¿Qué significa que 6 países hayan pedido a la CPI que investigue al gobierno de Maduro?
La situación resulta ser inédita en el continente donde hasta hace pocos años los países del sur se presentaban como un bloque unido. Ahora, algunos de ellos firman una carta enviada al CPI para que investigue al régimen venezolano por crímenes de lesa humanidad.
Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá han enviado una carta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) donde solicitan investigar al gobierno de Nicolás Maduro por supuestos crímenes de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos ocurridos en Venezuela desde año 2014. La acción de estos seis países resulta ser inédita debido a que desde que el tribunal comenzara con sus funciones en La Haya en 2002, jamás se había dado un caso en que Estados que forman parte del Estatuto de Roma, solicitaran abrir un procedimiento contra algún estado miembro.
Lo más sorprendente de la carta firmada por los seis países es que ha sido un movimiento llevado a cabo por los jefes de Estado. Otros casos documentados corresponden a denuncias realizadas por organizaciones de derechos humanos. Hay que destacar que en los juicios que se procesan ante la CPI la responsabilidad no es del Estado, sino individual.
La denuncia de los seis países no podrán los focos sobre Venezuela, sino sobre las personas señaladas por violar los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Aunque en la investigación señalen directamente a Maduro, se da por hecho que investigará a todo su círculo cercano, el mismo que le ayudó a perpetrar los hechos.
La denuncia pudo haber sido realizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, pero en este caso se necesitaría contar con la aprobación de la mayoría de los miembros y sortear el posible veto de los miembros permanentes –EE UU, Rusia, China, Reino Unido y Francia-, donde había una gran posibilidad de que Rusia y China se opusieran dada su cercanía con el gobierno de Maduro.
La solicitud enviada a la CPI se fundamenta en tres informes sobre violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Dichas investigaciones fueron llevadas a cabo por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
¿Qué sucederá?
Como todo proceso legal, lo que sigue es bastante largo y engorroso. En primer lugar la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, deberá decidir qué hace con la denuncia de los seis países. Sin embargo, desde febrero de este año la Fiscalía ya había abierto una investigación preliminar para determinar si acaso en Venezuela se habían cometido crímenes que fueran competencia de dicho tribunal, al menos, desde año 2017.
Este tipo de casos pueden durar años dada su complejidad. La etapa preliminar puede durar mucho o poco dependiendo de si existen o no suficientes pruebas como para llevarlo al siguiente nivel, que sería la Sala de Cuestiones Preliminares (SCP), un tribunal de control donde deciden si acaso cumplen las condiciones para admitir la causa, la Fiscalía daría luz verde para iniciar una investigación final con el objetivo de realizar el juicio penal.
La situación con Venezuela será algo distinta a otros precedentes que existen debido a que en esta ocasión la petición proviene directamente de un grupo de Estados. Este escenario podría adelantar el proceso, donde la Fiscalía puede decidir entre enviar el caso a la SCP o abrir una investigación final de inmediato.
De acudir a SCP, entonces se iniciaría una investigación formal citando a testigos, recolectando pruebas, exhumando cadáveres… tras esta fase, la SCP verificaría las pruebas y daría paso a la realización de un juicio. Si la sala llegase a rechazar el caso, entonces habría que esperar el surgimiento de nuevas pruebas que ratifiquen su presentación.
Los países firmantes
Las razones que esgrimen los seis países son conocidas: tratar de reestablecer la democracia en Venezuela. Pero la situación se ha salido de las manos desde que la región registrara un éxodo de migrantes venezolanos sin precedentes. Asimismo, han recordado las denuncias de represión, detenciones arbitrarias, violaciones contra los derechos humanos… que han sido denunciadas en el país caribeño desde el 2014. @mundiario
