El reto de blindar el aborto: cuando la igualdad se convierte en cuestión de Estado
España se encuentra, una vez más, ante un espejo incómodo. Cuarenta y seis años después de aprobar una Constitución que abrió la puerta a las libertades democráticas, el país se enfrenta a la pregunta de si esas libertades deben reforzarse ante el riesgo de retroceso. El Gobierno ha dado un paso relevante —aunque lleno de obstáculos— al anunciar su intención de consagrar el derecho al aborto en la Carta Magna. Una propuesta con una clara carga política, jurídica y moral que no se entendería sin el contexto actual: el auge de los discursos ultraconservadores que, en España y fuera de ella, buscan reescribir los límites de la autonomía femenina.
Ana Redondo, ministra de Igualdad, lo resumió con contundencia: “Hay una ola reaccionaria que viene”. Y no exagera. Los retrocesos en Polonia, Hungría o algunos estados de EE UU muestran que los derechos de las mujeres no son conquistas eternas, sino logros frágiles que pueden desmoronarse al compás del populismo y la desinformación. En este sentido, la decisión de “blindar” el aborto en la Constitución no solo pretende garantizar un derecho sanitario y personal, sino también enviar un mensaje político: que la igualdad no se negocia.
No obstante, la maniobra del Gobierno no está exenta de lecturas estratégicas. La reforma constitucional exigirá mayorías reforzadas en el Congreso y el Senado —tres quintos en ambas cámaras—, un listón prácticamente inalcanzable en el clima de crispación actual. El Ejecutivo sabe que el camino será arduo, pero el gesto en sí mismo busca marcar una frontera ética frente a quienes aún pretenden imponer su moral privada sobre los cuerpos ajenos.
El debate, sin embargo, se ha visto intoxicado por la confrontación personal y el ruido mediático. Las declaraciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acusando al presidente del Gobierno de “machito”, abrieron un nuevo episodio de confrontación, al que la ministra de Sanidad, Mónica García, respondió con la contundencia habitual: “Machito es decirle a las mujeres que se vayan a abortar a otro sitio”. Más allá de los titulares, el intercambio revela el tono de un debate político degradado, donde la descalificación sustituye al razonamiento y la empatía se diluye en la estrategia partidista.
Mientras tanto, el Partido Popular ha aprovechado el foco mediático para presentar su plan de inmigración, con el que propone “elevar el nivel de exigencia cultural y lingüística” para obtener la nacionalidad española. La coincidencia temporal no es casual: en un momento en que el Gobierno defiende una ampliación de derechos, la oposición ofrece un discurso que apela al miedo y la identidad nacional. No es solo una cuestión de matices ideológicos, sino de modelos de país. Como señaló la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, “ese tipo de propuestas rezuman un tufo xenófobo muy preocupante”.
El contraste entre ambos enfoques —la ampliación de derechos frente al cierre identitario— no podría ser más elocuente. En un país donde el acceso al aborto sigue dependiendo, en la práctica, del código postal o del ideario político de cada comunidad autónoma, el intento de elevar este derecho a rango constitucional busca garantizar una igualdad efectiva entre las mujeres, vivan donde vivan. Pero también se enfrenta al escepticismo de una ciudadanía que percibe la política más como espectáculo que como instrumento de progreso.
España se juega mucho más que una reforma legal: se juega su coherencia democrática. Proteger el derecho a decidir no es una cuestión de ideología, sino de justicia y de libertad. Blindarlo constitucionalmente sería una forma de reconocer que las conquistas sociales no pueden depender de quién gobierne, ni de las modas del momento.
En un tiempo de desconfianza y ruido, donde los debates sobre derechos se reducen a consignas, la política necesita recuperar la altura moral y la serenidad intelectual de quienes entienden que gobernar no es agitar banderas, sino construir un país más digno e igualitario. Porque si la democracia no garantiza la autonomía de las mujeres, ¿qué clase de democracia estamos defendiendo? @mundiario