La regeneración y la lucha contra la corrupción
La próxima legislatura debería recuperar la confianza ciudadana a través de la elevación de los estándares de integridad, de modo que sea una prioridad para los gobernantes.
En estos momentos en los que todo el mundo está debatiendo sobre el preacuerdo de gobierno adoptado entre dos fuerzas políticas para la investidura y formación de Gobierno en España tras las elecciones del 10-N sobre un esquema de diez puntos, me gustaría llamar la atención sobre el objetivo 2 del mismo: trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción.
A la vista de las cifras de percepción de la corrupción de la sociedad española y de la fuerte desafección política instaurada en estos momentos entre la ciudadanía no podemos sino dar la bienvenida a tan dignos propósitos, si bien deben ponerse en cuarentena a la luz de las medidas que desde los poderes públicos podrían haberse impulsado y la actuación que han tenido todos ellos. Y pondré simplemente tres ejemplos.
> El primero, la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Tras más de dos años desde el fallecimiento de su primera y magnífica presidenta, Esther Arizmendi, dicho puesto sigue vacante con las consecuencias que tiene para un organismo como éste. Vaya por delante el reconocimiento al gran trabajo del equipo del consejo que desarrollan con gran profesionalidad y solvencia su necesaria tarea, pero la falta de presidencia les deja sin el liderazgo que sus funciones requieren para el control independiente de la transparencia y el buen gobierno.
> El segundo, la falta de desarrollo de la Ley de Transparencia. Desde su aprobación en el año 2013 varios han sido los intentos de poner en marcha la aprobación de un reglamento de desarrollo de una norma que ha marcado un antes y un después en la apuesta pública por la regeneración democrática y que ha provocado el efecto “alas de mariposa”, tanto a nivel autonómico como local. Su desarrollo reglamentario significaría completar el recorrido del ordenamiento jurídico de esa apuesta.
> Y tercero y más importante, actualizar la normativa en esta materia. Durante la XII Legislatura, año 2016, se presentaba una proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, que contemplaba un conjunto de medidas de impacto para la mejora en la prevención y lucha contra la corrupción. Entre otras, la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, la regulación del régimen de lobbies y lobbistas, la protección del denunciante, exigida por la propia Unión Europea, y una de las grandes debilidades manifestadas en el sistema actual: la inexistencia de un régimen sancionador que permita incentivar el cumplimiento de las normas sobre buen transparencia y buen gobierno.
Son sólo tres ejemplos, podrían ser muchos más. Decía el Consejo de Estado que no se pueden imponer por ley convicciones morales. Cierto. Pero la ética y la integridad pública tienen una gran aliada en la ley, en leyes que establezcan los mecanismos para prevenir la corrupción, para levantar banderas rojas frente a las alertas de irregularidades, para corregir las desviaciones y castigar a los que incumplen con graves consecuencias para la gestión pública. Por eso, esperemos que en la próxima legislatura recuperar la confianza ciudadana a través de la elevación de los estándares de integridad, de modo que sea una prioridad para los gobernantes. No parece que en épocas pretéritas haya generado demasiado interés en el conjunto de la clase política, pero ya se sabe que rectificar es de sabios. @mundiario
