El Senado de EE UU vota a favor de juzgar a Trump como expresidente
Todas las miradas del mundo se posan sobre Washington DC. Luego de cuatro horas de intenso debate, tal cual una clase magistral de derecho constitucional, el principal órgano garante de la estabilidad en la democracia más poderosa del mundo ha decidido avanzar en el juicio político contra la controvertida figura que llegó a amenazar la integridad misma del sistema democrático. La defensa legal de un magnate ha fallado incluso a pesar de los jugosos contratos con los que adquirió los servicios de los abogados constitucionalistas más experimentados del país.
Y es que plantear el argumento de que no se puede juzgar a un expresidente no ha sido suficiente para evitar dicho escenario, que ahora es una realidad, pues la Constitución misma lo establece. La primera jornada del único segundo juicio político a un expresidente de Estados Unidos ha estado dedicada a decidir sobre la constitucionalidad de realizar el impeachment de un presidente cuando este ya ha abandonado el cargo. Donald Trump solo apela al argumento de la libertad de expresión, pero tergiversado con una interpretación demasiado subjetiva del texto constitucional, lo cual no hace sino reforzar los alegatos de los fiscales demócratas, que aseguran que el exmandatario incurrió en una flagrante incitación a la insurrección. Sus argumentos se han impuesto por encima de los frágiles alegatos del acusado. La primeta batalla de esta guerra la han ganado los demócratas en su intento por inhabilitar a Trump para que se postule nuevamente a la presidencia en las elecciones de 2024.
El Senado ha decidido proceder con el juicio, rechazando el argumento de la defensa de que el proceso es inconstitucional. La Cámara alta ha determinado que juzgar a un expresidente es jurídicamente válido, y por lo tanto, plenamente constitucional. Aunque sea un ciudadano privado, Trump deberá rendir cuentas al mismo órgano del Estado que fue atacado por una turba de sus seguidores extremistas el pasado 6 de enero.
La dinámica del segundo impeachment a Trump
La votación resultó en un 56 contra 44, en la que solo seis senadores republicanos han votado por proceder. Pero aún queda mucho camino por recorrer, pues los demócratas deberán conseguir, al final del juicio, los 17 votos republicanos que les darían la mayoría cualificada (dos tercios o 67 de 100 senadores) para condenar a Trump y vetarlo de por vida para ejercer cualquier cargo público en el futuro. Por ende, lo que sigue de ahora en adelante es una verdadera negociación política entre demócratas y republicanos por el bienestar de la democracia. Su objetivo: aliarse para evitar el regreso del trumpismo. Esa movida no estará exenta de canjes y concesiones que los demócratas deberán dar a los republicanos para recibir a cambio esos valiosos 17 votos con los que Trump quedaría sepultado políticamente para siempre.
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Aun así, este proceso no deja de ser inédito en la historia y tampoco deja de tener un vacío jurídico de fondo que pone a prueba los mecanismos constitucionales: el problema es que ya no hay acusado a quien destituir porque Trump, desde el 20 de enero, ya no es presidente. Entonces, el Senado deberá determinar si existen argumentos legales lo suficientemente sólidos como para votar ahora sobre la constitucionalidad de inhabilitar políticamente a un expresidente, un supuesto que no está estipulado en el máximo ordenamiento jurídico estadounidense.
“Los presidentes no pueden inflamar la insurrección en su última semana de mandato y después irse tranquilamente. Tienen ustedes que permitir que lo juzguemos”, pidió a los republicanos el congresista demócrata Joe Neguse, otro de los gestores del impeachment. Este argumento denota la intención legal del Congreso de evitar la impunidad a favor de Trump, es decir, que el expresidente no pague con algún tipo de sanción por el daño político, democrático e institucional que causó al país incitando a la insurrección y propagando falsas informaciones sobre un fraude electoral que nunca existió.
La posición de la defensa
“El Senado carece de jurisdicción sobre el 45° presidente porque este no ostenta cargo público alguno del que pueda ser destituido, lo cual convierte al artículo del impeachment en irrelevante”, defendieron, por su parte, los abogados de Trump, Bruce Castor Jr. y David Schoen, en un escrito remitido a los gestores de la Cámara de Representantes que desempeñan el papel de acusación (fiscales) en el Senado.
En la otra cara de la moneda, los defensores de Trump buscaban anular la constitucionalidad y la legalidad del proceso, pero no han logrado su cometido y solo les queda presionar a los republicanos descontentos con el expresidente para evitar que den un giro a favor de declararlo culpable, sentencia que solo será alcanzada si 17 senadores republicanos apoyan los argumentos de los demócratas y aprueban la imputación del expresidente.
Entretanto, desde su mansión en Mar-a-Lago, Florida, Donald Trump sigue el proceso con la firme posición de no asistir a testificar de manera presencial, por lo cual podría ser obligado mediante una citación judicial enviada desde el Senado con aval del Tribunal del Distrito de Columbia (Washington DC). Si Trump rechaza el llamado, estaría incurriendo en otro delito además de incitación a la insurrección: desacato, lo que conllevaría a una mayor responsabilidad penal de su parte. El reloj corre y el país observa expectante cómo se tensa la cuerda de un proceso que aún no pierde las posibilidades de una absolución, la misma de la que Trump alardeó hace un año sosteniendo el periódico The New York Times, cuyo titular de cabecera reseñaba: ‘Trump acquitted’ (Trump absuelto, en inglés). @mundiario
