La reforma de la Administración local no tiene visos de mejorar en el Senado
El proyecto de ley ya se encuentra en el Senado y del estudio de las enmiendas presentadas sobre sus aspectos más llamativos, las conclusiones que se sacan no son edificantes.
Ya se han presentado las enmiendas al proyecto de Ley de reforma de la Administración Local en su tramitación en el Senado, y la verdad, no pintan bien.
La situación de los Ayuntamientos en cuanto a las competencias que van a poder ejercer en el futuro y que fue maquillada parcialmente en el Congreso al introducir una enmienda por la que se preveía que las Comunidades Autónomas podrían atribuir mayores competencias a favor de los municipios, lo que con el desarrollo normativo autonómico parecía lo lógico, puede dar un giro ya que el Grupo Popular propone suprimir esta mejora y dejar las cosas tal y como salieron del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que, por otra parte, creo que chocan frontalmente con la Constitución al vulnerar la capacidad en esta materia de las Comunidades Autónomas.
En cuanto a la asunción de competencias municipales por parte de las Diputaciones, que con el proyecto aprobado por el Gobierno debía contarse con la conformidad de los municipios afectados, también el Grupo Popular propone suprimir dicha conformidad y que sean los Ayuntamientos los que tengan que demostrar que pueden prestar los servicios con un coste efectivo menor que la Diputación. Esto supondría no sólo un paso atrás en cuanto al proyecto aprobado en Consejo de Ministros sino que sería claramente contrario al informe del Consejo de Estado y atentatorio contra los más elementales principios de autonomía municipal reconocidos por la Carta Europea de Autonomía Local y amparados por la Constitución.
Junto con este nuevo vaciamiento de competencias que se pretende llevar a cabo en el Senado es curioso detenerse en el capítulo de retribuciones y asesores y ver qué propone cada quien:
En cuanto a las retribuciones de Alcaldes y Concejales, el Grupo Popular pretende un aumento en el tramo inferior, de forma que los munícipes de 1.000 a 2.000 habitantes pasen de cobrar los 20.000 euros previstos en el proyecto a 30.000, lo que no está nada mal, pero es que otros grupos, como CiU o Coalición Canaria proponen unas subidas mucho mayores y el Foro Asturias, además, que se incluya a los de Ayuntamientos a partir de 200 habitantes y a razón nada menos que de 30.000 euros anuales, que habrá que ver si son capaces de recaudarlos. Por su parte el Grupo Socialista parece conformarse con la redacción recogida en el proyecto de Ley que, no obstante, ya supone por si sola un aumento, como mínimo, del doble del coste que actualmente soportan los Ayuntamientos en este asunto.
Por lo que se refiere a los asesores la cosa no mejora. El proyecto establece que podrá haber uno a partir de 5.000 habitantes, lo cual es un exceso para este tipo de Ayuntamientos, sin embargo con esto está de acuerdo el Grupo Socialista mientras que el Popular pretende que haya asesores ya a partir de los 2.000 habitantes. También Izquierda Unida aboga por su existencia en Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, e incluso Coalición Canaria los cifra en tres asesores para ésta franja poblacional. Desde mi punto de vista todo un dislate contrario a cualquier racionalización de la Administración Local.
Sé que es fácil hacer demagogia con todo esto, pero lo que la gente percibirá es que a su Ayuntamiento se le van a recortar drásticamente sus competencias, que el centro de decisiones se va a alejar hasta las Comunidades Autónomas y hasta las Diputaciones, con el agravante de que a estas no las pueden elegir directamente, y sin embargo va a haber un aumento considerable en retribuciones y asesores, incluso en Ayuntamientos muy pequeños. Para evitarlo sólo es necesaria una reflexión sosegada por sus Señorías en el Senado.
