La disminución de la población activa conlleva la reducción de los ingresos públicos

Instalaciones de Sogama, una empresa semipública en el punto de mira.
Instalaciones de Sogama, una empresa semipública en el punto de mira.

Las estadísticas sobre población demuestran más y más importantes asuntos que los electorales y obligan a los políticos a reciclarse si no quieren convertirse en un fraude para todos.

La disminución de la población activa conlleva la reducción de los ingresos públicos

Muy pocas veces las estadísticas oficiales dejan en entredicho a aquellas personas que por sí, o a través de intermediarios, controlan o dirigen el gobierno del que depende la institución ejecutora; de ahí que, las últimas estadísticas sobre población, publicadas la  pasada semana por el Instituto Nacional de Estadística, dependiente del gobierno de España, del mismo partido político del que depende el gobierno de Galicia, sean importantes al decirles a ambos, que muchas de las cosas que proyectan, en nada se parecen a las que debían de preocuparles, si de verdad, pensaran en el futuro del área geográfica que gobiernan.

Según estas estadísticas España, dentro de diez años, habrá perdido más de 2.600.000 habitantes y Galicia, unos 148.000.España, por tanto, tendrá, poblacionalmente hablando, una comunidad autónoma como la gallega menos, sin guerras de secesión, ni autodeterminación alguna. De ello solo serán responsables el gobierno de España y en este caso, el de Galicia, por no haber previsto proyectos, inversiones y realizaciones capaces de atraer a sus respectivas demarcaciones, hombres y mujeres jóvenes, capaces de generar riqueza con su esfuerzo e incremento de población con su vitalidad.

El futuro, para nuestros gobernantes no existe: se regodean en el pasado en lo que invierten el presente, y así, poco a poco, silenciosamente, y con el voto favorable, incluso de mayorías absolutas, van recluyéndonos, a los jubilados, a los niños y a los parados en unas especies de reservas sin futuro alguno, mientras los jóvenes emigran. Las guarderías de hoy serán los geriátricos de mañana. Estos son los hechos, quieran o no verlos los políticos de ahora, que, por más que su instrucción haya sido adquirida en los mejores centros de España o del extranjero, parecen  incapaces de hacer algo distinto a lo que consiguieron nuestros ancestros que, por más que en aquel entonces fueran éxitos rotundos, ahora son inservibles. Ya no sirven para atraer a los jóvenes, que sin quererlo, como los abuelos, se han convertido en eternos trashumantes.

Con el único fin de citar un ejemplo, que clarifique lo expuesto, baste citar el gran esfuerzo que, en estos días, la Xunta de Galicia, con Sogama de escudo, viene realizando para doblegar a los ayuntamientos críticos, para que acepten la subida del 34% del canon que les cobra por el supuesto tratamiento de los residuos sólidos urbanos de sus respectivas ayuntamientos. Los alcaldes contrarios a esta subida son todos, aunque lo expliciten 80, de los 296 concellos afectados. Pero, lo sorprendente, es que teniendo toda la razón, no sean capaces de esgrimir argumentos contundentes que se la realcen. Demuestra la postura de ambos, que los dos, Ayuntamientos y Xunta, no han dedicado un solo minuto a estudiar cuál y cómo será el tratamiento de esos residuos sólidos urbanos en el futuro más inmediato.

En busca de nuevas fuentes

La disminución de la población activa conlleva la reducción de los ingresos tanto para la administración del estado como para la autonómica  y municipal. Todas tendrán que buscar nuevas fuentes para nutrir su erario, reduciendo, al mismo tiempo, gastos superfluos. Tengan presente que pagar por recoger los residuos sólidos urbanos, aunque también sean menos, y su posterior tratamiento entra dentro de esos gastos superfluos que las corporaciones locales, si no quieren caer en malversación, tendrán que suprimir más pronto que tarde.

Las sogamas públicas  que proliferaron como hongos en todo el territorio nacional, tienen los días contados. Prestaron un servicio para el que ya no están capacitadas ni, en muchos casos, valen para actualizar: la empresa privada tendrá que hacerse cargo de este y otros muchos servicios y pagar a los ayuntamientos la materia prima que utilizarán para, a través de su reciclaje, vender energía eléctrica, abonos, fibras, metales, etcétera, con lo que obtendrán sustanciosos beneficios como ya se viene haciendo en otros países, en los que se han creado auténticas multinacionales para el tratamiento de residuos que transportan de un estado a otro, por su rentabilidad. No olviden que la basura es el petróleo del siglo XXI.

Las estadísticas sobre población demuestran muchas más y más importantes asuntos que los electorales, y obligan a los políticos, si quieren trabajar cara al futuro, a actualizarse a través de asesoramientos serios y vanguardistas; de lo contrario, pueden ser, sin quererlo, un auténtico fraude para todos.

La disminución de la población activa conlleva la reducción de los ingresos públicos
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