Roberto L. Blanco Valdés: "España es sin duda un Estado de naturaleza federal"

Roberto L. Blanco Valdés (A Estrada, 1957), catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, autor de libros sobre constitucionalismo y comentarista de la TVG, la Radio Galega y La Voz de Galicia, considera que su nuevo libro, Luz tras las tinieblas, es "una buena guía para aquellos que sabiendo que las cosas han mejorado en estos últimos 40 años de una forma excepcional" no son capaces a veces de "argumentar frente al discurso denigratorio de la España constitucional".

"Por eso –explica Blanco Valdés– he ido repasando en esta obra todas las cuestiones esenciales para construir un discurso moderno, democrático y constitucionalista: el contraste entre la España del enfrentamiento y la del abrazo de todos los españoles, la notable densidad de España de los derechos y libertades, la utilidad de la monarquía parlamentaria para nuestra democracia, aquello que debemos conservar en nuestro régimen político y aquello que deberíamos cambiar, los problemas del poder judicial, las formas de defensa de la España democrática y la problemática de la estructura territorial del Estado." 

"Y todo ello para acabar con una reflexión final, a modo de epílogo, sobre la debatida cuestión de la reforma constitucional, asunto sobre el que se dicen, por desgracia, muchas más tonterías de las que parece", concluye este autor. MUNDIARIO le ha entrevistado.

– En su ensayo titulado Luz tras las tinieblas. Vindicación de la España constitucional (Alianza Editorial, Madrid, 2018) constata que España emprendió en 1978 la mejor etapa de su historia. ¿Por qué es necesario vindicar hoy la España constitucional?

– La Constitución de 1978 fue la primera de las aprobadas en España que resultó el fruto de un amplio consenso político y no de la imposición de una parte del país sobre otra u otras. Además, la Constitución ha demostrado una gran flexibilidad para irse adaptando a los cambios que ha experimentado España desde 1978, bien a través de la labor legislativa de las Cortes y los parlamentos regionales, bien de las sucesivas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional. Como trato de explicar de forma detallada en mi libro, todo ello ha permitido al texto constitucional contribuir, junto con el gran esfuerzo de la sociedad y de sus instituciones, a abrir un profundo proceso de cambio que ha convertido la España actual en la mejor que jamás hemos disfrutado, sea cual sea el ángulo desde el cual se observe la realidad: el de la calidad de nuestra democracia, comparable a la existente en la mayoría de los países de nuestro entorno; el de la amplitud y protección de los derechos y libertades; el de la densidad de nuestro Estado social; el de la descentralización o, sin pretender agotar sus logros, el de la estabilidad democrática y la gobernabilidad, muy alta en el período 1982-2015.

– ¿A qué atribuye que desde ciertos sectores políticos se cuestione la Carta Magna cuando usted sostiene que la Constitución permitió la construcción de un Estado social y la creación de un verdadero sistema de derechos y libertades?

– Bien, es lógico que exista tal cuestionamiento, pues en la sociedad española, uno de los cuyos valores esenciales, recogido en la propia Constitución, es el pluralismo, existen diferentes visiones sobre el pasado, el presente y el futuro. Quienes son republicanos aspiran a transformar la forma de Gobierno y quienes están en contra de la descentralización, a acabar con el llamado Estado de las autonomías. Todo ello no es que sea inevitable, es que constituye la esencia misma de la sociedad democrática. Otra cosa distinta, y ahí entramos en el terreno de lo que no me parece admisible, es que en defensa de previsiones constitucionales distintas a las vigentes, se mienta sobre los contenidos de nuestra ley fundamental o se minusvaloren, hasta el grado de la manipulación de la opinión pública, los logros de esta España constitucional, que tiene sin duda muchas cosas mejorables, pero está a años luz, en su favor, de todas las Españas existentes en el pasado.

Portada del libro Luz tras las tinieblas, de Roberto L. Blanco Valdés. / Mundiario

– ¿Por qué España no se autodefine como un Estado federal si tiene una descentralización equiparable a la de cualquier sistema federal occidental?

