La quinta parte de los diputados intenta modificar la Constitución

Como viene siendo tradicional la conmemoración de la Constitución, promulgada hace 42 años, ha mostrado la creciente desunión entre los partidos políticos. También que el texto constitucional está blindado para mucho tiempo pese a las críticas constantes que recibe. Si desglosamos el intenso ruido mediático producido,  encontramos que en el Congreso existen cuatro posiciones diferentes sobre el texto constitucional.

De un lado la posición inmovilista, de la que participan los tres partidos principales de la derecha además de otras formaciones territoriales menores, en total, 157 diputados que comparten la visión de un marco constitucional suficientemente útil como para no precisar cambios. A su lado, el Partido Socialista, 120 escaños,  que propugna modificaciones cosméticas, como su última propuesta de modificación del artículo referido a las personas discapacitadas, o la actualización del lenguaje o, como en época de Zapatero, el orden en la sucesión de la Corona o la inclusión del nombre de las Comunidades Autónomas. Aparentar que se intenta actualizar pero considerar intocables los aspectos esenciales frente a la presión de los dos grupos siguientes sería el resumen de la posición socialista.

El tercer grupo está constituido por las formaciones nacionalistas, seis en total que suman 35 escaños, el diez por ciento de la Cámara. Es el más ruidoso, agrupando todo un espectro que oscila entre la ambigüedad del PNV y el radicalismo de la CUP o de Bildu, sin olvidar las posturas secesionistas de los dos principales partidos catalanes. Son grupos que difícilmente estarían interesados en una revisión modernizadora del texto que no diese respuesta a sus respectivos programas de máximos. Es decir, carecen de incentivos para participar en un proceso de consenso con las demás tendencias.

El cuarto grupo, también con un diez por ciento de la Cámara está constituido por Unidas Podemos y fuerzas afines, que totalizan 38 escaños. Son partidarios de asumir reformas tendentes a un modelo confederal, con ambigüedades sobre el secesionismo, aunque afirman defender la idea de un Estado unitario.

En resumen, el 80% del Congreso no es partidario de reformar seriamente la Constitución y quienes defienden un proceso constituyente carecen de una posición común entre sí y, lo que es más grave, de una voluntad genuina de participar en un proceso útil para todo el país, no sólo para sus seguidores. De donde se deduce que por muchas especulaciones tertulianas o periodísticas que haya, la Constitución está esencialmente blindada para varias generaciones.

Lo cual no es tan sorprendente. Frente a la voluntad de los constituyentes de encontrar puntos de encuentro entre las dos visiones históricamente enfrentadas en España y frente a la necesidad de desmontar el cuerpo legislativo de la dictadura, circunstancias ambas que alumbraron la actual Ley de leyes, lo que ahora se divulga es un cajón de sastre donde confluyen ansias irredentistas, agravios territoriales, causas históricas y oportunismos. De hecho ninguno de los grupos defensores de la reforma se interesa en ofrecer argumentos racionales sobre las ventajas hipotéticas frente a los riesgos.

La Constitución funciona como un mecanismo de precisión. Desmontar sólo unas pocas piezas exige un proceso que inevitablemente lleva a cuestionar todas y cada de las partes, en una época histórica en la que no existe ni la necesidad objetiva que sí había en 1978, ni la voluntad explícita de buscar acuerdos. De ahí que el griterío del 20 por ciento no pasará a los hechos. Por suerte, pues no se ha planteado ningún problema real cuya resolución pase por la reforma constitucional. Escuchando las valoraciones de los dirigentes políticos en el día de la conmemoración lo único que parece importante en España es la contienda electoral. Los problemas estructurales no son suscitados por ningún grupo, poniendo de manifiesto que la reforma constitucional no pasa de ser parte de un argumentario de trinchera, no de convivencia. @mundiario