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Un real decreto del Ejecutivo de Pedro Sánchez confunde el Estado con el Gobierno

Lo hace de manera reiterada e ignora así un precepto constitucional que considera que las comunidades autónomas también son Estado. Se trata de un error habitual de algunos departamentos de la Administración central, que tratan a las autonomías como si fuesen diputaciones provinciales.
Un real decreto del Ejecutivo de Pedro Sánchez confunde el Estado con el Gobierno
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. / RR SS
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. / RR SS

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Mario Gontade

Mario Gontade

El autor, MARIO GONTADE, es analista de la actualidad. @mundiario

Un real decreto del Ejecutivo de Pedro Sánchez confunde el Estado con el Gobierno de manera reiterada. Ignora así un precepto constitucional que considera que las comunidades autónomas también son Estado. Se trata de un error habitual de algunos departamentos de la Administración central, que tratan a las comunidades autónomas como si fuesen diputaciones provinciales. El Gobierno ignora, pues, algo tan elemental como que el Estado español se llama Estado de las autonomías.

En el Real Decreto-ley 13/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para el año 2019, publicado en el BOE de este sábado, se incluyen expresiones como "El Estado, por su parte, percibiría mayores ingresos en el año 2019 dado que obtendría en ese año de manera efectiva la recaudación derivada de los tributos cedidos minorada en la cesión de esta realizada a favor de las comunidades autónomas; siendo esta menor que la propia del escenario subyacente, los recursos post-cesión con que contaría el Estado serían superiores en el año 2019." O esta otra: "El efecto contrario se produciría en el año 2021. En este caso, el Estado recibiría la recaudación previa a la cesión corriente de ese ejercicio, pero se vería minorado en una cuantía extraordinariamente superior de recaudación cedida debido al mayor importe de la liquidación definitiva del año 2019. Por tanto, se reducirían de manera notable los recursos post-cesión del Estado para el año 2021 y quedaría fuertemente condicionada y comprometida la capacidad presupuestaria del Gobierno en ese ejercicio futuro." Obviamente, cuando dice "el Estado" debería indicar "la Administración central" o, en su caso, "el Gobierno central".

El real decreto del Gobierno, además de ser farragoso, intenta explicar lo inexplicable: el retraso en la liquidación de los ingresos de las comunidades autónomas de régimen común. Este párrafo en el que justifican la urgencia de aprobar el real decreto ley no tiene desperdicio: "Precisamente en este sentido, la urgencia del real decreto-ley viene determinada por el fuerte y negativo impacto que se produciría sobre las finanzas del año 2019 de las comunidades autónomas, de las entidades locales y del propio Estado, y que resultarían irreversibles para dicho ejercicio en caso de no actualizarse las entregas a cuenta. Este impacto afecta de manera progresiva y creciente desde el punto de vista tesorero a lo largo del ejercicio presupuestario. Teniendo en cuenta el importe de esta actualización en relación al total de recursos que están recibiendo las administraciones territoriales mensualmente, las tensiones de tesorería podrían materializarse en algunas comunidades autónomas hacia el final del año, arriesgando su capacidad para hacer frente al pago de gastos relacionados con servicios públicos fundamentales, como los referidos a farmacia o dependencia. Dado que la disponibilidad de tesorería no es homogénea entre administraciones y algunas comunidades autónomas tendrían dificultades para cubrir el importe pendiente de las entregas a cuenta con sus instrumentos de liquidez, se verían obligadas a endeudarse, arriesgando el cumplimiento del objetivo de deuda pública".

De todos modos, lo novedoso es que este real decreto ley introduce un cambio, que se pretende incorporar en el nuevo sistema de financiación autonómica, que consiste  desligar la financiación autonómica de la existencia o no de gobierno a nivel central. Es decir, se orienta a que la financiación no se vea condicionada por la inestabilidad política, sino que debe responder a una actuación sistemática, automática.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado, ya hizo pública la liquidación real de 2018, que se abonará en 2020 y es la base para que las comunidades autónomas puedan elaborar sus presupuestos con certidumbre. En total serán 10.955 millones de euros, 5000 millones más que en 2019. @mundiario