Buscar

MUNDIARIO

¿Supera Sánchez a Rajoy en el uso indecente del Abogado del Estado?

El abogado del Estado tiene como función tasada prestar asistencia jurídica al Estado y a sus correspondientes organismos. Además, lleva a cabo la representación y defensa de los órganos constitucionales, cuyas normas internas no establecen un régimen especial propio.

¿Supera Sánchez a Rajoy en el uso indecente del Abogado del Estado?
Sánchez ha superado a Rajoy pero los dos han hecho mal uso de la abogacía del Estado.
Sánchez ha superado a Rajoy pero los dos han hecho mal uso de la abogacía del Estado.

¿Supera Pedro Sánchez a Mariano Rajoy en el uso indecente del Abogado del Estado? Desde que el Gobierno de Mariano Rajoy decidió que la abogacía del Estado se inhibiera en el proceso contra la infanta Cristina en el “Caso Nóos”, pasando a integrarse en el núcleo de los defensores, los atónitos ciudadanos españoles no habíamos asistido al –no por menos esperado– pasteleo del Gobierno con respecto a un caso de tal gravedad como el de la secesión catalana. Pero moralmente es todavía peor, cuando la rebaja en la calificación de los hechos cometidos por los procesados es el contravalor para que sus conmilitones permitan que el actual presidente del Gobierno, instalado en la Moncloa con sus votos, pueda seguir por más tiempo donde lo pusieron quienes justamente quieren desmantelar el Estado, que Pedro Sánchez se supone que debe defender.

Como su propio nombre indica, el abogado del Estado es un profesional del Derecho que tiene como función tasada prestar asistencia jurídica al Estado y a sus correspondientes organismos autónomos. Además, llevan a cabo la representación y defensa de los órganos constitucionales, cuyas normas internas no establecen un régimen especial propio. Los abogados del Estado son el cuerpo jurídico de la Administración Pública. Y tal como determina el artículo 551.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial su misión es “La representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, así como la representación y defensa de los órganos constitucionales cuyas normas internas no establezcan un régimen especial propio, corresponderá a los Abogados del Estado integrados en el Servicio Jurídico del Estado. Los Abogados del Estado podrán representar y defender a los restantes organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal, en los términos contenidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y disposiciones de desarrollo”.

Tras leer este artículo uno se pregunta qué tienen que ver las funciones que se le atribuyen con el uso que Pedro Sánchez y su Gobierno acaban de hacer sobre la función que con prioridad atañe a un abogado del Estado: la defensa de la Constitución, de la Ley y del interés general del Estado. Cuando se celebre la vista oral del proceso (ahora ya duda uno de que hasta se llegue a celebrar), asistiremos al nada edificante espectáculo de que mientras el fiscal, menos mal, mantiene que los justiciables incurrieron en un delito de rebelión, el abogado del Estado diga que la cosa no fue para tanto y se desdiga de su propio criterio inicial porque desde la Moncloa le han dicho que baje el tono, en orden a facilitar –como ya se ha anunciado– las previsibles medidas de gracia que forman parte del guión.

Nos avisaron con tiempo

Pero no podemos sorprendernos, porque nos avisaron con tiempo, y en el mismo orden han ido creando el ambiente necesario a su objetivo: contentar a los independentistas para que sigan apoyando a Sánchez, obviamente a cambio de que los efectos del proceso se diluyan sin responsabilidades finales para los políticos previos. Desde que la señora Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña lanzó el globo sonda de que los presos tenían que estar en la calle y finalmente indultados, la hoja de ruta se ha cumplido inexorablemente, con los apoyos precisos para ir influyendo en la opinión pública. Y así, Pedro Sánchez, como tiene por costumbre, se desdecía de lo que afirmaba hace cinco meses, y afirmaba que ahora ya no veía la imputación de rebelión: “el Gobierno entiende que para que exista ese delito tendría que haber uso de armas”.

De modo que, para la abogacía del Estado, como le manda el gobierno, el asunto se reduce a un delito de sedición, definido en el Código Penal como un alzamiento “tumultuario”. ¿Qué razones, aparte del peaje que Sánchez debe pagar para seguir en la Moncloa, se han producido para desdecirse del escrito presentado en agosto ante el Supremo, donde ahora el que rebaja se solicitaba la apertura de juicio oral por rebelión, malversación y desobediencia?

Pero, mentira tras mentira, tras la reunión del Gobierno para tratar el asunto se dice que se ha dejado al abogado del Estado “manos libres” para que proceda según su criterio. Ya vimos cuál era. Menos mal que, al menos la fiscalía –aunque ya veremos–  mantendrá la calificación de rebelión, delito contenido en el artículo 472 del Código Penal que castiga a los que se alcen “violenta y públicamente” para una serie de fines, entre ellos, declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Se atribuirá a los nueve procesados que están en prisión, aunque entre ellos la Fiscalía establecerá distintos niveles de responsabilidad.

¿Qué es un abogado del Estado”

Un abogado del Estado es un alto funcionario de carrera al servicio de la Administración pública que, se supone, que debe velar por el interés general. No escoge a su cliente ni los casos, sino que atiende los que le encomienda el Estado.  Se supone que tienen una especial sensibilidad al servicio del Estado, pero con frecuencia es la puerta de entrada para otras carreras, como en el caso de la que fuera vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal o ex presidente de Banesto, Mario Conde.

Acusan o defienden en nombre del Estado, según el caso a las órdenes del Gobierno en todo tipo de casos, que incluye la defensa de los propios funcionarios del Estado, acusados por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, siempre que haya actuado conforme a la legalidad o cumpliendo órdenes de la autoridad competente. Los abogados del Estado también actúan como defensores en aquellos supuestos en los que el Estado pueda ser condenado como responsable civil subsidiario.

Tradicionalmente, están considerados un cuerpo de élite dentro de la Administración de Justicia. Hasta que el PSOE promulgó la Ley de Incompatibilidades, y conforme denunciaron los miembros de mayor sensibilidad ética de este cuerpo, gozaban de escandalosos privilegios y, muchos de ellos, compatibilizaban la teórica defensa del Estado con trabajos de asesoramiento, muy bien retribuidos, especialmente a empresas y bancos, de suerte que, en no pocos casos, estos abogados asistían no oficialmente a quienes justamente tenían pleitos contra quien tenía el deber de defender. Este cuerpo, con idénticas funciones a las actuales fue creado por Real Decreto de 11 de marzo de 1881.

En no pocas ocasiones se ha echado de menos mayor esmero y contundencia en defensa del Estado, como ocurrió cuando, tras la entrada de España en la Unión Europa decayeron los procesos por contrabando contra las mafias gallegas, cuya actividad quedó impune doblemente, destacando otros delitos conexos con el principal como el tráfico de divisas y otros. @mundiario