Los socios que violen la independencia judicial no tendrán fondos de la UE
La Comisión Europea ha resuelto que en aquellos Estados donde se “impida la revisión judicial efectiva de decisiones administrativas” que estén vinculadas con la ejecución de fondos provenientes de la Unión Europea, esto es, fondos comunitarios, les será suspendida la partida de subvenciones europeas.
Esto está contemplado en el borrador que debe presentar la Comisión Europea. El objetivo que se persigue con esta propuesta es que se cuente con directrices para conseguir que todos los socios europeos actúen de conformidad con los principios estipulados por el Estado de derecho. Este reglamento sería aplicado estrictamente y para la evaluación pertinente, se tomará en cuenta si se puede hacer referencia a medidas que han erosionado, una tras otra, el Estado de derecho, lo que redundaría en una gestión inapropiada de los fondos comunitarios.
Que uno de los Estados use de manera inapropiada esos fondos, podría “justificar proponer medidas que entrañaría un impacto financiero significativo para el Estado miembro concernido”, de acuerdo con lo que está contemplado en esta propuesta, haciendo referencia asimismo a la suspensión de la partida, lo que en Polonia, o en Hungría, representa cerca del 60% de los fondos que se usan para la inversión proveniente del Estado.
Las directrices propuestas vendrían a dar forma, en lo que se refiere a la ejecución, a un reglamento que ha sido aprobado a finales del año pasado y mediante este, se procura limitar la acción de aquellos Estados cuyos líderes, se han orientado a tomar decisiones de manera autoritaria, sea que presenten fallas en las estructuras administrativas, en el ámbito judicial o en lo que respecta a una auditoría que contemple todos los requisitos pertinentes.
Si bien se ha planteado ejecutar esta medida solamente para los casos en los cuales esa violación del Estado de derecho, repercuta directamente en un perjuicio para los intereses de la Unión Europea en lo concerniente a lo financiero, se espera sin embargo que a través de la ejecución de estas directrices, sea limitada la acción de mandatarios que cercenen la independencia judicial o que favorezcan procesos de auditoría que no sean transparentes, propiamente que estén vinculados con haber llevado a cabo una gestión de partidas comunitarias que pudiera ser cuestionada, porque se les pudiera relacionar con casos de corrupción.
Mediante estas directrices se persigue también que se evalúen “leyes nacionales que impiden una revisión judicial efectiva de decisiones administrativas para implementar el presupuesto de la Unión Europea”, tal como está estipulado en el borrador de estas directrices, junto con Estados donde se ejecuten medidas “para obstruir la remisión de casos relevantes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. @mundiario
