La rebelión comienza su hora cero ante la justicia y ante el 21-D

Iniciada la comedida acción política para restaurar en plazo récord el orden constitucional en Cataluña, comienza ahora el procedimiento judicial contra los responsables de la intentona; y si lo primero se concretó cuando ya sangraba la Constitución y el grueso del país recriminaba la aparente actitud contemplativa de nuestros gobernantes, el segundo concita el ser o no ser en cuanto a credibilidad de nuestro sistema judicial.

La reforma del Código Penal de 1995, en la que se ‘matizó’ el término rebelión y las penas que conlleva, según hubiera o no violencia, a instancias del interés de los grupos nacionalistas en el Congreso, agudizó la flaqueza de nuestras leyes frente a los que atentan nada menos que contra el ordenamiento constitucional. Los legisladores, tan aplastantes en otras causas penales, miraron para otro lado o, simplemente, intercambiaron cromos. De otra manera no se entiende la laxitud del texto penal contra los supuestos golpistas que no utilicen la violencia, término que no está claro que se pueda circunscribir solo al uso de armas.

Es lo que también ocurre con el delito de desobediencia a las resoluciones judiciales -cometido de forma reiterada por las hasta ahora autoridades catalanas- que, en lugar de representar una infracción grave contra las instituciones y la división de poderes, como sería lógico de toda lógica, el Código Penal lo contempla como si solo afectara a los “servicios administrativos”.

Así están redactadas las leyes y a ellas deberán atenerse los jueces, y por eso ha surgido estos días un fuerte debate jurídico en el que no todos los expertos hacen la misma lectura del delito de rebelión cometido por el ex Gobierno de la Generalitat y las posibles condenas que correspondería aplicar a sus responsables.

Sea como fuere, lo que la Justicia tampoco puede ignorar es, además de la extrema gravedad de los hechos ocurridos, el sentir de una inmensa mayoría de españoles que durante casi dos meses han visto peligrar su convivencia democrática. Atenta tanto contra la propia Ley su aplicación desproporcionada –la ley nunca conlleva venganza– como un uso disoluto de la misma, de ahí el grave problema que afronta la magistratura para, sin deformar los textos legales, evitar que trascienda al pueblo expectante una sensación de debilidad punitiva.

Si resulta difícil de explicar que los causantes del alzamiento aún luzcan palmito en plazas y tabernas, sería del todo incomprensible, a ojos de la calle, que en las próximas horas no reflexionaran sobre su felonía detrás de unas rejas. Ningún convicto secesionista debería poder comparecer en los comicios del 21-D. ¿Cómo justificar que personas o partidos que han violado las leyes de forma reiterada, que se han burlado de los tribunales y que han promovido y ejecutado un levantamiento contra el Estado de derecho, puedan tener sitio en las urnas y posible asiento –y sueldo– en las instituciones que han querido destruir?

La connatural generosidad de la Democracia también sus límites, en este caso atiborrados de estremecedoras razones.