Sombras que oscurecen la calidad del sistema democrático español

Manuel Baltar.
Manuel Baltar.

La distinción resulta pertinente: la mentira es un derecho que asiste a un presunto delincuente como herramienta defensiva más no debería ser admitida como normal en la vida política.

Sombras que oscurecen la calidad del sistema democrático español

El archivo provisional de la investigación judicial abierta a Xosé Manuel Baltar por presuntos comportamientos delictivos (abuso sexual y soborno) abre, de nuevo, la polémica respecto a las responsabilidades judiciales y políticas de los representantes públicos. El presidente de la Diputación de Ourense queda, por el momento, eximido de cualquier imputación penal más no puede ocultar la evidencia de unas conversaciones cuya verosimilitud no cuestiona la propia jueza instructora y que no son compatibles con la conducta ética que debería ser exigida a una autoridad de esa categoría institucional.

La interpretación realizada por la jueza resulta determinante de la secuencia de acontecimientos que están teniendo lugar en el escenario político. Si los indicios de delito fueran considerados suficientes por la magistrada, Baltar pediría la baja en el PP –y por tanto dejaría de ser presidente provincial– aunque no abandonaría su cargo presidencial. Como no fue así, todo sigue igual y Feijóo aprovecha para exigir que la oposición pida disculpas por haber pedido la dimisión del dirigente orensano. He aquí el círculo perverso en el que nos encontramos: las responsabilidades políticas solo pueden existir si, previamente, hay un procesamiento judicial o una condena de los tribunales. La distinción que se invoca en muchas ocasiones es bien conocida: la mentira es un derecho que asiste a un presunto delincuente como herramienta defensiva más no debería ser admitida como normal en la vida política.

Recientemente, el PSOE presentó unas mociones de reprobación del ministro de Justicia, del fiscal general del Estado y del fiscal anti-corrupción. Estas iniciativas salieron aprobadas por un amplio margen numérico debido a los apoyos recibidos desde los bancos de la oposición parlamentaria. Ciertamente, la importancia política de lo sucedido no puede ser minusvalorada: es la primera vez que el Congreso censura a un ministro y a dos fiscales de semejante relevancia.

Amparándose en la circunstancia jurídica del carácter no vinculante de las resoluciones aprobadas, los afectados manifestaron su decisión de no cumplir la voluntad mayoritaria emanada del Congreso gracias al aval que supuso la explícita declaración de Rajoy favorable a la continuidad de los mismos.Nos encontramos, pues, ante una situación gravísima :el poder ejecutivo no quiere respetar la decisión tomada por la Cámara que representa la soberanía popular en un momento en el que se acumulan diversos episodios que cuestionan el adecuado funcionamiento del propio sistema democrático.

Hace pocos días Mariano Rajoy emplazaba al presidente de la Generalitat a trasladar al Congreso de los Diputados sus propuestas sobre la situación de Catalunya. Al mismo tiempo, avisaba que no contempla participar en el debate de la moción de censura presentada por Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea.

Esta colección de ejemplos permite calibrar la calidad de la arquitectura democrática actualmente existente en la vida política española. La hoja de ruta del PP no tiene matices: el Parlamento sólo tiene valor cuando hay una mayoría que emite en su misma longitud de onda. Y las dimisiones solo están reservadas para quien tuvo la mala suerte de caer en las manos del poder judicial.

Sombras que oscurecen la calidad del sistema democrático español
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