La sentencia de Meirás, contraria a los Franco, es el triunfo de un trabajo bien hecho

La prueba documental fue la clave. Es lo suyo en este tipo de litigios. La sentencia que declara el Pazo de Meirás propiedad del Estado se fundamenta en la amplia documentación que acompañaba a la demanda. Se trata de un amplío y exhaustivo informe histórico-jurídico encargado por la Diputación de A Coruña. La coordinación de la parte legal corrió a cargo del profesor de la Universidad de Santiago Xabier Ferreira y de los aspectos históricos se ocupó un equipo encabezado por Emilio Grandío. El trabajo fue encargado por la Xunta pro Devolución do Pazo, en la que además de la institución provincial, están integrados por decenas de ayuntamientos coruñeses, entre ellos el de la capital y el de Sada, y un sinnúmero de entidades, animadas por las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica. Todos están de enhorabuena, aunque saben que ganaron la primera batalla de una guerra que será larga. Los Franco no se van a dar por vencidos a pesar de la contundencia de la derrota.

Para que prosperara la demanda en todos sus términos, también constituyó una notable aportación el dictamen de la Abogacía del Estado, que como es sabido actúa en defensa del interés general, que en este caso era recuperar para el dominio público algo que, como quedó documentalmente acreditado, se compró con el dinero de todos los coruñeses, incluidos aquéllos que sufrieron la represión franquista, quienes combatían el Régimen o simplemente no simpatizaban con él. El pleito en realidad no podía tener otra pretensión, por más justa que pueda parecer una revisión a fondo del procedimiento seguido en su día para poder para conseguir que el Generalísimo veranease en Galicia. Pero esa pretensión, que también sería un acto de justicia aún pendiente, tendrá que ir por otros cauces. O tal vez debe dirimirse en otros ámbitos.

Como planteaba la demanda, la jueza ve mala fe en la forma en que Franco inscribió a su nombre en 1942 un bien que le había sido "donado" en 1938 en su calidad de Jefe del Estado. Pretendía hacerse con la propiedad del pazo para él y su familia sin desembolsar nada a cambio. Aquella compra-venta fue una pura simulación, de ahí su nulidad radical, de la cual a su señoría no le cabe la menor de las dudas. La sentencia es igual de contundente a la hora de establecer que no ha lugar a indemnizar a los herederos del dictador por los gastos que supuestamente tuvieron que afrontar mientras disfrutaron de la que fuera casa solariega de la Marquesa de Pardo Bazán. Quedó acreditado que Meirás se gestionaba en lo básico de la misma forma que El Pardo, por lo cual el mantenimiento y las mejoras las pagaba la Casa Civil del Caudillo, es decir, el erario público.

Seguro que la magistrada Marta Canales es plenamente consciente de que, sin pretenderlo, está haciendo historia con su resolución en el caso Meirás. De ésta sí que puede decirse que es una sentencia histórica. Lo sería incluso aunque la revocase una instancia superior, algo que parece improbable a la vista de su solidez. Pero no hay que llamarse a engaño. Esa trascendencia no abre camino por sí misma, como algunos pretenden, a un proceso que acabe en la incautación por parte del Estado de la mayor parte del patrimonio acumulado por la familia Franco durante los cuarenta años de dictadura. Ni siquiera carga de razón a los que promovieron otras acciones, como la recuperación de las dos estatuas del Maestro Mateo que reclama el Concello de Santiago. Tampoco servirá seguramente para evitar que se sienten en el banquillo "los 19 de Meirás" que en agosto de 2017 ocuparon pacifícamente el Pazo. Su causa está en el Supremo, donde seguramente acabará el litigio sobre la propiedad, por aquello de que en un Estado de Derecho la Justicia ampara incluso a los herederos de un dictador. @mundiario