¿Será Otegi, exmiembro de ETA, próximo presidente del País Vasco?

Arnaldo Otegi puede ver cumplido su sueño de introducirse en la primera línea de la política en el País Vasco siendo cabeza de lista por EH Bildu en las elecciones del próximo 25 de septiembre.  

A pesar de haber cumplido condena de seis años y medio de prisión por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna y de tener una condena de inhabilitación para empleo o cargo público hasta abril de 2021, la poca concreción de esta última condena puede hacerle candidato legalmente.

La historia de Otegi como miembro de la banda terrorista ETA se remonta a los años 70. En 1977 huyó a Francia tras conocerse su vinculación con un comando de ETA político-militar responsable de la explosión de una gasolinera, de robos de vehículos a mano armada y del asalto al gobierno militar de San Sebastián, así como de varios robos más y la liberación de un miembro de ETA internado en un hospital. En febrero de 1979 participó en el secuestro del director de Michelín en Vitoria, Luis Abaitua, a quien mantuvo oculto en una cueva de Elgóibar durante diez días. En 1987 fue detenido en Francia, y entregado a las autoridades españolas en el puesto fronterizo de Hendaya. En 1989 llega su primera condena: seis años de cárcel por el secuestro de Abaitua. En octubre de 1990 es puesto en libertad provisional tras haber cumplido la mitad de su condena. Ese mismo año fue también acusado y absuelto del atentado e intento de secuestro del entonces diputado de UCD Gabriel Cisneros. En 1991 ingresa en prisión para terminar de cumplir la condena por el secuestro de Abaitua hasta 1993.

Su pasión por la política no es nueva.  En las elecciones autonómicas del 23 de octubre de 1994 se presentó en séptimo lugar en las listas de Herri Batasuna (HB) por Guipúzcoa, aunque no obtuvo escaño. En los 90 también formó parte de aquellos miembros y simpatizantes de ETA que quisieron iniciar un proceso de diálogo sin violencia. Otegi participó en la firma del Pacto de Estella (1998), el cual proponía, para solucionar el conflicto, el inicio de un proceso de diálogo sin «condiciones previas infranqueables» con una segunda fase que exigiría una «ausencia permanente de todas las expresiones de violencia»; propuestas que propiciaron una tregua de ETA.

En las elecciones autonómicas de octubre de 1998 fue candidato de la plataforma Euskal Herritarrok (EH) por Guipúzcoa.

Con la entrada del siglo XXI, Otegi ha vivido los años 2000 entrando y saliendo de la cárcel y gastándose cerca de 700.000 € para eludir la prisión. Todas sus entradas a prisión se han debido a sus declaraciones públicas en apoyo a los miembros de ETA, las cuales han sido tachadas en numerosas ocasiones de “apología del terrorismo”, “enaltecimiento del terrorismo”, otras veces sus comentarios se han considerado “injurias a la Corona”. 

Otegi también en estos años intentó poner en marcha un nuevo partido, Batasuna, lo que sería la nueva HB. Batasuna fue ilegalizada en 2003 en virtud de la Ley de Partidos recién aprobada. Pero en 2009 intentó reorganizar la cúpula directiva de Batasuna, por lo que fue imputado y llevado a prisión. En septiembre de 2011, la Audiencia Nacional condenó a Otegi y al exsecretario general del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, a diez años de prisión por «pertenecer a ETA en grado de dirigentes». Posteriormente, el 9 de mayo de 2012, esta condena les sería rebajada por el Tribunal Supremo a seis años y medio, al considerar que no eran dirigentes de dicha organización. El 1 de marzo de 2016 salió de la prisión de Logroño tras cumplir su condena íntegra.

Tras su puesta en libertad y ya con la intención de ser cabeza de lista de EH Bildu, a pesar de tener una condena de inhabilitación para empleo o cargo público hasta abril de 2021, se ha encontrado de frente con tres partidos políticos que consideran una "burla a las víctimas del terrorismo” que Otegi se presente como candidato a presidir la comunidad autónoma del País Vasco. Estos partidos políticos son: PP, UPyD y Ciudadanos.

