Rajoy protagoniza una anomalía democrática al no comparecer ante el Parlamento
En democracia, no hace falta decirlo, el Parlamento es el símbolo máximo de los distintos contratos sociales que sustentan el sistema. El Parlamento es el punto en el que la voluntad del pueblo se transforma en poder legislativo. El lugar en el que los representantes del pueblo, o sea, el pueblo mismo, expone sus anhelos, sus deseos. El lugar al que el Gobierno debe retornar, periódicamente, para rendir cuentas al conjunto de la ciudadanía. Que un gobierno trate de esquivar sus comparecencias ante un parlamento es, desde luego, una anomalía democrática. Que altere el orden del día de un pleno para suprimir, precisamente, la sesión de control al Gobierno, algo intolerable que debería llevar a modificar el reglamento de la cámara y fijar una periodicidad de las sesiones de control que no pudiera quedar alterada por los deseos del Ejecutivo.
El PP ha hecho precisamente esto para evitar preguntas acerca del caso Bárcenas, completando así una nueva vuelta de tuerca en la espiral de silencio en que se ha convertido la estrategia de avestruz que sigue el partido desde que se destapó el escándalo. Tras los balbuceos inconexos llegaron las comparecencias sin admitir preguntas, luego el silencio general, con el espectáculo bochornoso de los ministros retirándose de los cursos de verano del Escorial para no escuchar preguntas incómodas. Ahora, cuando parecía que se habían agotado los ridículos y la posibilidad de añadir nuevos absurdos, el gobierno, un gobierno con apenas dos años de andadura, nos descubre su miedo a comparecer en una cámara de diputados en la que, conviene recordarlo, goza de una cómoda mayoría absoluta.
Rajoy ha convertido su decisión de no escuchar preguntas en la más elocuente de las respuestas. Porque la actitud del PP significa que el partido reconoce, quien calla otorga, la gravedad de unos hechos que no pueden quedar disculpados detrás de una mayoría parlamentaria. Unos hechos tan graves que han inhabilitado de facto al gobierno, con mayor eficacia que una moción de censura. Porque, ¿de verdad puede gobernar un ejecutivo que es incapaz de mirar a la cara a los ciudadanos? ¿Un gobierno que gasta sus energías en esquivar a los periodistas, que no quiere salir a la calle por si se encuentra con jóvenes, pensionistas, desahuciados, estafados por las preferentes, parados, que les miren con el desprecio de quienes ven frustrados sus proyectos de futuro mientras otros reciben la tranquilidad sobre en mano?
Con el desasosiego convertido en paranoia, el gobierno se obsesionará ahora con la necesidad de evitar el Parlamento, en una carrera absurda que recuerda al conejo de Alicia, siempre con prisa para ir a ninguna parte. Y este miedo al parlamento tiene, al final, más valor que una respuesta. Los ciudadanos querrían preguntar qué ha pasado, para saber si hay motivos para reclamar que el gobierno y su presidente dimitan. Y el gobierno, y con él su presidente, ha ido más lejos. Como los personajes trágicos que acaban vendiendo el alma al diablo por miedo al infierno, el gobierno ha decidido que, para no tener que dimitir, la única alternativa que se le ocurre es desaparecer.
