Los socios del Gobierno apoyan a Sánchez... por ahora

Pedro Sánchez, presidente de Gobierno, y Yolanda Díaz, líder de Sumar. / RR SS
Los socios del Gobierno de Pedro Sánchez consideran que el Ejecutivo debe dar explicaciones por el caso que involucra al exministro José Luis Ábalos, pero no exigen responsabilidades políticas al no haber pruebas de financiación ilegal.

El Partido Popular (PP) ha intensificado sus ataques contra el Gobierno de Pedro Sánchez a raíz de las revelaciones del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que implican al exministro socialista José Luis Ábalos en el llamado caso Koldo. Este informe ha reavivado el debate sobre posibles casos de corrupción dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y el PP ha solicitado la celebración de un pleno monográfico en el Congreso para discutir lo que denominan "la corrupción del PSOE". Sin embargo, los habituales aliados del Ejecutivo, como Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y BNG, no apoyan por ahora esta iniciativa y prefieren esperar a que se aporten más pruebas antes de exigir responsabilidades políticas.

La postura de los socios del Gobierno es clara: aunque consideran necesario que se esclarezca lo ocurrido, no ven justificación suficiente para una acción más contundente mientras no haya evidencias claras de financiación ilegal o de otros delitos graves. El PNV, pieza clave en la moción de censura que destituyó a Mariano Rajoy en 2018 por el caso Gürtel, insiste en que, en este caso, no hay pruebas que vinculen al PSOE con irregularidades financieras. Podemos y Coalición Canaria, por su parte, sí reclaman una mayor asunción de responsabilidades, especialmente si las investigaciones confirman las sospechas que rodean al exministro Ábalos.

El PP busca implicar a Sánchez

El equipo de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, tiene la intención de centrar la próxima sesión de control al Gobierno en el Congreso, prevista para este miércoles, en lo que denominan "caso PSOE o caso Sánchez". Utilizando el informe de la UCO como base, el PP pretende subir la presión sobre el Ejecutivo y conectar las prácticas presuntamente corruptas de Ábalos con la figura del presidente del Gobierno. Feijóo ha registrado una pregunta directa para Sánchez que podría abrir la puerta a este enfrentamiento: "¿Va a ofrecer a los españoles la información que le demandan?".

El PP ha dejado claro que su estrategia no se limitará a este caso concreto, sino que pretende generalizar su ofensiva contra el PSOE, buscando involucrar a más partidos en el debate. Hasta el momento, solo Vox ha mostrado interés en sumarse a esta ofensiva. Sin embargo, algunos partidos, como Podemos, aprovecharán la sesión para criticar al Gobierno en otros frentes. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha señalado que las políticas de Sánchez no difieren sustancialmente de las del PP, mientras que el PNV planea centrarse en la Ley de Vivienda y su limitada efectividad tras año y medio de su aprobación.

Respuestas variadas entre los socios del Gobierno

La respuesta de los aliados del Gobierno ha sido diversa. Aitor Esteban, portavoz del PNV, recordó en una entrevista que el PSOE ya tomó medidas contra Ábalos cuando lo apartó del Gobierno tras el escándalo de la escala en Madrid de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Aunque expresó sus dudas sobre las explicaciones oficiales dadas en su momento, Esteban subrayó que, por ahora, no se debe sentenciar a nadie sin una base judicial sólida. El PNV no está dispuesto a apoyar ninguna ofensiva política basada en meras sospechas y critica al PP por aprovechar la situación para atacar al Gobierno.

Por su parte, Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, fue tajante al desmarcarse de las acusaciones del PP. Según Rufián, el partido tiene la experiencia suficiente para distinguir entre lo que considera "campañas mediáticas de la derecha" y casos reales de corrupción. Aunque no descarta que su formación tome medidas si surgen pruebas concluyentes, dejó claro que no se dejarán presionar por un partido que, en su opinión, ha estado históricamente implicado en numerosos escándalos.

EH Bildu, por su parte, mantuvo una postura similar, pidiendo que se investigue a fondo cualquier indicio de corrupción, pero sin apoyar la politización del caso por parte del PP. La formación vasca reiteró su "tolerancia cero" hacia la corrupción, sea del partido que sea, y defendió su historial limpio en este ámbito.

Podemos y Coalición Canaria piden responsabilidades

Podemos, socio del Gobierno en la coalición, ha sido más crítico con la gestión del caso. Pablo Fernández, portavoz de la formación, advirtió que si se confirma la implicación de Ábalos en actos de corrupción, deberían depurarse responsabilidades políticas, incluso en los niveles más altos del PSOE. Fernández subrayó que Ábalos no fue un miembro cualquiera del partido, sino una figura clave y mano derecha de Sánchez. Por tanto, si se demuestran irregularidades, no sería suficiente con desvincularse del exministro, sino que toda la dirección del PSOE debería asumir su parte de responsabilidad.

Coalición Canaria, representada por su líder Fernando Clavijo, también expresó preocupación por la falta de explicaciones claras en torno a la figura de Ábalos y la controvertida escala de Delcy Rodríguez en Barajas. Clavijo señaló que, independientemente de lo que decidan los jueces, ya debería haber una respuesta política ante las contradicciones del Gobierno en este caso.

El delicado equilibrio de Sumar

En este contexto, Sumar, la formación liderada por Yolanda Díaz, se encuentra en una posición delicada. Como parte de la coalición de Gobierno, busca defender la gestión del Ejecutivo, pero al mismo tiempo no puede ignorar las sospechas que pesan sobre Ábalos. Ernest Urtasun, portavoz de Sumar y ministro de Cultura, enfatizó la necesidad de investigar hasta el final cualquier irregularidad, pero evitó cargar contra el presidente Sánchez. Urtasun desvió las críticas hacia el PP, destacando que los populares no tienen legitimidad para hablar de lucha contra la corrupción, dado su historial con más de 600 personas implicadas en causas judiciales relacionadas con este tema.

Aunque el "caso Ábalos" sigue generando controversia, la mayoría de los socios del Gobierno optan por la prudencia y no exigen responsabilidades políticas inmediatas mientras no se presenten pruebas concluyentes. Sin embargo, el PP continuará utilizando este caso como parte de su estrategia para debilitar al Ejecutivo, mientras que partidos como Podemos y Coalición Canaria no descartan que, si se confirma la corrupción, se deban tomar medidas drásticas dentro del PSOE. @mundiario