La repetición electoral al hilo de la sentencia del Supremo, un riesgo para el PSOE

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. / RR SS.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. / RR SS.
El 10-N se acerca y se suceden las cábalas. ¿Fue consciente Pedro Sánchez del enorme riesgo de hacer coincidir la repetición electoral con el conocimiento de la sentencia o cometió un gravísimo error de cálculo? Muy pronto se podrá responder a esta y a otras cuestiones pendientes.
La repetición electoral al hilo de la sentencia del Supremo, un riesgo para el PSOE

A las pocas horas de conocerse oficialmente la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, Pablo Casado quiso poner en valor, explícitamente, el hecho de que su partido había sido el promotor de la querella presentada por el entonces fiscal general del Estado –José Manuel Maza, fallecido pocas semanas después– contra los principales dirigentes del independentismo catalán.

De este modo, el actual presidente del PP despejó cualquier tipo de duda sobre lo sucedido en el otoño de 2017. Cuando el fiscal Maza promovió la querella por el presunto delito de rebelión ante el Tribunal Supremo, cabían dos hipótesis explicativas sobre aquella actuación: que lo había hecho por su cuenta, utilizando el margen de autonomía que le concedía su cargo institucional, o bien que había procedido a materializar una iniciativa que contaba, en última instancia, con la complicidad y/o la aquiescencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy.

Casado ha certificado, pues, lo que diversos analistas venían afirmando en los últimos años: la plena judicialización del contencioso que se dilucidaba en el seno de la sociedad catalana y que, simultáneamente, condicionaba seriamente la vida política y social del conjunto del Estado español fue la apuesta prioritaria tomada por el gobierno Rajoy. Carente de la voluntad necesaria para formular propuestas en el ámbito político y convencidos de que la progresiva efervescencia independentista era un “souflé” con una rápida fecha de caducidad, los gobernantes del PP buscaron la aplicación del Código Penal en los máximos niveles de dureza posibles.

La acusación de rebelión fue la premisa sobre la que pivotó la deriva judicial. Tanto la instrucción del juez Pablo Llarena como la posterior petición del fiscal Zaragoza construyeron un relato jurídico en el que la violencia ocupaba un papel clave para justificar tres decisiones de máxima gravedad: la petición de unas condenas extraordinariamente duras, la imposición de una prisión preventiva que no encajaba con el origen político de los hechos objeto de la iniciativa penal y la aplicación de una normal procesal -promovida en su día para evitar la presencia de acusados de pertenencia a ETA en las instituciones que se eligen por sufragio popular- para impedir que Junqueras y otros dirigentes ocuparan sus escaños en los parlamentos catalán y español.

Los ríos de tinta y las horas de radio y televisión con las que se avaló semejante relato jurídico -con el ingrediente añadido del uso del término “golpistas” para descalificar a los procesados y la obscena comparación con el plan diseñado por Tejero y Milans en aquel inolvidable 23 de febrero de 1981- han quedado desmentidos con la reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo (sin que, por cierto, la mayoría de los analistas que se apuntaron con entusiasmo a la teoría de la rebelión hayan reconocido su error). Tal vez por esa presión política y mediática, la Sala presidida por Marchena ha establecido una más que discutible sentencia por sedición -atribuyendo una relevancia desmesurada a la violencia registrada en aquellas semanas de 2017, incomparablemente menor que la que se ha visto en los últimos días en las calles de Barcelona- y ha fijado las penas de prisión en la franja más elevada que le permitía esa figura delictiva.

El 10 de noviembre se acerca con una incógnita y una certidumbre. La primera: ¿cómo va a influir la sentencia en los resultados electorales dentro y fuera de Cataluña? La segunda: de todas las formaciones políticas de ámbito estatal que se presentan a estos comicios sólo dos –Unidas Podemos y Más País– proponen fórmulas –todavía muy genéricas– para encontrar una solución al conflicto catalán que no sea mantener el statu quo o adentrarse en la aplicación del artículo 155.

Y una última interrogante: ¿fue consciente Pedro Sánchez del enorme riesgo de hacer coincidir la repetición electoral con el conocimiento de la sentencia o cometió un gravísimo error de cálculo? Muy pronto se podrá responder a esta y a otras cuestiones pendientes. @mundiario

La repetición electoral al hilo de la sentencia del Supremo, un riesgo para el PSOE
Comentarios