Para retener el poder, Sánchez rinde el Estado al independentismo

Como si fuera la traca final del proceso que volverá a subir a Pedro Sánchez al “Falcon”, hay dos documentos de enorme relieve y trascendencia para el futuro de España como nación, que no pueden pasar desapercibidos, tras su lectura atenta, convenientemente enmascarada por el aluvión de medidas sociales, que nadie puede discutir, sobre los salarios, las pensiones y el empleo, entra otras. Podemos –que ayer apoyaba la “Okupación” como modo de hacerse con una vivienda--, logra que se introduzcan medidas que no sólo tasa el derecho a la propiedad (En un Estado Social de Derecho), sino que introduce medidas confiscatorias en su aplicación prevista. Pero eso no es lo más importante.

A mi entender, hay dos aspectos que colocan a dos comunidades en la pista de salida hacia su pleno reconocimiento de iure como naciones independientes del Reino de España. Me refiero al acuerdo de Sánchez con la derecha católica vascongada, o sea, el PNV, y la serie de imposiciones que ERC ha logrado para abstenerse: desde que el Gobierno del Estado negocio “entre iguales” con el de la Generalitat una salida al conflicto político, creado por los independentistas catalanes, y sobre todo la mal disimulada cesión de un referéndum en forma de consulta popular que exprese la voluntad de los catalanes. No va a tener de inmediato efectos jurídicos, pero será un ariete de enorme simbolismo cara a otro referéndum, cuando no a la autodeterminación y la independencia.

Tales son las evidencias de las cesiones, que hasta el diario “El País”, ahora tan benevolente con los actos de Pedro Sánchez, ha llegado a calificar tales medidas como la apertura del camino hacia “el Estado plurinacional”. En ese sentido, la lectura del acuerdo de Pedro Sánchez con el PNV, expresa de modo claro que el presidente en funciones otorga y firma una serie de cesiones fundamentales al nacionalismo vasco, a cambio de su apoyo a la investidura.

Sánchez no aplicará el Código Penal al PNV

Lo realmente insólito por lo que se dice es el punto 2, donde el PSOE se compromete a “Mantener una comunicación fluida con el Gobierno vasco en aras de evitar la judicialización de las discrepancias, que debe ser sustituida por el acuerdo político”. Se pone la venda antes de la herida. Es decir, que el PSOE renunciaría, en el supuesto de que el PNV incurriera en actos como la Generalitat de Cataluña, el Gobierno del Estado renunciaría a aplicarles, los procedimientos ordinarios de un Estado de Derecho, cuando una persona o una institución incurre en un delito tipificado en el Código Penal. Así de claro.

Pacto consumado entre Iglesias y Sánchez.

Por otro lado, y es un error del pasado, en la negociación del Estatuto Vasco, se aligerará el traspaso de competencias que van a reducir sensiblemente la presencia del Estado en aquella comunidad, y entre las que destaca la cesión de las prisiones y el régimen carcelario, con los efectos sobre los presos de ETA que es fácil de prever.

Y aparte de echar a la Guardia Civil de Navarra, empezando por los agentes de tráfico, la más preocupante de las cesiones es ésta: “Impulsar, a través del diálogo entre partidos e instituciones, las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, acordando, en su caso, las modificaciones legales necesarias, a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de la CAV, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia”. O sea, que los vecinos del País Vasco son otra cosa que el resto de los españoles a todos los efectos. Y por ahí se empieza el camino para alcanzar el objetivo de la independencia perseguida.

Y para ello, hay que empezar por “Impulsar la construcción europea y la presencia y participación de las instituciones” y hasta permitir que las selecciones vascongadas puedan participar con representación propia, al margen de las españolas, en competiciones deportivas.

La contaminación de la Abogacía del Estado

No ha quedado en este proceso institución alguna sin contaminar y desprestigiar. Como lo refleja la reacción de la Asociación de Abogados del Estado, presidida por Fernando Bertrán Girón, que en un expresivo comunicado rechazó el intento de "injerencia, "presión o "amenaza que tenga como objetivo condicionar el ejercicio de sus funciones. Obviamente por parte del PSOE y ERC para emitir un informe favorable a la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Pero no se puede negar que, como los propios negociadores de ERC no se privaron en manifestar, el informe da Abogacía, a petición del Tribunal Supremo, sobre la aplicación de la sentencia TJUE en la que reconoce que Junqueras debió haber gozado de inmunidad y ser reconocido eurodiputado tras las elecciones del 28 de abril, fue decisivo en las negociaciones, ya que ERC condicionó un posible acuerdo de investidura con Pedro Sánchez al gesto que tuviera la Abogacía en su informe.

Pero ahí no acaba la cosa, porque el escrito de la Abogacía General del Estado que ha satisfecho a ERC y allanado su camino hacia la presidencia del Gobierno, ha convulsionado al conjunto de los abogados del Estado, pues no todos comparten el mismo criterio y el papel que se ha hecho jugar a institución en el propio proceso de una negociación política, que dirige un sedicioso encarcelado por serlo.

Emblema de los Abogados del Estado.

En ese sentido, la circunstancia de que la postura oficial de los servicios jurídicos del Gobierno venga únicamente respaldada por Rosa María Seoane -representante de la Abogacía en el juicio del 'procés'- ha provocado discrepancias dentro de este cuerpo. De este sentimiento ha sido expresión, el escrito de protesta que se ha hecho circular entre sus colegas el prestigioso jurista Miguel Vizcaíno, el que discrepa no solo del criterio oficial de la Abogacía, sino también contra el comunicado hecho público el domingo por el Consejo Directivo de la Asociación de Abogados del Estado. En el mismo, la asociación rechazó injerencias y presiones en su criterio acerca de la situación de Junqueras, sobre el que pesa una condena de 13 años de prisión y otros 13 de inhabilitación por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos.

En dicho documento dice: "Muchos esperábamos que los portavoces de la Asociación rechazasen, sin paliativos y en concreto, la coacción por parte de ERC, aceptada al parecer por el Gobierno. En efecto, ERC condicionaba su aceptación a determinado acuerdo político a que el escrito de la Abogacía fuera del agrado de la propia ERC". Y para que no haya dudas, añade que “el comunicado interno en el cual se hace hincapié en que lo ocurrido no es más que una injerencia insoportable en la independencia de criterio a la par que contaminaba la postura a adoptar fuera cual fuera su sentido. Este es el meollo del problema: la falta de reacción, inmediata y contundente, frente al propósito de hacer de la Abogacía un instrumento al servicio de unos intereses partidistas".

El sector más crítico con el proceder de la Abogacía considera que las circunstancias que envuelven la redacción de este escrito que viene a respaldar en líneas general el criterio de la Justicia europea sobre la situación de Junqueras, hará creer a muchos "que se ha blanqueado la extorsión", siempre según esta comunicación interna que ha circulado entre determinados miembros en activo y retirados de la Abogacía General del Estado. @mundiario