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El sistema educativo español simboliza y reproduce las asimetrías sociales

En vez de arreglarlo, Méndez de Vigo mantiene esa simbología al cargar sobre profesores y maestros escolares toda la responsabilidad democratizadora. El resultado seguirá teniendo un gran déficit emancipador. 

El sistema educativo español simboliza y reproduce las asimetrías sociales
Escuela. / RR SS
Escuela. / RR SS

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Manuel Menor

Manuel Menor

Analista de educación de MUNDIARIO. Profesor.

En vez de arreglarlo, Méndez de Vigo mantiene esa simbología al cargar sobre profesores y maestros escolares toda la responsabilidad democratizadora. El resultado seguirá teniendo un gran déficit emancipador. 

Alguna vez tenía que pasar. La tentación de sacarle más jugo a las palabras del que realmente tienen. Descoyuntar su sentido habitual, hasta que expresen lo que, en discordancia con los demás, queremos que signifiquen. Llevarlas al terreno de nuestra conveniencia. Son hábitos sofistas trufados de escasa voluntad para remover los problemas con soluciones pertinentes. Shopenhauer  les dedicó un  tratado inconcluso, Dialéctica erística o el arte de tener razón (1864)  y, también, en versión más informal –e incluso insolente-, muchas anotaciones a lo largo de su vida que alguien recopiló hace unos quince años bajo el título: El arte de insultar.

Sofismas y lealtad

 Las 38 estratagemas que señala el filósofo en el primero de estos libros son altamente recomendables para cuantos quieran reducir su responsabilidad cuando no tengan voluntad de acuerdo o, como sucede con el supuesto “pacto educativo” en que tanto afán ha puesto Méndez de Vigo desde que heredó a Wert, al querer que todo siga como estableció en la LOMCE. Por lo que se sabe acerca de cómo se gestó esta ley -para restablecer lo que había querido Pilar del Castillo en la etapa escurialense  de Aznar y el tirón nacionalcatólico-, asistimos estos días a un bisado de aquel amago de consenso con que entretuvieron a Gabilondo.

No quedan lejos tampoco las fórmulas escénicas que entre Cataluña y Bruselas se han estado intercambiando para representar ante una cansada ciudadanía un acto cumbre de investidura. La propuesta de presidencia “simbólica” no deja de ser un ensayo chusco de la exageración de las tesis democráticas, del uso abusivo de  la mutación de una controversia y, sobre todo, la argumentatio ad hominem, además de peticiones de principio y retorcimiento del sentido de las palabras. Pero tal cúmulo de prácticas, fruto de la desconexión con la realidad, está haciendo que cunda la segunda de las artes prefiguradas por el filósofo alemán: el insulto, la enemistad y el enfrentamiento en vano, a causa del desgarrón en la lealtad debida.

Simbología LOMCE

 Extraño es, sin embargo, que, habiendo resultado disparatada esta pretensión de duplicar la presidencia catalana, no sean calificadas similarmente otras traslaciones de lo simbólico al corpus legislativo común.  común Quienes hayan seguido los cambios normativos en el ámbito educativo, aunque solo sea de Wert a Méndez de Vigo, habrán advertido cómo han objetivado ambos -de modo menos desabrido el segundo- su muy privada simbolización de la educación de todos en una ley y recursos concretos. No consta, a cambio, que se hayan arrepentido en modo alguno de la violencia –no sólo simbólica- infligida a la igualdad de la ciudadanía –originaria de su poder político- y, asimismo, al cumplimiento de este derecho reconocido en el art. 27 de la Constitución.

Pocas muestras hay, pese a ello, de que –de modo distinto a lo que detecta el CIS respecto a la corrupción o Cataluña- los ciudadanos se lamenten mucho de este desaguisado que, de 2010 para acá, va crecientemente acelerado. Si en 2015, el barómetro del CIS situaba a la educación con un 9,5% de personas preocupadas por sus situación, en octubre de 2017, solo preocupaba al 8,4%. Verdad es que hay grupos conscientes, algunos preocupados por las políticas educativas, pero en el  conjunto de la sociedad  solo son un “grano de arena”.  Quienes como el Colectivo Infancia tienen la firme convicción de que la democracia educativa solo es homologable si, alcanzada la escolarización –mal reconocida todavía para la etapa 0-6 años-, se compromete a eliminar todo ingrediente que –por muy asentado que esté en hábitos, pautas o creencias culturales- impida todo tipo de segregación; sin esa transformación no contribuirá a la convivencia sana de todos. En un panorama cansino y con Administraciones hostiles, estas plataformas cívicas tienen gran mérito por su constancia en exigir una organización del sistema educativo netamente inclusiva. Muchos han vivido en carne propia –desde antes de la Constitución- cómo todas esas situaciones ambientales han servido para invisibilizar normas y  estructuras segregadoras. Y siguen viendo cómo la LOMCE da cobertura a muchas que ya eran excluyentes en aquel pasado.

¿Exclusión simbólica?

“La calidad” y el “nivel” han sido razones –no sólo simbólicas- para que las zonas más débiles –barrios periféricos, zonas rurales o económicamente más deprimidas- hayan sido excluidas del derecho al conocimiento o, una vez escolarizadas -hasta los 14 años desde 1970, y hasta los 16 en 1990-, hayan topado con pretextos limitadores del alcance democratizador de esa escolaridad ampliada. Al lado de reacciones hostiles a estas decisiones, en muchos centros –y al margen de contadas actuaciones valientes de algunos enseñantes-  los modos de enseñar y educar, la organización y las  burocracias continuaron manteniendo lejos del valor del saber a grandes proporciones de estudiantes. Ese fracaso, solo comparable al que, en la etapa franquista, fue escandaloso -y más en lo tocante a la educación de mujeres- hace especialmente emotivas las despedidas de algunos profesores al inicio de su jubilación: son pérdida importante y de incierto recambio.

