Reforma judicial: Israel aprueba una ley que dificulta la inhabilitación de Netanyahu
La Knéset, el Parlamento israelí, ha aprobado este jueves una ley que complica la inhabilitación del primer ministro Benjamín Netanyahu, al permitir que solamente pueda sea recusado o declarado no apto para ejercer las funciones de su cargo por alguna condición física o mental, mientras tiene causas judiciales abiertas por varios cargos de corrupción.
La norma ha pasado a la última y tercera lectura necesaria a primera hora de la mañana, después de una intensa sesión que duró toda la noche con largas y acaloradas discusiones. El proyecto ha sido aprobado tras recibir 61 votos a favor, frente a los 47 rechazos, y es apenas el primero del paquete de la polémica reforma judicial que impulsa el Gobierno para debilitar al Tribunal Supremo, en detrimento del Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Además, la nueva ley retira las prerrogativas del consejero jurídico del Gobierno, que encabeza la Fiscalía General, para poder recusar al primer ministro. Esta norma ha sido tildada de estar “hecha a la medida”, pues precisamente impide que Netanyahu sea incapacitado por la consejera Gali Baharav-Miara, en el cargo desde el Gobierno anterior, en el que Naftali Bennett y el hoy jefe de la oposición, Yair Lapid, se alternaron el puesto de primer ministro.
Con la aprobación de esta ley quedan limitados los supuestos para que el primer ministro sea recusado a circunstancias físicas o mentales. A partir de ahora sólo una mayoría del 75 % de los ministros del Gobierno y una autorización del propio primer ministro permitirán que la recusación sea aprobada, pero si resulta ignorada por el Ejecutivo, el mismo porcentaje de diputados (unos 90 parlamentarios) podrá forzar a Netanyahu a tomarse una licencia temporal.
Incapacitación del primer ministro en Israel
En la práctica, esta nueva ley permitirá impedir que Netanyahu pueda ser recusado por la consejera Baharav-Miara, por un posible conflicto de intereses por la reforma judicial impulsada por el Gobierno, pues debilita al Poder Judicial mientras el propio Netanyahu está imputado en tres causas por fraude, cohecho y por abuso de confianza.
Una de las 14 “leyes básicas” de Israel permite “incapacitar” al primer ministro, pero no detalla los motivos por los que eso puede ser posible, por lo que las jurisprudencias del Tribunal Supremo han limitado la herramienta a su uso en casos muy concretos, pero siempre a cargo del consejero jurídico, que representa al Estado en los tribunales y el interés público en los asuntos legales.
El predecesor de Baharav-Miara, Avijai Mandelblit, formuló un acuerdo de conflicto de intereses en 2020 y prohíbe al primer ministro intervenir en el nombramiento de los jueces o su participación en la elaboración de cualquier legislación que repercuta en sus procesos penales abiertos. Sin embargo, ese pacto no impidió que Netanyahu regresara al poder el año pasado tras ganar las elecciones de diciembre, ni tampoco lo obligan a dimitir a menos de que tenga una sentencia firme en sus casos de corrupción.
El Supremo ha confirmado que ese acuerdo sigue vigente, por lo que la consejera Baharav-Miara ha pedido a Netanyahu que se mantenga al margen de la reforma, pero el primer ministro la ha acusado de guiarse por motivos ideológicos con un trasfondo. @mundiario
