El régimen franquista fue un régimen de facto y, como tal, nunca alcanzó legitimidad alguna

El Tribunal Supremo se ha equivocado gravemente una vez más, al considerar que Franco fue Jefe de Estado legítimo entre 1 de octubre de 1936 y su muerte en 1975. Dicho reconocimiento  atenta contra la memoria de los millones de represaliados y contra el ordenamiento jurídico interno e internacional público, además de no aportar ningún argumento jurídico adicional a una suspensión cautelar, por otra parte bastante habitual cuando los actos objeto de suspensión son irreversibles, como en este caso.

La dictadura del general Franco nació y murió ilegítima y no perdió esta cualidad un solo día de su (para desgracia de nuestros padres y abuelos) muy larga vida. Nació de una rebelión militar (ésta sí fue tal, una rebelión sangrienta y asañada) contra el Gobierno legalmente constituido, el Gobierno de la República. Una rebelión que solo triunfó después de matar a cientos de miles de personas y condenar millones a la cárcel, exilio, miseria y exclusión social.

Por tanto, la legitimidad de origen la retuvieron las instituciones republicanas en el exilio, los Gobiernos de la República, de la Generalitat y Vasco, a la vez que el Consello de Galiza, hasta la elección libre (a pesar de que con ciertas limitaciones) de un Parlamento, el 15 de junio de 1977. De hecho, fue el propio Gobierno de la República en el exilio el que se autodisolvió, el 21 de junio de 1977, al constatar que la ciudadanía del Estado había recuperado el ejercicio de la soberanía.

En el campo internacional, los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa de Yugoslavia no reconocieron nunca al régimen de facto español y mantuvieron exclusivamente relaciones diplomáticas con el Gobierno de la República en el exilio hasta 1977. Las principales potencias (Francia, Reino Unidos, EE UU) no reconocieron al régimen franquista hasta el fin de la guerra, las potencias europeas el 27 de febrero de 1939 y los EE UU el 31 de marzo de ese mismo año. Y este reconocimiento vino motivado por la inefectividad sobrevenida del Gobierno republicano al no controlar ya el territorio y por el exilio del Presidente de la República y de su Gobierno.

He ahí, entonces, el gravísimo error de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo al reconocer al general Franco como Jefe de Estado desde el mismo día de su cooptación por la directiva militar golpista (1 de octubre de 1936). Porque reconoce en una decisión judicial del máximo intérprete del Derecho Administrativo estatal una legitimidad que nunca existió, visualizando la conexión entre el régimen del 78 y la dictadura franquista, cuando ni siquiera le resultaba jurídicamente preciso para suspender cautelarmente el traslado de los restos del dictador.

Vemos ahora como la falta de una ruptura formal con el régimen de facto en los años 1977 y 1978 determinó importantes limitaciones en la calidad de nuestra democracia. Faltó el enjuiciamiento de los criminales de guerra y de la represión franquistas, la anulación de las sentencias de sus Tribunales ilegítimos (como la que dictó la pena de muerte al patriota gallego Alexandre Bóveda, al comunista Julián Grimau o al presidente de la Generalitat Lluis Companys ) y la reparación e indemnización de los que vieron incautados sus bienes e incluso dinero en efectivo, al tiempo que se le impuso a la ciudadanía la Monarquía reinstaurada por el viejo general sin posibilidad de decidir autónoma y específicamente sobre la misma. @mundiario