Lo tremendo no es solo que el simbolismo de la distinción entre colegio o escuela publica –con lo que implica de diferencia clasista- venga de más atrás, del propio siglo XIX en que, con legislación muy asimétrica  y nulo presupuesto para atender al común popular, el analfabetismo solo empezó a ser algo cuestionado cuando se extendió el voto “universal” masculino en 1890.  Lo más llamativo es que, antes de que la LOMCE fuera votada en 2013, el actual embajador ante la OCDE adujera  en el borrador de anteproyecto de esta ley –como justificación natural de la diferenciación que promovía en el alumnado- que “todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento difiere  entre ellos, por lo que el sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para reconocerlos y potenciarlos […] hacia las trayectorias más adecuadas”.

Esta dura consideración inicial –ajena a desigualdades socioeconómicas y de toda índole-, edulcorada luego, mostraba la senda que articularía  el tipo de alumnos, profesores y centros que hoy promueve la LOMCE. Examinada la eficiencia competitiva del emprendimiento que promueve y cómo deberá ser la elección de centro, los itinerarios, las evaluaciones externas y las pruebas de selectividad, la educación diferenciada de niños y niñas o el papel de la Religión, se explicitan los valores –más que simbólicos- que  pretende imponer en esta sociedad después de haber equiparado jurídicamente el status de los centros públicos y privados, como si fuera el mejor modo democrático de cumplir con el art. 27.

No menos desolador es lo que el empeño en hacer respirar realidad a esta simbología ha acarreado. Los recursos económicos han sido reducidos desde 2009 hasta un punto en que solo tenemos detrás a los países más pobres de Europa. Sólo en los cinco primeros meses de Gobierno de Rajoy, los recortes casi llegaron a los 5.000 millones de Euros. La Educación pagaba el déficit en aquel momento y no se nota que haya recobrado el nivel que tenía: respecto al PIB, seguimos bajando en este año, pese a la supuesta bondad que se atribuye a la producción desde hace algún tiempo. El programa simbólico de sociedad que explicita la LOMCE, se ha corporeizado con la crisis, que ha proporcionado el pretexto de ejecutar un proyecto preestablecido de desmantelamiento de la escuela pública y la creciente exclusión de un tercio de la población en edad escolar. Casi somos campeones de un ranking muy dudoso: ser uno de los países de la UE que más segrega con su sistema educativo, y tener en la Comunidad de Madrid uno de los modelos de segregación más eficaces, donde se ensaya con más fervor la inspiración privatizadora que estimulan la OCDE y el FMI. La derivada de este sueño –con repercusiones más que simbólicas- es que quien más sufre sus efectos es el  el 80% del alumnado con dificultades que se concentra en los centros públicos, donde los recortes han suprimido más profesorado  y han eliminando casi todos los instrumentos que había para dar alguna cobertura a la igualdad. Es decir, que, como señala Agustín Moreno, es en las zonas de mayor dificultad socioeconómica –las de la clase obrera estrictamente tal- donde más están repercutiendo esta política educativa de selección, que “convierte en espejismo la igualdad de oportunidades”

Hacia un inmovilismo más que simbólico

Y mientras el paradigma de la LOMCE sigue ahí como símbolo de inmóvil democratización social, Méndez de Vigo está a punto de culminar su particular contribución a fortalecerla de sentido con unas cuantas medidas que, asemejando un pacto, induzcan a pensar que tanto la simbología invocada para hacerla como  su realización han cambiado sin que sea preciso remover sus elementos estructurales de segregación más significativos. Mientras tanto, el papel de la Religión, la divisoria entre privada y pública, el abaratamiento y la externalización de muchos elementos organizativos o curriculares y, posiblemente, una carrera docente desmotivada, además de la segregación de género, siguen siendo muestras principales de violencia simbólica en el leal cumplimiento de los dos derechos principales recogidos en el artículo 27: universalidad y libertad educativas.

Sobre una aparente apertura del sistema –con una escolarización homogénea low cost-, se privilegia una cada vez más exclusiva cualificación integral, capaz de emancipar a los ciudadanos. Esa es la tendencia que el heredero de Wert puede, en líneas generales, acabar potenciando con su aportación estrella de MIR educativo, mientras el individualismo crece exponencialmente y otras violencias nada simbólicas –como las que siguen sufriendo las mujeres o muchísimos niños- se agolpan en nuestros telediarios en una manipuladora escalada mediática proclive a la resignación , pero  sin recursos para su atención debida.

Nada que ver, en todo caso, con la urgencia existente de contrarrestar el relato del prestigio que acumulan la simbología de la excelencia, el emprendimiento y la competitividad que, desde la infancia, se está mercantilizando al calor de la LOMCE, cuando es más apremiante una democratización del saber reflexivo y de la honestidad intelectual  que limite los riesgos del narcisismo creciente. ¿Será posible preparar a tiempo un número suficiente de profesores y maestros que prestigien a fondo todo el sistema educativo haciéndolo relevante en la democratización de esta sociedad? Más parece que siga habiendo motivos para seguir alerta ante lo que, en 1712, escribieron  Jonathan Swift y J. Arbuthnot en  El arte de la mentira política:

“No existe ningún derecho a la verdad política: el pueblo no tiene derecho alguno a pretender ser instruido en la verdad de la práctica de gobierno, como tampoco lo tiene a pretender poseer grandes patrimonios, tierras o casas señoriales”. Además, “los niños nada pueden pretender en esta materia, de ahí que rara vez se les cuenten verdades”. @mundiario