Un registro de pirómanos: ¿solución real o cortina de humo político?
España arde. No es una metáfora literaria, sino una constatación: decenas de incendios se multiplican cada verano por el territorio, y cada año las cifras de hectáreas arrasadas recuerdan que la lucha contra el fuego es, quizá, uno de los mayores desafíos del presente inmediato. León, Zamora, Asturias, Galicia… son nombres que en las últimas semanas han dejado de ser destinos turísticos para convertirse en escenarios de evacuaciones, pérdidas económicas y paisajes calcinados. Y en medio de esta crisis, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido sacar a la palestra una medida que ha generado tanto aplauso como escepticismo: un registro nacional de pirómanos.
El planteamiento es sencillo en apariencia: recopilar los nombres de quienes tengan sentencia firme por provocar incendios y someterlos a control mediante pulseras telemáticas. La idea encaja bien en el imaginario de la política punitiva: poner cara y rastreo a quienes han atentado contra la naturaleza y contra la seguridad colectiva. Pero, como suele ocurrir con las soluciones rápidas, las preguntas superan a las respuestas.
¿Hasta qué punto un registro de estas características ayuda a prevenir los incendios? La experiencia internacional demuestra que la mayor parte de los fuegos forestales en países mediterráneos tienen causas múltiples: negligencias, abandono del campo, falta de limpieza en montes, efectos del cambio climático con veranos cada vez más extremos. Solo un porcentaje reducido corresponde a la acción directa de pirómanos reincidentes. Pensar que el control de estos individuos resolverá la magnitud del problema es, como mínimo, una simplificación arriesgada.
Además, la medida plantea un debate jurídico y ético no menor. ¿Debe una persona que ya ha cumplido condena portar de por vida un dispositivo de vigilancia? ¿No roza esto un estigma permanente que choca con la reinserción? La línea entre la prevención y la vulneración de derechos fundamentales se vuelve aquí especialmente difusa.
Por otro lado, no se puede obviar el contexto político. Cada verano los incendios forestales se convierten en escenario de reproches entre Gobierno central y comunidades autónomas. Los medios disponibles, la rapidez de la respuesta, la coordinación con Europa o el uso del Ejército son piezas que entran de inmediato en la maquinaria del enfrentamiento partidista. Mientras tanto, las llamas avanzan más rápido que los acuerdos. Y aquí reside quizá la cuestión de fondo: la instrumentalización del fuego como argumento electoral en lugar de asumirlo como una emergencia estructural que requiere cooperación institucional y una estrategia a largo plazo.
La lucha contra los incendios no se gana con un registro ni con un titular llamativo, sino con prevención, inversión y planificación. España necesita repensar su modelo de gestión forestal: recuperar el cuidado del monte, reforzar la limpieza de cortafuegos, invertir en brigadas y medios aéreos estables durante todo el año, y, sobre todo, asumir que el cambio climático está multiplicando la gravedad de los incendios. Los llamados “megaincendios” —con dinámicas propias y casi imposibles de controlar— son ya una realidad en nuestro país.
La propuesta de Feijóo puede servir como símbolo, incluso como llamada de atención sobre la gravedad de quienes provocan fuegos de manera intencionada. Pero quedarse ahí sería insuficiente. España no necesita más registros, sino más políticas integrales que unan prevención, educación ambiental, gestión del territorio y cooperación interinstitucional. Porque lo que está en juego no es un pulso político, sino el futuro de nuestros bosques, nuestros pueblos y nuestra seguridad colectiva. @mundiario