dictador.

¿Cómo se expresó esa voluntad de los españoles si no hubo debate previo república o monarquía, sino que la Constitución fue un bloque completo de todo o nada? Y ¿por qué no hubo ese debate que hubiera permitido, como tantos querían, que el pueblo español se expresase libremente sobre una cuestión esencial? No lo hubo porque se pusieron en marcha previamente los mecanismos jurídicos y administrativos para que no lo hubiera.

El temor a que los españoles se manifiesten está tan presente que, y menos en los momentos actuales, nadie se atreve a plantear un proceso de reforma de la Constitución con respecto a la incongruente preferencia del hombre sobre la mujer a la hora de heredar el trono (tal y como se estableció en la Ley de Sucesión del Franquismo), a través de los propios mecanismos previstos en aquélla, porque tal consulta a la nación podría desembocar en consecuencias imprevisibles. @mundiario