A la sombra de Correa, Eljuri se cobija

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Rafael Correa.

Los turbios manejos del gobierno del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa vuelven a ser noticia. 

A la sombra de Correa, Eljuri se cobija

Tras la demanda presentada contra Rafael Correa por el ex legislador Fernando Balda quien lo acusa de su secuestro, ahora  su nombre vuelve a la palestra pública al extender la demanda contra Juan Manuel Santos por su presunta complicidad en este hecho ocurrido en Bogotá en el 2012.

Balda estaba refugiado desde el 2009 en el país tras huir de la justicia ecuatoriana por una demanda de injurias al gobierno de Correa. Según sus propias declaraciones  “en una reunión con él (Santos), las autoridades pudieron comprobar que había una incursión de agentes de inteligencia ecuatorianos en Colombia y nunca hicieron nada”. Una circunstancia que lo llevaría a presentar la denuncia por soslayo de soberanía después de ser deportado a Ecuador y cumplir dos años en prisión. “Le advertí a Santos de que no podía regresar a mi país pero violó el tratado de San José de Costa Rica sobre derechos humanos que estipula que no se puede deportar a un perseguido si su vida corre peligro”.

A raíz de esta información, Correa, quien se encuentra residiendo en Bélgica con su familia, no tardó en asegurar que se trata de “un complot del actual gobierno de Lenin Moreno en su contra”. Moreno, a su vez culpó  a Correa  por sobre endeudar a Ecuador, manejar de forma irresponsable sus finanzas y ser el causante de la corrupción que azota al país. 

Un década de gobierno, salpicada  por los  continuos ataques a la prensa, tráfico de influencias y presuntas relaciones con las FARC, a quienes supuestamente habría amparado tras recibir dinero de la entonces guerrilla para sus campañas. Sin embargo, uno de los casos más irónicos de su  llamada “Revolución ciudadana”  fueron las enormes compensaciones y trato preferencial que mantuvo con algunos de los grupos económicos más poderosos del país, como en el caso del Grupo  el Eljuri, a quienes habría beneficiado con suculentos contratos del Estado tras las debidas aportaciones a su campaña política. 

Eljuri apoyó a Correa con la certeza de que los favores serían recíprocos. Y lo fueron, El conglomerado vio crecer exponencialmente su fortuna durante los 10 años de Correa salpicados por la sombra de diversas actividades ilícitas que aún a día de hoy  siguen pesando sobre ellos encendiendo el debate publico  de lo que estos empresarios son capaces de hacer o “comprar” para conseguir sus objetivos y lucrarse del Estado. En apenas 4 años, del 2008 al 2012, este grupo registró un ingreso bruto de 8.583 millones de dólares poniendo de manifiesto  que en el particular socialismo correista del siglo XXI  y en medio de una ley antimonopolios totalmente inefectiva, los ricos se hicieron cada vez más ricos y los pobres más pobres.

El Catastro de Grupos Económicos del año 2017, que elabora la autoridad tributaria ecuatoriana (SRI), estima que el grupo económico Eljuri tiene bajo su propiedad al menos 428 empresas que  suman un patrimonio neto que supera los $ 4.649 millones de dólares, el 5% del PIB del Ecuador. Eljuri cuenta además con el mayor número de compañías  que tienen su sede en paraísos fiscales, ideales para la evasión de impuestos,  siendo un 14 por ciento de ellas entidades off-shore. Sólo en los registros  se encontraron seis empresas en Panamá; otras cinco en el Reino Unido y tres en Costa Rica relacionadas con el grupo. Trece más figuran en los Panamá Papers y de esas, solo dos fueron registradas en Ecuador.

Una de las empresas concesionarias de carros de los Eljuri era además, en la práctica, un testaferro de la brasilera campeona mundial de la corrupción, Odebrecht.

De acuerdo con las confesiones de los ejecutivos de la firma brasilera, los empresarios ecuatorianos movieron dinero en efectivo para efectuar el pago de sobornos, a través del controversial banco curazoleño South American Internacional Bank – Sai Bank. Banco que resultó ser propiedad exclusiva del Grupo Eljuri. El Sai Bank, según confirmaron varios de sus funcionarios, se dedicaba a buscar clientes interesados en abrir cuentas y pólizas en la oficina principal de Curazao, ofreciendo entre los beneficios la evasión de impuestos y “de ser necesario el lavado de dinero”, según las propias declaraciones de sus empleados. SAI Bank no tenía autorización para realizar operaciones de captación de dinero en Ecuador pero recibió 153 millones de dólares desde el 2012, supuestamente de Odebrechet.

Pero estas no han sido las únicas irregularidades que han salido a la luz. El grupo Eljuri, a través del Banco del Austro, también de su propiedad, fue nombrado en la participación de exportaciones ficticias entre Venezuela y Ecuador. El caso se originó con base en el acuerdo que a fines de 2008 Rafael Correa y Hugo Chávez impulsaron para la creación del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), una estructura de pagos basada en el cruce de cuentas entre bancos centrales de los países miembros de la hoy moribunda Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). Este sistema movió entre Caracas y Quito exportaciones e importaciones por montos que superaron los USD $1000,000,000. No obstante, muchas de esas transacciones fueron ficticias y sirvieron para sacar millones de bolívares de Venezuela con el fin de convertirlos en dólares en Ecuador. Aparentemente y como en los casos anteriores,  su capacidad de influencia con el gobierno de Correa  impidieron que la justicia siguiera su curso y se establecieran las responsabilidades que correspondan.

Esa amistad con el gobierno de Correa le permitió además convertirse en uno de los principales proveedores del Estado ecuatoriano consiguiendo contratos millonarios como la entrega de 4.157 autos patrulleros KIA destinados a la policía nacional por un valor de USD 196,190,014.84. El negocio no solo fue la venta, Eljuri pidió que las piezas de los autos fabricadas por una de sus empresas en Brasil fueran enviadas a Ecuador al doble de su costo original sin que las autoridades brasileñas o ecuatorianas se dieran cuenta. Para ello, se usaron facturas falsificadas y documentos de embarque que le dieron aspecto legitimo al proceso.

A los líos legales, de imagen y reputación, trascendió además que Gustavo Alberto Lenis, la mano derecha del Eljuri y gerente general de la compañía que comercializa la marca Hyundai en Colombia, se encontraría demandado penalmente por una presunta mala actuación cuando ejercía el cargo de director Aero Civil de Colombia. Bajas ventas para la multinacional coreana que no levanta cabeza en un pleito marcado por temas que enlodan la reputación de la marca que fuera líder del mercado de vehículos colombianos. @mundiario

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