En frente, y de brazos cruzados: PNV, Podemos Euskadi y el Partido Socialista Vasco (PSE-EE), quienes ya han declarado que no impugnarán la candidatura de Otegi. Las razones del PSOE para no alzar la voz en contra es, más bien, que se trata de una batalla perdida. Si el Constitucional le inhabilita, Otegi capitalizará la imagen de la contestación y de la "represión política y democrática del Estado" y hará campaña hasta el último suspiro del 25S como si fuera el candidato. Un hecho que le ayudará a aglutinar a quienes critican su gestión, y su enfoque estratégico del nuevo tiempo tras el final de ETA. Si los tribunales mantienen intacto su cuestionado derecho a permanecer en las listas, la izquierda abertzale también habrá ganado y enarbolarán la bandera de que "la voz del pueblo, de los vascos y de los independentistas" han vencido a la España de quienes "persiguen política y jurídicamente a Otegi”. Así lo explica Pedro Gorospe en El País, recogiendo declaraciones de miembros del PNV y PSE-EE.

El martes 16 de agosto se han conocido las declaraciones del Fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro. En una entrevista en RNE, Calparsoro ha indicado que "es verdad que ciertas normas jurídicas admiten diferentes interpretaciones y EH Bildu podrá presentar al candidato que considere que cumple los requisitos y que han elegido sus bases”. "No obstante, hay una sentencia judicial, que es firme, y una interpretación de cómo se ejecuta la pena, que compete al tribunal sentenciador, que en este caso es la Audiencia Nacional, y a la Fiscalía", ha añadido. Por ello, ha indicado que EH Bildu podrá presentar a Arnaldo Otegi como candidato, pero, "al final", prevalecerá "la interpretación de la sentencia que haga el tribunal”.

¿Y cuál es esa interpretación? 

La concreción del empleo o cargo público es de todo punto necesaria para esclarecer los términos del cumplimiento de la pena de inhabilitación especial, pues de no hacerse adquiere la misma amplitud con el principio de proporcionalidad y con el derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos reconocidos en la Constitución, que sólo se puede restringir en los casos taxativamente determinados en el fallo judicial.

Iker Casanova había sido condenado en el caso Ekin por pertenencia a organización terrorista a siete años y medio de prisión, así como a otros tantos de inhabilitación especial «para empleo o cargo público». Pero Casanova salvó su escaño en 2015 como representante de Bildu en el Parlamento vasco pese a que la propia Audiencia Nacional le había inhabilitado por pertenencia a la banda terrorista ETA, como en el caso de Otegi. Y como este caso le inhabilitraon "para empleo o cargo público” pero no se especificó qué cargo. El Código Penal establece que "en la sentencia habrán de especificarse los empleos, cargos y honores sobre los que recae la inhabilitación". 
"La concreción del empleo o cargo público", prosigue, "es de todo punto necesaria para esclarecer los términos del cumplimiento de la pena de inhabilitación especial, pues de no hacerse adquiere la misma amplitud con el principio de proporcionalidad y con el derecho fundamental a la participación en los asuntos públicos reconocidos en la Constitución, que sólo se puede restringir en los casos taxativamente determinados en el fallo judicial", reflejó la resolución de la Fiscalía General en el caso de Iker Casanova. La Fiscalía admitió el error en junio de 2015, pero aseguró no tener herramientas para corregirlo.

Ahora estamos ante un caso igual que el de Casanova y por tanto la pregunta es ¿tendrá la Fiscalía  en 2016 y en el caso de Otegi herramientas para corregirlo?

Arnaldo Otegi sabe muy bien que tiene la sartén por el mango y ha realizado declaraciones recientes al respecto. Concretamente  se ha referido al hecho de que el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, haya manifestado que "no se puede presentar a las elecciones porque tiene suspendido su derecho a sufragio pasivo hasta 2021", y, por lo tanto, a partir de ahí, "no hay nada más que hablar”. Otegi ha asegurado que "claro que hay mucho más que hablar, hay un debate jurídico pendiente", y sus abogados "pondrán en marcha ese debate y pondrán encima de la mesa las razones jurídicas" que les avalan.