¿Requiem por el Tribunal Constitucional?

Sede del Tribunal Constitucional. / Mundiario
Sede del Tribunal Constitucional. / Mundiario
Con sentencias así, el Tribunal Constitucional pone de manifiesto su incapacidad para facilitar nuestra vida democrática, y apoyar una gobernanza flexible e inteligentemente respetuosa con nuestras libertades.
¿Requiem por el Tribunal Constitucional?

Los españoles hemos vivido los catorce meses de estado de alarma prácticamente con la única inquietud de cuidar y prevenir nuestra salud, y de estar al tanto de los avances científicos y de las medidas más idóneas a adoptar para protegernos frente a la pandemia. Dentro de esa inquietud -y a pesar del ruido que algunas minorías, como las de Núñez de Balboa en Madrid, pretendieron hacer- se puede decir que hemos desarrollado nuestra vida con gran naturalidad, sin sentir que a pesar de las restricciones nadie nos suspendía ningún derecho.

Excepto algunas medidas estridentes contra el natural devenir de la lucha contra la pandemia de algunos tribunales o jueces muy minoritarios, la judicatura ha ido construyendo jurisprudencia adaptada a la realidad del estado de alarma, y respaldando razonablemente las medidas que las autoridades gubernamentales y autonómicas, dentro del estado de alarma, han ido adoptando para facilitar la lucha contra la pandemia.

Y es radicalmente falso -lo diga quien lo diga- que la situación de pandemia haya generado alteración seria del orden público, y que el estado de alarma haya suspendido derechos fundamentales. De los cuarenta y siete millones de españoles, una buena parte de la población activa ha podido asistir a sus centros de trabajo, cada día quienes tenían labores presenciales, o combinando su asistencia con tareas de teletrabajo. Los colectivos afectados por cierres imprescindibles de la actividad laboral – a pesar de la premura con la que hubo que adoptar medidas especiales- han visto minimizada su inquietud y zozobra gracias a los acuerdos de los ERTEs y de las ayudas a los trabajadores autónomos.

Se puede decir que las broncas que algunos grupos han intentado montar a nivel parlamentario, cada vez que ha habido que prorrogar el estado de alarma, no han repercutido en la vivencia cotidiana de la sociedad. Y que normalmente el estado de alarma ha encontrado el apoyo de una suficiente mayoría parlamentaria. Y la vida de nuestro país ha discurrido -afrontando la desgracia- de una manera muy similar a la de los restantes países de la Unión Europea a la que pertenecemos. Coincidiendo en las medidas legales y prácticas adoptadas para combatir el virus.

Mientras tanto, el Tribunal Constitucional, con su vigencia constitucional más que vencida, y encerrado en el edificio de su sede, que siempre se ha conocido con el por desgracia doblemente significativo nombre de “el bunker”, se ha entregado a un ejercicio de pura especulación teórica, ajeno a los esfuerzos de la sociedad, del Gobierno, del Parlamento, y de una gran parte de la Judicatura (incluido el Tribunal Supremo). Especulación teórica sobre un recurso planteado por una fuerza -curiosamente de extrema derecha- que incluso llegó a apoyar una de las prórrogas del estado de alarma, y que por tal motivo incurría en una incoherencia invalidante, que el mencionado Tribunal no quiso tener en cuenta.

Muchos meses de una especulación formalista sobre la Constitución, que ni siquiera tuvo en cuenta el espíritu de nuestros constituyentes, que debatieron la conveniencia o no de establecer el estado de alarma, y los casos a los que éste se podría aplicar. Que no tuvo siquiera en cuenta una sentencia del propio Tribunal Constitucional, de abril de 2020 en la que quitaba la razón a quienes pedían amparo frente a una supuesta suspensión de derechos fundamentales; respaldando de ese modo el estado de alarma, y diciendo textualmente, tras considerar justificadas las restricciones a la movilidad:

“Por tanto […] no es de acoger la polémica que el recurrente suscita, en cuanto limita aquella posibilidad al estado de excepción, ya que, al margen de que ya hemos visto que cabe dentro del estado de alarma, las extraordinarias condiciones que han provocado aquella pandemia internacional evidencian la racionalidad de la resolución impugnada, y, estando expresamente prevista la declaración del estado de alarma, la enorme magnitud de las tragedias humanas derivadas justifican que las medidas adoptadas temporalmente hayan tenido que extremarse. En definitiva, la protección de la salud pública (art. 43.2 de la Constitución Española) que ha motivado el estado de alarma entrañan una cobertura jurídica suficiente para la restricción que se contiene en la resolución que se impugna”.

