La segunda moción de censura
Grave “error” que da a la imagen de la Justicia y su entorno una sensación de enredo nada constructiva, e induce a una percepción equivocada de la realidad.
El caso Gürtel ha motivado dos mociones de censura. La primera, tras la sentencia de la Audiencia Nacional en la que -considerando demostrado que el PP conocía la procedencia irregular de los fondos que usó para diversos actos- condenaba al partido de la calle Génova como “partícipe a título lucrativo” de dichos fondos, reconociendo que entre PP y Gürtel existía una “relación simbiótica”, tras haber creado “una estructura de colaboración estable”.
La segunda moción de censura se produjo ayer, tras la sentencia del Tribunal Supremo, en la que desestimaba la casi totalidad de las más de cuarenta alegaciones presentadas por los recurrentes, y de hecho venía a ratificar los contenidos de la sentencia de la Audiencia Nacional. Pero esta segunda moción de censura fue tan chocante como muchas actuaciones a las que llevamos varios meses asistiendo en la escena política e institucional. Fue una moción de censura del Tribunal Supremo a sí mismo.
Antes de ser comunicada la sentencia, salió una nota de prensa del propio Tribunal Supremo informando de la misma, y explicando que, si bien se reconocía que el PP era conocedor de que los fondos de los que se lucró eran irregulares, se censuraba a la Audiencia Nacional por haber dado por cierta la existencia de la famosa Caja B del Partido Popular. Una nota que no sólo generó amplio revuelo en los medios de comunicación, e innumerables censuras en las redes sociales, sino que motivó que el presidente del Partido Popular diera por sentado en el pleno del Congreso de los Diputados que se había cometido una descomunal injusticia contra su partido, y llegara a afirmar que la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy se había fundamentado en una mentira.
Varias horas después llegó la moción de censura del propio Tribunal Supremo, desmintiendo esas afirmaciones de su primera nota de prensa, y reconociendo que en la sentencia no se habían considerado “excesivas” las afirmaciones de la Audiencia Nacional sobre la existencia de la Caja B; y achacando a “un error” tales afirmaciones de su propia nota de prensa de la mañana.
Por si no fuera poca la tensión que algunos se empeñan en generar en el panorama político e institucional, aparece no una errata sino un “error”, precisamente en la interpretación de un punto tan sensible, y que además está pendiente de consideración judicial en otros procedimientos actualmente abiertos.
Es inevitable la pregunta: ¿Los responsables de comunicación del Tribunal Supremo no consideran suficientemente delicada una nota explicativa de tan relevante sentencia como para poner un especial esmero en no generar equívocos? ¿No es sorprendente que el supuesto error se haya producido, no en relación con el número de años o de meses de las condenas, sino en el enrevesado asunto de interpretar una supuesta censura a la sentencia de la Audiencia Nacional, y en tergiversar las afirmaciones de la propia sentencia del Supremo, precisamente en un tema que -como se ha visto- iba a desatar pasiones?
Es imprescindible, en aras de la transparencia, que el Supremo aclare quién ha sido el causante del tropiezo que ha desbocado durante horas la polémica y ha caldeado el ambiente político, dejando en entredicho la propia credibilidad de los magistrados de la sala que, por unanimidad, han emitido la sentencia. Y, por supuesto, procede preguntar al Supremo qué responsabilidades se exigirán por tamaño desaguisado.
Una nota con semejante error de contenido tiene las trazas o de ser intencionada (malintencionada en este caso), o fruto de la ineptitud. En ambos casos, grave “error” que da a la imagen de la Justicia y su entorno una sensación de enredo nada constructiva, e induce a una percepción equivocada de la realidad. Véase si no el aprovechamiento propagandístico del Partido Popular, con Casado hablando de la supuesta “mentira” de la moción de censura, y con Rajoy calificando de “reparación moral” a una sentencia que lo que hace es certificar definitivamente que el Partido Popular lleva veinte años lucrándose de una financiación irregular. @mundiario
