En el siglo XIX, ya hubo liberales muy poco liberales

Isabel Díaz Ayuso, líder del PP en Madrid. / Twitter
Isabel Díaz Ayuso. / Twitter

Doctrinarios y demócratas compartieron poco. Los hubo, además, caciques,  sin pensamiento propio para decir lo que piensan y pensar lo que dicen.

En el siglo XIX, ya hubo liberales muy poco liberales

La presidenta madrileña acaba de repetir su hipótesis de que muy pronto será posible un ministro etarra en Hacienda. También, barbaridades para exorcizar a sus oponentes de las gamas de comunismo con que, aconsejada por sus expertos, adorna sus peroratas. No se corta, sin embargo, al asignar en los Presupuestos 300.000 euros para el sostenimiento de servicios religiosos en residencias públicas de la región que gobierna, como parte de las subvenciones que van a las mismas manos entre otras partidas que ascienden a 4.100.473 euros anuales.  Más allá del adolescente truco sofista de crear adversarios para dogmatizar a gusto, este gesto de Isabel Díaz Ayuso demuestra la amplitud de “aconfesionalidad” -¿católica?- que exhibe con el dinero publico. Contrasta con los 196.788 euros que reciben conjuntamente, por similares motivos, la Comunidad Judía, las Comunidades Islámicas y los Evangélicos.

¿Neutralidad?

La supuesta neutralidad confesional que exhibe esta parcela autonómica  ilumina bien, además, lo nula que es en otras del gasto estatal continuado desde 185 y confirmado desde los Acuerdos de 1977-79. No solo por las proporciones del reparto económico que merezcan unos u otros creyentes, sino además por lo colonizado que  aparece el propio Estado en la gestión de estos recursos al no haber garantía de que sean empleados por sus receptores sin interferir con el bien común.  La Iglesia y las otras confesiones -en menor medida, por recibir menos- los administran como si les correspondieran per se, indefinida y crecientemente, sin responsabilidad pública, compitiendo por el poder simbólico entre sí, no por la pax religiosa. Esa parte de los Presupuestos públicos sigue siendo empleada, sin mencionar su origen, sobre todo en provecho propio, a la búsqueda de que su ideología o credo particular destaque sobre sus competidoras. Al publicitarse en las ondas, en medios impresos, redes sociales y programas televisivos –amén de lo que pregonen en sus lugares de culto-, persiguen la misma parcialidad de las antiguas guerras de religión: imponer en exclusiva -como cualquier monopolio capitalista- su presencia en los espacios y tiempos sociales.  Y como cualquier otro lobby empresarial, tratan de lograr más recursos y oportunidades para posicionarse en el mercado simbólico de bienes culturales.

Especialmente publicitarias son las prestaciones que estas instituciones hacen en  atención social, el aspecto supuestamente más volcado en la gente común. Los pobres siempre han sido fuente de prestigio –y de recursos-  ante los demás, como estudió Robert Castel, pero también reflejan la calidad de toda política social.  Desde el Bajo Imperio Romano el evergetismo que todo rico debía practicar si quería tener éxito –como ha estudiado Peter Brown- acompañó el triunfo de la Iglesia en el siglo IV. Transmutado en “caridad”, el prestigio que confería a quienes detraían parte de sus recursos para ayudar al “pueblo” pasó a servir de propaganda a los eclesiásticos. Y al democratizarse los derechos políticos, sociales y laborales, las confesiones religiosas –también la católica- han preferido sostener estilos de ese pasado, poco o nada coincidentes con las reivindicaciones obreristas que, en el siglo XIX, hicieron de la pobreza fuera la “cuestión social”. La intermediación a la que la Iglesia se apuntó entonces –como dejó bien claro León XIII en la Rerum novarum, en 1891- fue la de la caridad -y no la del derecho en justicia-  como paternalista alianza para aliviar algunos excesos.

Esa doctrina contribuyó más a confirmar que había problemas que a reclamar sus soluciones. En los 30 años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, mientras el Estado de Bienestar se desarrollaba en los países de la UE, en España esa doctrina de la Iglesia tuvo como referente, entre otros,  el Centro de Estudios Sociales de la abadía del Valle de los Caídos, creado en 1958 “como plasmación de la idea de reconciliación y de superación de la guerra”. En la web de este todavía se puede leer cómo nació para estudiarla y difundirla  “como garante de la paz y de la justicia social en España”, y cómo se ocupó “del análisis de los problemas sociales que habían sido la causa más frecuente de las alteraciones registradas en la convivencia dentro de la sociedad española y que habrían tenido su último reflejo en la contienda civil. Al mismo tiempo, el Centro debería contribuir a la elaboración de los criterios inspiradores de las nuevas estructuras socio-económicas que impulsaran la participación y la justicia sociales”. A nadie se le escapa que ese importante aparato sociológico nunca analizó seriamente, ni menos trató de cambiar, el régimen político. Como mucho, dibujó algunos problemas nuevos que traía la relativa liberalización desarrollista de los años sesenta.

