El régimen de Maduro ordena la toma forzosa de las oficinas de DirecTV en Venezuela
La vida en Venezuela ya no solo ha sido condicionada por el deterioro socioeconómico de la población, la restricción de la libertad de prensa y los obstáculos administrativos-institucionales que obstaculizan la migración para evitar un mayor colapso social en el país, sino también por la evidente tendencia que ha adoptado el régimen neocomunista de Nicolás Maduro para aislar a la nación a lo interno y tomar decisiones que impongan la fuerza ilícita de su para-Estado, que controla de forma monopólica con la élite militar, política y empresarial que sostiene su sistema de poder por la vía del control territorial, las armas, los flujos de capitales que genera con el oro del Banco Central y el petróleo de PDVSA, y el esquema de control social instaurado por el chavismo a través del sistema de subsidios (bonos devaluados) llamado Carnet de la Patria. DirecTV es el nuevo elemento del conflicto venezolano.
Y es que en un nuevo acto de unilateralidad y autoritarismo, el aparato judicial del gobierno (de facto) de Nicolás Maduro le ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) “tomar posesión inmediata de todos los bienes muebles e inmuebles, oficinas comerciales, sedes administrativas, centro de operaciones y transmisiones, antenas y cualquier otro equipo o instalación de Galaxy Entertainment de Venezuela S.C.A” (llamada así la oficina de Directv Venezuela) y dispuso que para esa acción “se valga del uso de la fuerza si fuera necesario al convocar el auxilio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.
Las razones de DirecTV
A fin de cuentas, esta medida no es más que la expropiación de un edificio y propiedad privada de una empresa con licencia de operaciones legalizada en Venezuela, mientras que el acto de expropiar es una figura ilegal que no existe en el ordenamiento jurídico venezolano, es decir, no está contemplado en la Constitución ni en el Código Civil del país.
El martes pasado, el gigante de las telecomunicaciones estadounidense AT&T, transnacional propietaria de la subsidiaria DirecTV Latinoamérica y DirecTV Venezuela, anunció el cierre de su negocio de televisión DIRECTV por no poder cumplir al mismo tiempo los requisitos del régimen chavista y las sanciones impuestas por Washington al país latinoamericano.
La compañía cesó sus operaciones en Venezuela por la baja o nula rentabilidad que le genera el pago de la licencia especial de transmisión del canal privado nacional de noticias Globovisión, que está sujeto a sanciones financieras por parte del Departamento del Tesoro de EE UU debido a que su principal accionista y dueño, el empresario venezolano Raúl Gorrín, se encuentra requerido por la Justicia estadounidense por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero, así como por su supuesta vinculación como testaferro de altos funcionarios de la cúpula de poder del chavismo.
“Las sanciones del Gobierno de Estados Unidos a Venezuela han prohibido la transmisión de los canales de Globovisión y PDVSA, los cuales se requieren bajo la licencia de DIRECTV para proporcionar el servicio de televisión de pago en Venezuela”, señaló la compañía.
Además, al ser PDVSA la compañía venezolana con más sanciones impuestas por EE UU, la inviabilidad financiera y logística de mantener sus operaciones en un país cuyo Estado está bloqueado en activos, recursos financieros, transacciones, exportaciones y capitales en bancos corresponsales, la empresa AT&T, dueña de DirecTV, no ve sostenible en el tiempo la prestación de su servicio en Venezuela.
La postura del régimen
Sin embargo, hubo una respuesta burlona por parte de Maduro, quien dijo luego que “la televisión abierta se puso de moda”, mientras sonreía en un discurso transmitido por la televisión estatal, VTV. “Vuelven las antenas, los ganchos de ropa, los alambres y todo el mundo en señal abierta. Nos estamos viendo chévere (excelente)”, dijo el jefe del régimen de Caracas.
De esta forma, el discurso propagandista del chavismo deja entrever que su política bajo control por la fuerza del Estado se basará en la instauración de medidas totalitarias con las que podría restringir la participación política, la movilidad social, la migración y generar un impacto socioeconómico a mayor escala que haría repuntar los elevadísimos niveles de pobreza en el país; actualmente con un 80% de pobreza de ingresos y 61% de pobreza extrema, según la más reciente publicación de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi).
Maduro realizó esa declaración justo antes de que el Tribunal Supremo de Justicia, su brazo político en el seno del Poder Judicial, acusado de emitir sentencias jurídicas írritas contra el Parlamento por sesgos y nexos políticos con la cúpula de poder del chavismo, publicara la siguiente orden judicial: “La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo y acordó la medida cautelar innominada solicitada por los ciudadanos Israel Marín Martínez y William Fuentes, actuando en su carácter de miembros y voceros del comité de usurarios y usuarias denominado Frente de Usuarios y Usuarias para la Defensa de los Derechos Comunicaciones, en consecuencia ordena a la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela S.C.A (Directv Venezuela) continuar de manera inmediata con la prestación de servicio de televisión por suscripción”, señala el comunicado publicado este viernes.
¿Habrá una respuesta de EE UU?
Esta nueva acción autoritaria del régimen venezolano podría ser interpretada por la Casa Blanca como una clara afectación a los intereses financieros, empresariales y comerciales de una transnacional estadounidense de amplio alcance mundial, lo que generaría una eventual nueva ronda de sanciones financieras por parte de la OFAC (Oficina Federal de Control de Activos de EE UU) a los funcionarios de la Comisión de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) y al resto de la estructura de poder del Gobierno de facto de Maduro, que ya enfrenta el riesgo geopolítico de sufrir un corte o bloqueo multilateral de sus provisiones de gasolina, exportaciones de petróleo evadiendo las sanciones a PDVSA y eventuales tácticas de disuasión militar estadounidense en el territorio perimetral del país que vigilan las fuerzas militares venezolanas. @mundiario
