El independentismo, uno de los frentes pendientes del Gobierno para sostener la legislatura
El Gobierno de Pedro Sánchez afronta en esta segunda mitad de legislatura un reto que trasciende lo económico y lo político: el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con ERC y Junts, que incluyen medidas tan sensibles como la amnistía a los encausados del procés o la quita parcial de la deuda autonómica. Dos compromisos que, además de condicionar la relación con sus socios, se han convertido en elementos clave para sostener su proyecto al frente de La Moncloa.
El anteproyecto de ley aprobado esta semana por el Consejo de Ministros da forma a la quita de 83.000 millones de euros de deuda autonómica, una medida que el PSOE pactó con ERC en la investidura de 2023 y que ha tardado casi dos años en llegar al Congreso. Aunque el Gobierno insiste en que la condonación beneficiará a todas las comunidades, con la Comunidad Valenciana a la cabeza en términos de reducción per cápita, la oposición del PP la califica como una cesión a los independentistas catalanes porque nació como un perdón financiero a Cataluña, y que el Ejecutivo terminó extendiendo a las demás autonomías.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que el mecanismo es voluntario y que ninguna autonomía puede justificar rechazarlo sin perjudicar a sus ciudadanos. El Ejecutivo recalca, además, que el 70 % de los fondos beneficiarán a territorios gobernados por el PP, lo que desarma, a su juicio, el argumento de que se trata de un “privilegio” para Cataluña.
Más allá de la disputa técnica, lo cierto es que la medida se enmarca en un delicado equilibrio político: dar cumplimiento a lo pactado con ERC sin abrir una fractura insalvable con el resto de fuerzas.
Junts: un tablero en movimiento
El otro frente sensible es la amnistía a los encausados por el procés, la medida más simbólica de la legislatura y condición imprescindible para que Junts apoyara la investidura de Sánchez. Aunque el texto ya fue aprobado, su aplicación judicial sigue siendo objeto de debate, con recursos en el Tribunal Constitucional y la incógnita de cómo impactará en el futuro político de Carles Puigdemont.
A ello se suma la posibilidad de un encuentro entre Sánchez y el expresident, todavía pendiente de fecha y lugar, pero que el Ejecutivo considera inevitable dentro de la estrategia de “normalización política” en Cataluña. La reunión, que podría tener lugar incluso fuera de España, será una prueba de fuego: medir si el diálogo se traduce en estabilidad parlamentaria o en nuevos choques con la oposición.
Los Presupuestos como punto de inflexión
El tercer vértice de esta ecuación lo constituyen los Presupuestos Generales del Estado. Su aprobación depende, de nuevo, de ERC y Junts, además de los siempre beligerantes de Podemos. Montero ya ha iniciado contactos discretos y admite que presentará las cuentas “con o sin apoyos”. Sin embargo, ningún Gobierno ha sobrevivido históricamente a una derrota en la votación de totalidad, lo que convierte a este trámite en una cita decisiva para la legislatura, aunque el presidente ya ha indicado que planea agotar su mandato, aunque tenga que prorrogar las cuentas por tercer año consecutivo.
En este escenario, la conexión entre los compromisos adquiridos con los independentistas y la aprobación de las cuentas públicas es inevitable. Si la amnistía y la quita avanzan, los Presupuestos tendrán más opciones de prosperar; si se enquistan, la legislatura entrará en terreno incierto.
El cumplimiento de los acuerdos con ERC y Junts no es solo una cuestión de coherencia política para Sánchez, sino el pilar que sostiene la actual legislatura. La quita de la deuda autonómica, presentada como medida de equidad territorial, y la amnistía, defendida como un gesto de reconciliación, son dos piezas que generan rechazo en amplios sectores, pero que resultan imprescindibles para mantener la aritmética parlamentaria.
La estabilidad del Gobierno dependerá de si logra convertir estas medidas en herramientas de gobernabilidad y no en focos de polarización. En ello se juega no solo la continuidad de la legislatura, sino también la viabilidad de un modelo político basado en la negociación con el independentismo. @mundiario