Meses de especulación, con orejeras metafísicas, fijándose solamente en retorcidos análisis de la letra. Sin contemplar siquiera los precedentes históricos de otra pandemia, como fue la de la llamada “gripe española”, que duró tres años. Realidad en la que quienes quieren sentar doctrina jurídica están siempre obligados a tener en cuenta. Y sin mirar siquiera el propio desenvolvimiento de los hechos en nuestra sociedad, las recomendaciones de las organizaciones internacionales (OMS), ni en las medidas comparadas de los países de nuestro entorno.

Meses en los que el TC ha recorrido un camino estéril hacia su propia irrelevancia, porque se ha puesto al margen de hacerse realmente útil a la situación que todos hemos estado -y seguimos- viviendo. Porque ha elegido el camino del doctrinarismo abstracto y parcial, para llegar dieciséis meses tarde a pontificar sobre lo que habría que haber hecho. Y al final de ese largo parto de los montes terminan pariendo un ratón. Y obligándose -por lo que algunas informaciones sobre la sentencia afirman- a que no puedan producirse reclamaciones sobre medidas adoptadas en firme, sean medidas reguladoras o sancionadoras, porque generarían un caos imposible de resolver.

Podría decirse, pues, que es una sentencia inútil. Pero no: cuando menos es una sentencia con intención. Decidir que el estado de alarma es una medida impropia, planteando que se debía haber proclamado el estado de excepción, no es una opción inocua. Es algo que condiciona el futuro. Y que puede condicionarlo, por desgracia, si -no lo quiera el destino- la pandemia se agrava y hay que tomar decisiones que no podrían pasar por un estado de alarma, prorrogable todo el tiempo que sea preciso para combatir al virus y proteger la salud de los ciudadanos, sino por la proclamación del estado de excepción, al que la Constitución le da una vida limitada a los 60 días. Si en lugar del estado de alarma se hubiera proclamado el de excepción, como preceptúa la ya manida sentencia, pasados los sesenta días, en plena propagación alarmante del virus, habríamos quedado expuestos a graves, y demostradamente ciertos, peligros para la vida de los ciudadanos.

Pero el efecto de la sentencia, que ha sido objeto de votos particulares en contra, algunos muy bien fundamentados, va mucho más lejos. Por una parte, invalida de facto una medida prevista por la Constitución, como es el estado de alarma, llegando por la vía de los hechos, y de modo ambiguo, a desvirtuar y modificar parte de nuestra Constitución. Y por otro lado abre el camino a que se tengan que adoptar medidas más extremas, y peligrosamente más drásticas, para situaciones que se ha demostrado que no necesitan esas dramáticas decisiones de suspender derechos. Estrechando de hecho, de cara al futuro, el sendero de nuestra democracia.

Con sentencias como ésta, el Tribunal Constitucional va poniendo de manifiesto su propia incapacidad para facilitar la vida democrática de los españoles, para ayudar a ampliar los horizontes de las libertades, y para ayudar a una gobernanza flexible e inteligentemente respetuosa con nuestro sistema de libertades.

Pero hay quienes incluso llegan a pensar que, con medidas como ésta, acompañadas del bloqueo de la renovación ordenada por la Constitución para el conjunto de instituciones que conforman el tercer poder, lo que se está produciendo de facto, intencionadamente o no, es copar por la vía de hecho ese tercer poder, que es el que tiene facultades para bloquear algunas de las acciones e iniciativas del segundo y primer poder. Generando así una seria anomalía en el funcionamiento del Estado de Derecho. @mundiario

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