El régimen de Daniel Ortega ordena la captura de Sergio Ramírez

Sergio Ramírez, Miembro del Consejo Rector del Premio Gabriel García Márquez
Sergio Ramírez, Miembro del Consejo Rector del Premio Gabriel García Márquez
La fiscalía acusa al escritor y exvicepresidente sandinista de lavado de dinero y conspiración. Resulta un ataque más a uno de los opositores más duros del dictador de Nicaragua. 
El régimen de Daniel Ortega ordena la captura de Sergio Ramírez

El régimen de Daniel Ortega no cesa en perseguir a la oposición en Nicaragua. La última víctima de esta brutal y condenable ofensiva es el escritor, Sergio Ramírez, quien ha sido acusado por la fiscalía de de “lavado de dinero, bienes y activos; menoscabo a la integridad nacional, y provocación, proposición y conspiración”. Además, se ha dictado una orden de captura internacional contra el Premio Cervantes que se encuentra de gira fuera de Nicaragua en una gira de presentación de su última obra Tongolele no sabía bailar y que en estos días ha participado en el festival literario que preside, Centroamérica Cuenta.

La decisión de la fiscalía llega casi tres meses después de que Ramírez fuera citado a su sede para entrevistarlo sobre el supuesto caso de “lavado de dinero” contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una ONG que brindaba apoyo técnico al periodismo y que era dirigida por Cristiana Chamorro, precandidata presidencial que hoy está arrestada.

En la resolución se indica a Ramírez “realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia, también por haber recibido a través de la Fundación Luisa Mercado (una institución cultural del escritor en su natal ciudad de Masatepe) dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuyos principales miembros de Junta Directiva se encuentran acusados por realizar conductas de apropiación indebida, lavado de dinero (...) fondos que fueron destinados a dar financiamiento a personas y organismos que buscaban desestabilización de la buena marcha del desarrollo económico y social del país”.

En junio pasado, al salir de la Fiscalía, el escritor negó las suposiciones oficiales. “Nuestra relación con la Fundación Violeta Barrios ha sido correcta y con letra de la ley. Me preguntaron si teníamos una relación con la Fundación, yo le dije que sí. Desde luego somos dos entidades que trabajan con absoluta transparencia”, dijo Ramírez.


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RECHAZA DECISIÓN

Tras conocerse la decisión de la fiscalía, el Premio Cervantes se pronunció en sus redes sociales. “La dictadura de la familia Ortega me ha acusado a través de su propia fiscalía, y ante sus propios jueces, de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia, menoscabo de la integridad nacional, y otros que no he tenido tiempo de leer, acusaciones por las que se encuentran presos en las mazmorras de la misma familia muchos nicaragüenses dignos y valientes”, reaccionó Ramírez una hora después de que el Ministerio Público emitió la acusación.

“No es la primera vez que ocurre en mi vida. En el año 1977, la familia Somoza me acusó por medio de su propia fiscalía, y ante sus propios jueces, de delitos parecidos a los de ahora: terrorismo, asociación ilícita para delinquir, y atentar contra el orden y la paz, cuando yo luchaba contra esa dictadura igual que lucho ahora contra esta otra”.

El escritor es uno de los disidentes sandinistas más prominentes y fue mano derecha de Ortega en los años ochenta, cuando fungió como vicepresidente. En enero de 1995, Ramírez anunció su renuncia a la militancia del Frente Sandinista y señaló que la relación con Ortega estaba rota. Dejó la política y se refugió enteramente en su oficio de escritor. 

PERSECUCIÓN CONSTANTE

Lo que, actualmente, vive Ramírez es un ataque más de la dictadura de Ortega contra la oposición. En concreto, a lo largo de los últimos meses, el régimen ha encarcelado a 36 presos políticos, entre lo que destacan siete precandidatos presidenciales, exguerrilleros sandinistas históricos, banqueros, líderes de sociedad civil y periodistas, con el objetivo de no tener ningún obstáculo de cara a las elecciones generales de noviembre en Nicaragua. 

El Gobierno ha echado mano a una serie de leyes punitivas aprobadas en 2020 para acallar y perseguir a sus críticos, liquidando con cárcel, hostigamiento y exilio las elecciones generales previstas para noviembre próximo. @mundiario

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