– Por una razón muy fácil de explicar: porque cuando se elaboró la Constitución en 1978 no se sabía cual iba a acabar siendo la estructura territorial del Estado. La Constitución no define tal estructura, pues tras establecer algunos principios esenciales (los de unidad, autonomía y solidaridad en su artículo 2º y un orden de distribución de competencias en sus artículos 148 y 149) se limita a fijar los procedimientos a través de los cuales podrá llevarse a cabo la descentralización, pero sin definir ni cuantas comunidades autónomas podría haber en el futuro ni su grado –igual o diferente– de descentralización. Tras la apertura de ese proceso, y sobre todo tras el gran giro político su supusieron los acuerdos autonómicos de 1981, España caminó de forma decidida hacia la federalización, y hoy el español es sin duda un Estado de naturaleza federal, más allá del hecho de que la Constitución, por las razones que acabo de explicar, no lo defina así. Uno de los federólogos más prestigiosos del mundo, Ronald Wattts, lo explicó en su día con una meridiana claridad: “España es una federación en todo menos en el nombre”. Los que lo ponen en duda lo hacen siempre por razones políticas interesadas o, en otros casos, por pura y simple ignorancia.

– ¿Qué reformas constitucionales ve indispensables y a la vez susceptibles de un consenso político no inferior al de la Constitución de 1978?

– Reformas susceptibles de generar un consenso político no inferior al de 1978, ninguna con toda claridad, pues en 1978 el entonces nacionalismo catalán moderado (Convergencia Democrática) apoyó el texto constitucional y hoy se ha echado al monte de la insurrección institucional. Tampoco creo que haya reformas indispensables (es decir, sin las cuales el país no pueda funcionar) aunque, de haber acuerdo, sería sin duda muy conveniente adoptar algunas medidas que mejorasen el funcionamiento del Estado autonómico: entre ellas, por ejemplo, reducir sus costes eliminando duplicaciones, reforzar la coordinación política y la colaboración institucional o replantear el mapa de competencias, por ejemplo para aumentar el papel del Estado central en materia educativa. En la Constitución debería quedar claro, como quedó en la Constitución de la II República, que el castellano debe ser también, aunque no sólo, lengua vehicular en la enseñanza, para evitar disparates como el de la inmersión lingüística catalana. El problema –lo explico en el libro con detalle– es que en España no tenemos un problema territorial sino dos, que exigen soluciones contradictorias: por un lado, la mejora del funcionamiento del Estado autonómico, a la que acabo de aludir, y, por otro lado, el llamado problema nacional que, aun en el caso de que los secesionistas renunciasen a la insurrección, exigiría caminar hacia una España confederal que antes o después acabaría con el Estado que garantiza la igualdad ante la ley de todos los españoles, la solidaridad entre sus territorios, la cohesión social y la prevalencia de la condición de ciudadano frente al sectarismo nacionalista.

– ¿Cree que las nuevas generaciones valoran suficientemente que España disfruta del más largo período de estabilidad democrática?

– Creo que son conscientes en su gran mayoría de que este es el mejor país que hemos tenido jamás, aunque, por su edad, los jóvenes tiendan a sentirse insatisfechos, lo que resulta una situación connatural a su edad. Aunque suene a tópico insistir en ello, esta es la primera generación de jóvenes españoles que viaja de forma general, habla lenguas extranjeras muy ampliamente y ha accedido en altísimo porcentajes a la Universidad o a una formación profesional especializada. Es verdad que el discurso denigratorio de la España constitucional, que tanto critico en el libro y cuya falta de fundamento trato de razonar en él de forma muy detallada, ha calado entre una parte de la juventud española que se ha visto muy golpeada por la crisis y que no trabaja o lo hace de forma muy precaria. Pero creo que es nuestra obligación explicar a estos jóvenes desencantados con la España constitucional que de una parte de las soluciones que se les ofrecen podría decirse aquello que afirmaba el periodista norteamericano Henry Mencken, conocido como El Sabio de Baltimore: “Que para todo problema complejo hay siempre una solución rápida, sencilla… y equivocada”. @mundario