No solo la CIG sino también el Ministerio fiscal investiga la gestión de Inés Rey

Inés Rey. / @jatirado
Inés Rey. / @jatirado

Un juzgado mantiene abiertas diligencias previas por la gestión de las controvertidas comisiones de servicio en el Concello de A Coruña.

No solo la CIG sino también el Ministerio fiscal investiga la gestión de Inés Rey

En una nueva y significativa revuelta en el ámbito político y administrativo de A Coruña, el Juzgado de Instrucción número 6 ha decidido abrir diligencias previas para investigar la gestión y el posible abuso de las comisiones de servicio en el Concello gobernado por el PSOE. La sorprendente revelación indica que el Ministerio fiscal, junto con el sindicato CIG, ha alzado su voz como denunciante en este proceso, planteando serias dudas sobre la transparencia y legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por el gobierno local, encabezado por la alcaldesa socialista Inés Rey.

Las diligencias en cuestión se centran en la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa, según informa el juzgado. Un dato que resalta la gravedad de las acusaciones vertidas por la central sindical nacionalista, que presentó una denuncia ante la Fiscalía el pasado mes de mayo. En ese momento, entregaron al fiscal jefe un detallado dossier que incluía nombramientos y motivaciones que, a su juicio, resultaban irregulares. Como subraya Radio Coruña, la alcaldesa Inés Rey –abogada de profesión– ha optado por el silencio, rehusando hacer declaraciones sobre esta delicada cuestión que ha puesto bajo la lupa la gestión de su gobierno.

Ana Filgueiras, secretaria de la sección sindical en el Ayuntamiento, ha expresado su preocupación y considera que la gestión de las comisiones de servicio en el Concello responde a una "estructura presuntamente delictiva". La CIG ha venido denunciando nombramientos en puestos de máxima responsabilidad asignados arbitrariamente y bajo criterios variables, sumado a la existencia de informes públicos con posibles falsedades.

La magnitud de la situación se revela al conocer que, durante los cinco años de gobierno de Inés Rey, se han activado aproximadamente 100 comisiones, llegando a la alarmante cifra de 250 en la actualidad. Esta proliferación ha levantado críticas sobre un posible uso abusivo de este recurso, que, según la versión oficial, debería utilizarse para asignar puestos en situaciones de emergencia.

Sin embargo, la realidad señala que muchas de estas comisiones de servicio dejan extinguir su plazo de ejecución sin ser adjudicadas, a pesar de contar con candidatos. Este hecho suscita cuestionamientos sobre la eficacia y legalidad de los procesos de asignación de puestos, poniendo de manifiesto la necesidad de una revisión profunda de las prácticas administrativas.

El sindicato CIG, en su compromiso por la transparencia y el respeto a la legalidad, lleva investigando las actuaciones en torno a las comisiones de servicio desde 2016. Durante este tiempo, han presentado varias denuncias en el contencioso-administrativo y ha reclamado al consistorio –sin mucho éxito– el cumplimiento estricto de la legalidad en materia de cobertura de puestos. En las filas nacionalistas de la ciudad, la posición ortodoxa de la CIG contrasta con la más titubeante del BNG, que acaba de salvar los presupuestos de Inés Rey, en lo que parece un pacto de legislatura.

La semana pasada, la Fiscalía emitió un comunicado informando de que procedería a abrir diligencias, dando un nuevo impulso a una investigación que promete arrojar luz sobre las prácticas administrativas del gobierno local. Este episodio refuerza la importancia de la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas, subrayando la necesidad de mantener una administración transparente y eficiente que sirva a los intereses de la comunidad. @mundiario

Comentarios