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MUNDIARIO

El secreto profesional del periodista, indispensable en una democracia

Sin asegurar a las fuentes el necesario anonimato, casos de corrupción y escándalos políticos y financieros no llegarían las más de las veces al conocimiento de la opinión pública y a la propia Justicia.

El secreto profesional del periodista, indispensable en una democracia
El secreto profesional del periodista, indispensable.
El secreto profesional del periodista, indispensable.

Una de las más acusadas características de nuestra Constitución es su carácter normativo, es decir, que crea derechos desde el mismo momento que el texto o enunciado de los mismos está plasmado en uno de sus artículos, e invocable y exigible, aunque no haya sido desarrollado puntualmente por una ley posterior, como ocurre, por ejemplo, con el Derecho de la Cláusula de Conciencia de los Periodistas. Pero el Derecho al Secreto Profesional no es un mero enunciado, sino que puede ser invocado y al que se pueden acoger los periodistas al amparo de la Constitución. El problema es que unos jueces lo entienden así y otros no. Ocurre lo mismo con el Derecho a la Libertad de Expresión en su conjunto, (art. 20. CE) en general, en cuanto a uno de sus tres aspectos esenciales, según nos enseñaba el profesor Desantes, primer catedrático de Derecho de la Información de España: el Derecho a divulgar, el derecho a recibir información sobre hechos de interés general y sobre todo el derecho a investigar, que ejercemos los periodistas.

Un viejo aforismo de la profesión indica: "fuente relevada, fuente cegada". Es evidente que la relación entre las fuentes y los informadores se basa en la mutua confianza. Anonimato para la primera, fiabilidad para la segunda. El ejercicio del periodismo comporta la lenta y costosa configuración a lo largo de los años de una agenda de contactos a los que se accede trabajosamente por la simpatía, la capacidad de relación social, el ingenio o incluso el azar. Otras veces, las fuentes confían en el prestigio y la seriedad profesionales del periodista o, incluso, poseen interés directo en utilizarlo. Ambos se utilizan entre sí.

El apartado d) del artículo 20.1.D de la Constitución señala que los españoles tienen derecho “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”.

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Al periodista no se le puede privar de sus medios de trabajo.

El secreto profesional de los periodistas se diferencia del secreto profesional general por el objeto: en el primer caso, el objeto son las fuentes de la noticia; en el segundo, los hechos o la noticia misma. Además de las leyes (incluso antes que ellas lo hicieran), la tradición y la costumbre han investido a ciertas personas y profesiones de la confianza de los demás.  El periodista encaja perfectamente dentro de este grupo. Su secreto profesional tiene sentido.

Pero, desde el punto de vista jurídico, el secreto profesional del periodista tiene unas características propias que lo diferencian de los demás. Se sitúa la facultad del periodista de guardar silencio preferentemente frente a jueces y tribunales, pero no solamente ante ellos. Configurado como derecho y como deber, desde una perspectiva deontológica, es una figura jurídica que ampara la posibilidad de guardar silencio erga omnes, esto es, frente a los poderes públicos, los editores o los directores del medio de comunicación para el que se trabaje, o frente a terceros en general, sobre las propias fuentes de información. Esta actitud no sería ni penalmente punible, ni administrativa o laboralmente sancionable.

El anonimato de las fuentes

Por medio de este derecho se garantiza al periodista la capacidad de asegurar a sus fuentes el necesario anonimato. Es también una garantía de protección del derecho a la información pasiva del público: casos de corrupción y escándalos políticos y financieros no llegarían las más de las veces al conocimiento de la opinión pública (y en la mayoría de los casos, de los propios tribunales de justicia), si previamente no hubieran sido descubiertos y ventilados por los medios de comunicación que cumplen así su más importante función social, la de actuar como un contraponer neutral y eficiente, sobre todo frente a determinados poderes fácticos. En cuanto a los límites del secreto profesional (que al igual que cualquier otro derecho o libertad no es absoluto) es claro que aquél debe ceder ante otros derechos de interés superior.

Tales son los casos en que se halle comprometida la seguridad del propio Estado, o delitos de sedición o rebelión, los atentados contra la vida o la seguridad de las personas. En este supuesto, el periodista que se negara a revelar sus fuentes podría verse incurso en un delito de desobediencia, del artículo 237 del Código Penal.

Rigo Vallbona sostiene que el deber del secreto profesional es una obligación de orden e interés público que, con fundamento moral y social, nace como consecuencia de un conocimiento adquirido por una persona, en razón o motivo del ejercicio de la misma de una profesión cuya existencia y desempeño son necesarios a los miembros de la sociedad en un determinado estado de cultura, en virtud de la cual obligación, el profesional no puede comunicar a otros aquel conocimiento. 

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Si el periodista no asegura confidencialidad las fuentes se ciegan.

Cuando la libertad de expresión es ejercitada por el periodista alcanza una dimensión especial, subraya Ruíz Vadillo: Esa dimensión especial y plural sui géneris no trae causa de que al periodista se le otorgue una patente o protección especial, sino porque "la libertad de expresión, referida a los medios de comunicación, representa una de las esencias de la sociedad democrática. Sin posibilidad de información no hay sociedad conocedora de sus posibilidades, y sin este concepto no hay libertad, que supone, por naturaleza, el conocimiento de todas o de la mayor parte de las posibilidades de elección en cualquier orden de la existencia".

El periodista disfruta, como cualquier otro ciudadano, de los mismos derechos y está sujeto a los mismos deberes. Pero la especificidad de su función requiere también específico tratamiento en orden, no ha garantizarle privilegio personal alguno, sino la trascendencia de la función social que ejerce al servicio del conjunto de la sociedad.

Navegar por mares procelosos

Como enseña el profesor Marc Carrillo, los periodistas precisan con frecuencia adentrarse en toda suerte de mares, en toda clase de ambientes y situaciones, si desea informar, realmente, con objetividad y materia prima fiable y de primera mano de lo que ocurre en la sociedad y en este sentido, destaca:: “Utilizar fuentes confidenciales constituye una necesidad profesional de primer orden y, de hecho, los periodistas más combativos son usualmente los que tienen más posibilidades de encontrar las informaciones ocultas.  Pero quien informa de estas cuestiones, por las razones que sean, quiere conservar el anonimato, ya que en otro caso el dar información podría suponerle perjuicios personales.  De aquí surge la necesidad de proteger al periodista cuando no quiere revelar su fuente de información y es lógico que así lo haga: de un lado, no es ético revelar la fuente cuando ésta ha pedido mantenerse en el anonimato; por otro lado, revelar la fuente de información significa cerrarse las puertas a nuevas confidencialidades”.

El mayor conflicto se produce cuando la información se refiere a hechos delictivos, y la necesidad de anonimato de las fuentes del periodista colisiona con los elementos de orden público, protegidos por la Ley.  El respeto a la confidencialidad de las fuentes, en el caso del periodista, va más allá de un deber ético, de un compromiso deontológico para acogerse al interés de mantener una comunicación pública auténticamente libre, como subraya el profesor Gómez Reino. @mundiario