La retirada de las euroórdenes desprestigia gravemente la justicia española

Hace días escribía sobre la decisión del Tribunal Superior de Schleswig Hollstein rechazando extraditar a  Puigdemont por el delito de rebelión y manifesté que el Plan A del magistrado Llarena era retirar la euroorden, si bien  consideraba que finalmente  no lo verificaría por el desprestigio que  tal decisión generaría en la imagen exterior de la justicia española, que quedaría a níveles propios de Zimbawe, cuando no de  Somalia

Parece que me equivoqué al creer en el magistrado Llarena una profesionalidad de la que carece. Porque no sólo anuló la euroorden de Puigdemont, sino las de Clara Ponsati en Escocia, de la secretaria general de ERC Marta Rovira, en  Suiza y las  dr Meritxell Serret, Lluis Puig y Antoni Comí en el Tribunal de Bruselas. Es decir, todas estas personas quedan con entera libertad de movimientos excepto en el Estado español, donde  sobre todos ellos pesa una orden de detención vigente sólo en su territorio.

Llarena decide esta sinrazón  porque quiere poder juzgar por rebelión a todos los acusados que están en prisión preventiva. Lo que sería imposible si los Tribunales belga, escocés y suizo  siguen la estela del Tribunal de Kiel y dicen que la rebelión y la sedición sólo existe en la mente  de Llarena y de otros magistrados del TS y de la AN. Claro es que Llarena como magistrado tiene el deber de perseguir cualquier delicto allí donde esté el presunto autor del mismo. Por tanto,  retirar las euroórdenes constituye una abierta vulneración de este deber legal y la posible comisión de un delito penado en el artículo 408 del Código Penal (CP). Y, sobre todo, ratifica una investigación  judicial no objetiva ni imparcial, que no busca la verdad sino el castigo y que muestra que el magistrado Llarena no respeta las euroórdenes como   herramientas de colaboración entre los Estados de Derecho de la UE.

. Sino el tipo penal de omisión en la persecución de delicos del artículo 408 CP, el magistrado Llarena incurre en un grave y manifiesto abuso de Derecho, al emitir (noviembre de 2017 y marzo de 2018) y retirar (diciembre de 2017 y julio del 2018) euroórdenes de detención sólo en función de un concreto resultado de la investigación penal  que dirige: garantizar un castigo “a la carta” de los líderes soberanistas catalanes, en vez de garantizar la verdad material que debe perseguir todo juez en un Estado de Derecho. @mundiario