Desde la exclusiva doctrinal que tuvieron, es significativo que la Conferencia Episcopal solo emplee en el sostenimiento operativo de Cáritas el 2,12%  de lo que percibe del Estado a través del IRPF (21 millones de Euros), una cantidad bastante menor que los 82 millones que asigna, por ejemplo, a 13TV y  COPE, sus medios publicitarios por excelencia. Lo es igualmente, que sus limosnas, estipendios de culto y este dinero no pasen ninguna auditoría –y solo muy de puntillas por el Tribunal de Cuentas- pese a ser en buena medida dinero público, mientras publicita una repercusión “muy rentable” de sus actividades en la vida pública. Todo concuerda, sin embargo, con  la sempiterna  obsesión eclesiástica que, a diferencia del primer cristianismo, muestra por tener amplio patrimonio. Ese fervor capitalista, tan  visible en el celo último de clérigos y obispos en registrar propiedades, hará que los fautores de la desamortización decimonónica se inquieten en sus sepulcros. Menos lo entienden quienes, para visitar  edificios emblemáticos como la Mezquita de Córdoba, museos y catedrales, han de pagar entrada y aguantar a determinados guías como si de una catequesis se tratara. El visitante  suele salir demasiadas veces de estas visitas con la impresión de que ese patrimonio no es de quienes con sus impuestos han pagado su restauración y conservación, pero además enseñado de que Iglesia S.A. siempre aspira a gestionar más recursos:  nunca le es suficiente.

El esquema

A muchos resultará asombroso todo esto y, como en lo sucedido con la compañía bananera que colonizaba el Macondo de García Márquez,  “radicalmente contrario a lo que los historiadores hayan admitido y consagrado en los libros de texto”. Pero, en el fondo y en la forma, lo presupuestado para atención religiosa en residencias públicas por Isabel Díaz Ayuso, reitera ese esquema de actuación inter pares, que se refleja igualmente en capítulos más sustantivos como Sanidad o Educación. Cuando creó la “Dirección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas” tenía que saber que había en la Inspección educativa reiteradas quejas de diversas organizaciones respecto al trato privilegiado que se venía proporcionando a los Colegios concertados, incluidos pagos extras que exigían por sus servicios. Tampoco pudo ignorar que la gran mayoría de esos colegios pertenecen a la caritativa Iglesia S.A,  gestionados por sus congregaciones o comunidades pastorales. En continuidad con otros anteriores, un informe de  mayo de 2019 (de CICAE y de la FAPA Giner de los Ríos) muestra las prácticas comerciales del 90% de estos colegios: "Esto no es una fundación ni una orden católica, es una SL (Sociedad Limitada)"; "es el proyecto educativo de este colegio; si no, hay colegios públicos a los que se puede ir” que no ofrecen complementos escolares. Los precios que exigen contradicen las normas reglamentarias de los conciertos, y las razones que alegan contravienen lo que predican cuando hablan de caridad o cuando –en el plano propiamente empresarial- dicen que la enseñanza privada es más barata que la pública. Sí explican las quejas de madres y padres cuando advierten que “la libertad de elección de centro” está al alcance de muy pocos y que segrega. Este informe está completo en este enlace:  Estudio de precios_Com.Madrid_OLA IV (Ejecutivo, Global y Anexos)_low.pdf  

 A la señora Díaz-Ayuso puede que todo le dé igual, porque lo único que la satisfaga sea que hablen lo que sea, pero que hablen. De todos modos, antes de meterse en más jardines, debiera aclararse con su “liberalismo”, la doctrina bajo la que pretende guarecerse contra sus propias alucinaciones. Si en vez de hablar de oídas leyera a Adam Smith o a John Rawls, entendería que no es liberal quien no rige sus actos por la igualdad de normas para todos, con idéntico conjunto de derechos y deberes. Si no se compromete con esa igualdad, por mucho que perore –y los medios repitan sus fantasías-, su parcialidad en el cargo seguirá siendo  antiliberal. La cooperación a que debe animar –para solucionar problemas y no para crearlos-  será imposible mientras excluya a bastante más de la mitad de sus gobernados. Por mucho que se escude en un supuesto liberalismo, habrá de admitir que ha sido puesta ahí para administrar favores y privilegios, como cualquier cacique de los que pululaban entre Los amigos políticos en la Restauración decimonónica. Hace 2055 años, Cicerón denunció a un personaje eminente como Catilina por abusar de la paciencia de sus conciudadanos. Las sentencias de esta presidenta,  ridículas hojas de parra incapaces de ocultar maneras vergonzantes, están llevando a los madrileños a similar fase de hartazgo. @mundiario

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