La situación de Cataluña se debate mucho políticamente pero falta el análisis económico

Congreso de los Diputados.
Congreso de los Diputados.

Sea cual sea la salida de Cataluña, la economía de las demás autonomías –empezando por la pública– se resentirá. Hurtar ese controvertido debate de fondo a la sociedad puede dejar en mal lugar a las Cortes y a los parlamentos autonómicos. El Foro Económico de Galicia alertó hace tiempo de este asunto.

La situación de Cataluña se debate mucho políticamente pero falta el análisis económico

Las consecuencias económicas de una eventual independencia de Cataluña serían de tal dimensión –para ambas partes– que da vértigo profundizar en ellas. El futuro de Cataluña sería más que incierto y España, de golpe, se quedaría al menos sin el 20% de su PIB y sin su principal base industrial. En principio, por mucha tensión que haya en el ambiente, que la hay, parece más edificante darle vueltas a cómo encajar las cosas que ahora parecen desencajadas.

Fuera de Cataluña se tiende a pensar que el problema podría arreglarse con dinero, como se ha venido haciendo a veces. Pero, llegados a este punto, no parece que todo sea cuestión de dinero: hay un conflicto político evidente.

Según el notario Juan-José López Burniol, un analista político de primera línea en Cataluña, la propuesta debería concretarse sobre estos puntos u otros semejantes: a) reconocimiento de la singularidad de Cataluña, de sus derechos históricos como nación, como hace la Constitución respecto al País Vasco; b) competencias identitarias exclusivas (en lengua, enseñanza y cultura); c) fijación de un tope a la aportación al fondo de solidaridad (bien sea implantando el principio de ordinalidad, bien sea estableciendo un porcentaje) y Agencia Tributaria compartida; d) consulta a los catalanes sobre si aceptan o no estas reformas.

La contrapartida catalana, implícita en la aceptación por los catalanes mediante referéndum de la propuesta del Gobierno español, sería el reconocimiento sin reservas ni excepciones del marco constitucional de España.

Si hay pacto, no andará lejos de ese escenario, y si no lo hay caben otras dos opciones: 1) que todo siga como hasta ahora con una tensión política insostenible, o 2) que haya ruptura. Puestos a elegir, tal vez no haya ninguna opción buena, por lo que en casos así suele optarse por la menos mala. Si fuese la del pacto en torno a las ideas que propone López Burniol, las otras comunidades autónomas también tendrían que plantearse una posición, ya que el escenario resultante alteraría su financiación y, al tiempo, le haría preguntarse por un posible cambio de su actual estatus político, como ya sucede en el País Vasco y en Galicia.

Galicia, por ejemplo, puede compartir o no con Cataluña la reivindicación de ciertos derechos políticos en la línea que apunta Juan-José López Burniol –dependerá de si le preguntamos a un nacionalista, a un galleguista o a un no nacionalista–, pero tiene más complicado buscar la equiparación en el plano fiscal. Por tanto, para comunidades como Galicia, salvo que nada cambie –escenario improbable–, se avecinan tiempos de debate en este tipo de asuntos.

Además de las repercusiones en el sector privado, en una comunidad como Galicia podrían estar en juego más de 1.000 millones de euros

Dos profesores ligados al Foro Económico de Galicia, Santiago Lago y Xoaquín Fernández Leiceaga, ya han echado sus números sobre la independencia de Cataluña, que supondría para las arcas públicas de la comunidad autónoma una pérdida de recursos estimada entre 820 y 1.100 millones de euros.

Ahora falta que o bien ellos u otros académicos hagan los números de un pacto fiscal en la línea sugerida por López Burniol, partiendo de que aunque todo siga igual la financiación de algunas comunidades, entre ellas Galicia, tampoco se las promete muy felices.

Todo indica que el problema tiene entidad suficiente como para que este debate llegue a los parlamentos autonómicos. @J_L_Gomez

Xoaquín Fernández Leiceaga. / Ser

Xoaquín Fernández Leiceaga. / Ser

La independencia de Cataluña detraería entre 11.000 y 15.000 millones de las arcas públicas de España

La independencia de Cataluña detraería entre 11.000 y 15.000 millones de las arcas públicas de España, según un estudio del profesor de Economía Aplicada de la USC Xoaquín Fernández Leiceaga. Aplicada la medida a una comunidad como Galicia, su pérdida de ingresos del Estado estaría entre los 820 y los 1.100 millones al año, en función de los cálculos de este experto del Foro Económico de Galicia. A esta repercusión directa en las cuentas públicas se añadirían muchas otras en el sector privado.

Entre tanto, la reforma de la financiación autonómica, planteada sin presencia catalana, sigue en el aire. Uno de los riesgos viene dado por el posible cambio del sistema de medición de la dispersión poblacional. Pero también hay más variables en el reparto de recursos que suponen nubarrones para comunidades como Galicia. También habrá oportunidades –por ejemplo, con la reforma del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)– pero en general no prima el optimismo.

 

- POSICIONES DE LOS PROTAGONISTAS -

Luis de Guindos, ministro de Economía. La independencia de Cataluña es, a su juicio, “imposible”, desde el punto de vista legal, e implicaría, según sus cálculos, una pérdida económica del 25% ó el 30 % del PIB, algo que el Gobierno español “no va a dejar nunca que ocurra”.

> Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat. La nueva Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) le parece un ejemplo de que la Administración catalana está “preparada” para una supuesta independencia, ya que estaría en disposición de cobrar todos los tributos que se pagan en Cataluña.

> Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat. Un total de 32 oficinas además de 161 ventanillas únicas, unas 800 personas y dos programas informáticos de gestión configuran un fisco que permite a la Generalitat cobrar la totalidad de los impuestos cedidos, así como la recaudación ejecutiva.

> Santiago Lago, catedrático de economía. Para este miembro de la comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica, “hay que avanzar en la autonomía tributaria” y España podría converger sustancialmente en diagnósticos y propuestas sobre la financiación de sus autonomías.

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