Santos Cerdán: patrimonio modesto, sombras millonarias

En un país donde la desconfianza hacia la clase política amenaza con cronificarse, el caso de Santos Cerdán resuena como un eco del pasado que muchos pensaban superado. La escena es paradójica: un dirigente que hasta hace dos semanas formaba parte del núcleo duro del PSOE, acude al Tribunal Supremo con documentos que describen un patrimonio modesto —una vivienda adquirida hace 30 años, un coche familiar y tres cuentas corrientes con un saldo total que apenas alcanza los 49.000 euros—, mientras el juez instructor le señala como pieza clave de una trama que habría desviado millones de euros públicos.

Cerdán, detenido e ingresado en prisión provisional en Soto del Real, mantiene que sus cuentas son “transparentes”. Y tal vez lo sean. La cuestión de fondo, sin embargo, no es solo si el exdiputado navarro ha ocultado dinero en paraísos fiscales, sino si participó o no en un entramado que, valiéndose de su influencia política, habría facilitado adjudicaciones irregulares en plena pandemia. Un contexto en el que los contratos de emergencia, la opacidad y la urgencia se convirtieron en terreno fértil para la corrupción.

El juez Leopoldo Puente no ha tenido dudas al ordenar su ingreso en prisión: el supuesto “botín” podría superar los cinco millones de euros y hay indicios de que el lucro alcanzó a más personas. La gravedad de los delitos —cohecho, organización criminal, tráfico de influencias— hace que las cifras declaradas por Cerdán no solo resulten poco relevantes, sino casi anecdóticas frente a la magnitud del escándalo.

Porque el verdadero problema no es si Cerdán tiene 49.000 o 490.000 euros en el banco. Lo realmente preocupante es cómo un alto cargo orgánico de un partido que se proclama socialdemócrata y defensor de la ética pública pudo acabar señalado como presunto engranaje de una red de favores, comisiones y contratos amañados. La sensación de impunidad es lo que erosiona la confianza ciudadana mucho más que cualquier piso de 90 metros en Milagro.

A nivel formal, Cerdán ha cumplido con todos los trámites legales. Declaró su vivienda, su coche (un Volvo XC60 T6) y sus ahorros. En el Congreso actualizó su declaración de bienes al dejar el escaño, reflejando un ingreso de 79.184 euros anuales. A partir de ahora, recibirá durante seis meses una retribución de 3.200 euros brutos mensuales como indemnización por haber sido diputado durante tres legislaturas. Pero el problema ético va más allá de las cifras: si el exsecretario de Organización del PSOE participó en un sistema para enriquecerse ilícitamente mediante su cargo, ni su renta declarada ni su modesta apariencia patrimonial servirán de coartada.

Conviene recordar que Santos Cerdán no era un dirigente cualquiera. Su proximidad a Pedro Sánchez le convertía en uno de los rostros más reconocibles del aparato socialista. Fue él quien, junto a José Luis Ábalos y Koldo García, tejió alianzas, deshizo resistencias internas y negoció pactos clave. Su ascenso fue meteórico, su caída fulminante. Lo que empezó con un informe de la UCO ha desembocado en un terremoto político con réplicas aún difíciles de medir.

El PSOE, que reaccionó obligando a Cerdán a abandonar su escaño el pasado 16 de junio, intenta ahora cerrar filas y desmarcarse del caso. Pero los daños ya están hechos. Cada revelación que involucra a figuras cercanas al poder ahonda en la sensación de que el sistema no solo es vulnerable, sino que ha sido infiltrado por quienes deberían protegerlo.

La cuestión que muchos ciudadanos se hacen es elemental: si Cerdán dice no haberse enriquecido, ¿dónde está el dinero? Y si realmente no lo recibió, ¿quién se benefició de los cinco millones que, según el juez, se desviaron? Por ahora, no hay respuestas claras. Solo un cúmulo de contradicciones, sospechas y una prisión preventiva que, más que una condena anticipada, es un indicio de que el caso apenas comienza.

Más allá de la legalidad estricta, lo que se dirime es la salud moral del sistema democrático. Cuando los representantes públicos parecen confundirse con los intereses privados, cuando la lealtad partidista se impone sobre el interés general, la política se degrada. Y con ella, la democracia.

El caso Cerdán no debe cerrarse en falso ni convertirse en arma arrojadiza entre partidos. Lo que necesita España no es más escándalo, sino más transparencia, más rendición de cuentas y más ejemplaridad. Porque si los altos cargos del sistema utilizan su posición para enriquecerse o facilitar que otros lo hagan, lo que está en juego no son solo millones de euros: es la legitimidad de todo el edificio institucional. @mundiario