Este es el precio que paga la Generalitat por su dependencia de la CUP

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Vandalismo impune en Barcelona.

La Generalitat catalana se retira como acusación en siete procesos judiciales en los que ejercía la acción penal y civil contra 40 acusados de participar en protestas y desórdenes públicos.

Este es el precio que paga la Generalitat por su dependencia de la CUP

El lamentable espectáculo del ex presidente Mas suplicando a los antisistema su apoyo para formar gobierno, se ha unido como remate, como guinde, una vergonzosa dejación del deber que atañe a todo funcionario y a toda institución pública y a quien la encarga de perseguir el delito, sobre todo, cuando, como en este caso, se han causado daños en el patrimonio público y privado

De modo que el nuevo gobierno de Cataluña se construye sobre una indignidad sobre otra. Se ha anunciado oficialmente que la Generalitat catalana se retira, como acusación en siete procesos judiciales en los que ejercía la acción penal y civil contra 40 acusados de participar en protestas y desórdenes públicos. Es el precio a pagar a los antisistema de la CUP a Junts pel Sí para hacer “honorable” a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.

Menos mal, que al mantenerse la acusación de la Fiscalía, el proceso seguirá. Pero no es lo mismo. Resulta evidente. Pero el gesto en sí es tremendamente revelador de en qué manos está el pandero y de que esta gente no tiene límite alguno ni moral, ni estético ni meramente formal para obtener sus objetivos. ¿Se puede construir así una nación como pretenden?

Pero en Cataluña ya hay antecedentes de que se pretenda que las acciones violentas queden impunes, tras la victoria en las elecciones municipales Barcelona en comú, el Ayuntamiento se inhibió en docena y media de causas por los graves desórdenes públicos, en cuanto a las responsabilidades penales, pero trató de mantener de reclamaciones civiles por los estragos causados.

Ahora, conforme al apaño establecido, se retira la acusación contra doce sujetos que participaron la algarada que se montó en diciembre de 2011 en la Universitat de Girona, cuyo objetivo era impedir la participación de Artur Mas en el acto de celebración del 20 aniversario de la entidad académico. Asimismo, la Generalitat desiste en las causas correspondientes a los incidentes relacionados con huelga general del  29 de marzo de 2012 en protesta por la reforma laboral del Gobierno del PP. Otras doce personas están acusadas de estrados en el mobiliario urbano y, lo mñas grave, prender fuego a una cafetería de la cadena Starbucks en la céntrica Ronda Sant Pere de Barcelona.

La CUP ha apurado sus exigencias que han sido atendidas en su totalidad con respecto a toda suerte de vandalismo urbano. El recuento arroja la imputación de media docena de personas con relación a los episodios violentos durante la huelga general de 14 de noviembre de 2012 en Gerona, donde fue asaltada la Cámara de Comercio y otros dos manifestantes por los altercados provocados en Barcelona. En este episodio Esther Quintana perdió un ojo tras recibir un pelotazo de goma procedente de una línea de antidisturbios de los Mossos d’Esquadra.

En este suma y sigue, hay que anotar las responsabilidades pendientes de dilucidar de cuatro acusados, en las causas derivadas de la marcha por la protesta contra la línea de muy alta tensión (MAT) a su paso por Vildasens (Gironès) en enero de 2014 y las manifestaciones por el desalojo de la casa okupada  Can Vies, en mayo del mismo año.

No es de extrañar que el comportamiento de las autoridades de Cataluña produzca la lógica desazón, expresada por los sindicatos de los Mossos d´ Esquadra, que se preguntan qué tendrán que hacer la próxima vez que se quemen contenedores, se destruya el mobiliario urbano o se queme un establecimiento público. Por no decir, la tolerancia con los manteros y similares que ya acampan libremente por toda Barcelona, e incluso se enfrentan y agreden a los propios agentes, seguros de su impunidad.

Este es el precio que paga la Generalitat por su dependencia de la CUP
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