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MUNDIARIO

¿Cabe reconocer, desde la Constitución española del 78, el derecho a decidir?

Según este jurista, se trataría de refundir, desde el concepto de "derechos históricos", el concepto más limitado de "foralidad" para abarcar Cataluña, Galicia y quizás Canarias.

¿Cabe reconocer, desde la Constitución española del 78, el derecho a decidir?
Ejemplar de la Constitución de España.
Ejemplar de la Constitución de España.

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Xoán Antón Pérez Lema

Xoán Antón Pérez Lema

El autor, XOÁN ANTÓN PÉREZ LEMA, socio-director de Pérez Lema Avogados e Consultores y secretario general de Acouga, es abogado y analista político en MUNDIARIO, TVG y Radio Galega. Profesor en escuelas jurídicas. Ex jefe de gabinete de Presidencia de la Xunta con Pablo G. Mariñas y ex secretario general de Relaciones Institucionales con Anxo Quintana. @mundiario

Según este jurista, se trataría de refundir, desde el concepto de "derechos históricos", el concepto más limitado de "foralidad" para abarcar Cataluña, Galicia y quizás Canarias.

Una reforma constitucional que incorporase la actual Disposición Transitoria Segunda, actualizada, a la Disposición Adicional Primera reconocería el derecho a decidir de catalanes, gallegos y vascos (así como navarros) mediante un sistema de referendums periódicos a los que se exigirían determinados requisitos de participación. También reconocería plenas competencias en lengua, cultura, educación, régimen local y Derecho Civil, así como la seguridad ciudadana.

El proceso de la sociedad civil catalana hacia el reconocimiento de su derecho de decisión, la desafección de la mayoría vasca con respecto de su integración constitucional en el Estado y la gravísima crisis política engendrada por la ocupación de las instituciones por el bipartidismo dinástico obligación pensar en soluciones jurídico-constitucionales que hagan coexistir el derecho a decidir con la estabilidad de los acuerdos constitucionales para la convivencia común de las distintas naciones en el Estado. No hay que olvidar que fueron  la declaración parcial de inconstitucionalidad del actual Estatuto catalán y el inmovilismo del Gobierno del Estado respecto del cumplimiento de sus disposiciones financieras el que dinamizó en ese país  el actual proceso social a favor  de la autodeterminación.

En la propia Constitución existen dos normas, la Disposición Adicional Primera y la Disposición Transitoria Segunda, que permitirían garantizar un estatuto especial a Cataluña. Euskadi-y Navarra- y Galicia (como de hecho se había decidido en 1978), delimitando las nacionalidades de las regiones que el artículo 2 de la Constitución enuncia y no distingue. La Disposición Adicional Primera ampara y respeta los derechos de los territorios forales y dispone su actualización estatutaria. La Disposición Transitoria Segunda acordaba el inmediato acceso al máximo grado de autonomía constitucional de los territorios que habían plebiscitado durante la II República su Estatuto (las tres nacionalidades).

Se trataría, entonces, de refundir desde el concepto de "derechos históricos" el concepto más limitado de "foralidad" para abarcar Cataluña, Galicia y quizás Canarias, incorporando a la Disposición Adicional Primera su estatuto jurídico, blindando sus competencias exclusivas y financiación automática, reconociéndoles plenas facultades en lengua, cultura, educación, Derecho Civil, seguridad pública y régimen local y diseñando un régimen federal asimétrico en las otras materias competenciales. La norma se abriría también a reconocer el derecho a decidir, de manera que estos países pudieran acceder a otros marcos de relación con el Estado, mediante referendums en los que se exigirían concretos requisitos de participación y su no repetición en un determinado periodo de tiempo. Adoptando, de este modo, un esquema semejante al  de la legislación que rige en Quebec.