Sánchez resiste, la oposición acusa y Adamuz sigue sin explicación

La tragedia de Adamuz, que costó la vida a 46 personas y dejó decenas de heridos, llegó al hemiciclo con la expectativa de esclarecer responsabilidades y ofrecer certezas. Sin embargo, el debate parlamentario derivó en un enfrentamiento político de alto voltaje en el que las explicaciones técnicas quedaron en segundo plano frente al cruce de reproches.

El pleno, de más de seis horas, tenía como objetivo abordar tanto las causas del siniestro como la situación de tensión en distintos puntos de la red ferroviaria, especialmente en Cataluña. Pero la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se transformó en una suerte de debate sobre el estado de la nación, donde cada grupo aprovechó para ajustar cuentas.

La ofensiva de las derechas

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, endureció el tono desde el inicio. Acusó al Gobierno de haber actuado con negligencia y de haber desatendido advertencias previas sobre el estado de la infraestructura. En su intervención, llegó a afirmar que el Ejecutivo “ha jugado a la ruleta rusa” con la seguridad ferroviaria y auguró que tanto el presidente como el ministro de Transportes, Óscar Puente, podrían acabar respondiendo ante la justicia si se acreditan responsabilidades.

Feijóo sostuvo que el accidente pudo evitarse y aludió a comunicaciones sindicales que alertaban de incidencias en el tramo afectado. En paralelo, amplió su crítica a otros frentes, desde la gestión económica hasta casos judiciales vinculados a antiguos cargos socialistas, dibujando un panorama de deterioro institucional.

Vox, por su parte, se sumó a la acusación frontal. Santiago Abascal calificó el siniestro como un “crimen” político y acusó al Ejecutivo de escudarse en foros internacionales para eludir responsabilidades. Aunque sin mencionar expresamente al PP, su discurso coincidió en el diagnóstico de que el Gobierno deberá rendir cuentas ante los tribunales.

Sánchez se atrinchera en los datos

Frente a las acusaciones, el presidente optó por una defensa apoyada en cifras. Reivindicó el volumen de inversión en infraestructuras ferroviarias durante su mandato y negó que exista un déficit estructural de mantenimiento. Admitió que, una vez concluyan las investigaciones, se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse, pero rechazó asumir errores antes de que se determinen las causas técnicas del accidente.

El enfrentamiento alcanzó su punto más áspero cuando Sánchez y Feijóo compararon la gestión de Adamuz con la del accidente de Angrois, en 2013, que dejó 80 fallecidos. El cruce de responsabilidades históricas evidenció hasta qué punto el debate había abandonado el terreno técnico para instalarse en la confrontación política.

Los socios piden más que defensa

Si la derecha apuntó al “banquillo”, los aliados parlamentarios del Gobierno reclamaron otra cosa: autocrítica y rumbo político. Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, BNG y Compromís coincidieron en que la legislatura necesita un impulso social más decidido ante el avance de la ultraderecha.

La portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, defendió la transparencia del Ejecutivo frente a etapas anteriores, pero reprochó al presidente cierto “inmovilismo” en políticas sociales. Gabriel Rufián, desde ERC, combinó la crítica a la oposición con el reconocimiento del deterioro del servicio de Rodalies en Cataluña, al tiempo que pidió respuestas más ambiciosas.

El PNV, en una posición más templada, censuró tanto el catastrofismo de la oposición como la falta de autocrítica del Ejecutivo, subrayando que la ciudadanía espera soluciones concretas, no una escalada retórica.

Junts, ya fuera del bloque de investidura, insistió en denunciar el abandono de los servicios públicos en Cataluña y en cuestionar la ejecución presupuestaria del Estado en esa comunidad.

Un debate sin certezas

Más allá de la intensidad del intercambio parlamentario, el dato central permanece inalterado: casi un mes después del siniestro, las causas exactas del accidente de Adamuz siguen sin esclarecerse. La Comisión de Investigación continúa trabajando, pero el debate político ha corrido más rápido que las conclusiones técnicas.

El pleno que debía ofrecer claridad dejó, en cambio, una fotografía de polarización extrema. Las derechas sitúan ya al Gobierno ante la posibilidad de responsabilidades penales. Los socios exigen rectificaciones políticas. Y el Ejecutivo se aferra a las estadísticas mientras promete actuar cuando haya resultados definitivos.

Entre tanto, las víctimas y sus familias aguardan respuestas que trasciendan la dialéctica parlamentaria. Porque, en última instancia, el epicentro del debate no está en el hemiciclo, sino en las vías donde se produjo la tragedia. @mundiario