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Rebelión de alcaldes de casi todos los partidos contra el Gobierno de Pedro Sánchez

En el fondo de la cuestión se dirime la autonomía de las corporaciones locales o su férreo sometimiento a las directrices estatales. Si el Gobierno pretendía recaudar, no necesitaba forzar la ruptura política de la FEMP, una de las escasas plataformas institucionales de encuentro entre todos los partidos.
Rebelión de alcaldes de casi todos los partidos contra el Gobierno de Pedro Sánchez
Abel Caballero. / Mundiario
Abel Caballero. / Mundiario

José Luis Méndez Romeu

Pedagogo y columnista.

Días pasados el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el lobby que agrupa a la mayoría de las corporaciones locales españolas, firmaba con el Presidente del Gobierno un acuerdo exigido por el Ministerio de Hacienda. Básicamente se trataba de prestar al Estado los 15.000 millones de euros que los municipios han ahorrado durante los últimos años como consecuencia del acuerdo de estabilidad y que tienen bloqueados como consecuencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

A cambio el Gobierno aportará cinco mil millones de euros con carácter finalista durante los dos próximos ejercicios, más una cantidad adicional para subvencionar el déficit del transporte público, mientras que el principal del préstamo se devolverá a lo largo de diez años en las condiciones financieras que se determinen. Ante las numerosas críticas recibidas, el Gobierno añadió algunos compromisos más, indeterminados, como el estudio de la modificación del marco financiero de las entidades locales o el estudio de la participación local en los fondos europeos recientemente aprobados.

El acuerdo ha roto una tradición del citado lobby, el consenso. Ha sido aprobado por el Partido Socialista con el apoyo indirecto de Unidas Podemos. Los demás grupos políticos han elevado el tono, anunciando que no votarán a favor de la convalidación del Real-Decreto Ley 27/2020 de 4 de agosto en el que se recoge el acuerdo. Un grupo de alcaldes que representan a ciudades de un amplio arco político, como Zaragoza, Bilbao, Valencia o Pontevedra, han incrementado la presión así como las comunidades autónomas de Galicia y de Cataluña que anuncian recursos. En el fondo de la cuestión se dirime la autonomía de las corporaciones locales o su férreo sometimiento a las directrices estatales.

En defensa del acuerdo, el alcalde vigués ha subrayado que es el mejor acuerdo posible y  que los demás grupos políticos no tenían ninguna alternativa. Esto último no es exactamente cierto, pues podría modificarse la norma legal citada que bloquea el uso de los citados remanentes, permitiendo a las Corporaciones Locales que han demostrado buena gestión al lograr superavit, aplicarlos libremente en sus propios servicios. Es la demanda tradicional del municipalismo.

Por otra parte el Gobierno ha aprovechado de nuevo un recurso extraordinario, como es la tramitación abreviada del real-decreto ley, para incluir una batería de asuntos inconexos que tratan asuntos tan diversos como el torneo UEFA Women´s Champions League, la reforma de la legislación de hidrocarburos o la subasta de gases de efecto invernadero, entre otros muchos temas. El abuso creciente en la utilización del real-decreto ley en detrimento de la legislación ordinaria, iniciado por anterior Gobierno del PP, se está transformando en el procedimiento ordinario, dada la escasa iniciativa legislativa gubernamental, consecuencia de las dificultades parlamentarias por no tener mayoría en la Cámara.

Si el Gobierno pretendía recaudar, no necesitaba forzar la ruptura política de la FEMP, una de las escasas plataformas institucionales de encuentro entre todos los partidos. Al ser el acuerdo voluntario podía prescindirse del acuerdo firmado que puede tener efectos perjudiciales añadidos al romper el consenso en el área local, más atenta a la gestión que al debate político. La primera reacción popular, llevar una moción a todos los Ayuntamientos, augura meses de debate. El riesgo de que Comunidades Autónomas más beligerantes con el Ejecutivo estatal, acentúen la presión y los focos de conflicto, no parece oportuno, salvo que el objetivo sea incrementar la polarización a todos los niveles. @mundiario